En esta semana que acaba de finalizar, la más orgullosa del año, se han despejado buena parte de las dudas sobre el valor de los acuerdos del último Consejo Europeo celebrado hace poco más de siete días.

Alrededor del 28 de junio, la prensa se llenó de titulares hablando de “crisis de refugio y asilo”,  sobre todo tras el gesto de acogida del Aquarius protagonizado por el recién estrenado gobierno de Sánchez después de la negativa italiana a permitir el atraque del barco en sus puertos. Sin embargo, más que una crisis de refugio, hoy llegan a Europa un 95% menos de personas que hace tres años, lo que la UE vive es una crisis política que ofrece una de sus más claras expresiones en la imposibilidad de cumplir y hacer cumplir a sus Estados miembros con la obligación legal de acoger a quienes llegan reclamando protección.

El documento final del Consejo, lejos de dar pasos en la resolución de esta crisis política, solo sirvió para que todo el mundo reclamara su parte y continuara en el camino de lo que más conviene a sus intereses propios. Así, los países (Visegrado) que no quieren acoger personas refugiadas, podrán mantener esta postura sin pagar precio alguno por ello. Quienes cierran sus puertos (Italia) tendrán la posibilidad de continuar con el candado puesto. Aquellos que acogen con cuentagotas (España) recibirán más fondos por esa labor. Por su parte, Merkel, que acudió al encuentro a que le echaran una mano para salvar su gobierno, logró, supuestamente, poder devolver más fácilmente a los inmigrantes al primer Estado que les tome las huellas. Todos consiguieron colocar en el acuerdo las opciones más les interesaron para simplemente seguir tirando. Y  poco más. Cupo en la reunión incluso una llamada a la firmeza en el calendario y las condiciones del Brexit.

Pero solo hizo falta algo de buen tiempo en el Mediterráneo y que algunas pateras volvieran a lanzarse al mar con su carga de desesperación humana o que la presidencia de turno, en manos ahora de Austria, se desmarcara del calendario del Brexit para constatar que la cumbre del 28 nada había cambiado.

La gran burguesía apunta síntomas de división en el orden que permitió levantar el euro, el Banco Central y todo el entramado legal europeo que ha generado la mayor concentración monopolística que se recuerda. Pero frente a tales dificultades y a tan solo un año escaso de las próximas elecciones europeas, en la izquierda las cosas todavía andan peor, sin propuestas valientes que marquen salidas a la situación descrita.

Por eso, se hace urgente dar pasos vigorosos a favor de construir la más  amplia unidad política y social alrededor de la defensa y extensión de los mismos derechos para los más de 500  millones de personas que viven en el espacio de la UE.  Sin defender un marco de ciudadanía común legal y único en el que quepan  normas laborales, salariales, sociales, sanitarias, de pensiones y, a la vez, sin proteger el derecho a la libertad de las naciones sin Estado resulta harto improbable construir una alternativa política a la altura de las necesidades de otra Europa. Una Europa que resiste en la lucha sindical y social contra los recortes, que reclama el papel de las ciudades, que defiende los mismos derechos para todos, que abre los brazos a los refugiados y que se opone a la creciente desigualdad.