Ningún presupuesto es únicamente una previsión de ingresos y gastos. La propuesta que el gobierno de Sánchez ha pactado con Unidos Podemos confirma esa verdad. Para comenzar, lo acordado supera el marco estrictamente presupuestario y dibuja incluso los trazos de alguna futurible forma de pacto de gobierno. Para seguir, por lo que representa de cambio y de continuidad con respecto a la política económica del tándem PP,Cs. Y para terminar, por el momento político en el que llega, en medio de una crisis política del régimen del 78, que continúa sangrando fuertemente por Catalunya, y por una austeridad que empobrece, fracciona y ahoga a la mayoría de la sociedad mientras salva a la banca y a los tenedores de deuda.

El acuerdo Sánchez-Iglesias supera los aspectos puramente presupuestarios en temas tales como las modificaciones, más bien modestas, que se anuncian en las llamadas leyes mordaza, en la reforma laboral o en vivienda. La reacción furibunda y los anuncios apocalípticos de unas derechas (PP y C’s) que, desde que Mariano Rajoy fue descabalgado de la Moncloa van con el pie cambiado, ahondan aún más esa sensación.

El incremento del Salario Mínimo a 900€, los mayores fondos para sanidad y  dependencia, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, etc. representan avances que reconoce todo el mundo. Pero, a la vez, las organizaciones sociales y sindicales no han dudado en señalar lo cortas que se quedan estas medidas en comparación con la situación que sufre la población trabajadora del reino.

Su insuficiencia está asociada a lo que se arrastra desde el pasado y que aún domina la escena: una austeridad que ha favorecido la aceleración de la crisis sin solución del régimen del 78. En política económica, el propio acuerdo acepta y prosigue la lógica impuesta por la burocracia de Bruselas. El gasto público seguirá reduciéndose, mientras que sobre el aval recortador que representó y representa el cambio del artículo 135 de la constitución, ya directamente ni se habla.

Sánchez llegó a la Moncloa como resultado de una suma parlamentaria de fuerzas diversas. Opciones muy dispares, pero a la vez muy parecidas en un elemento: la exigencia de cambios asociados a la capacidad democrática de  decisión de la ciudadanía y a la igualdad de todas las personas: defensa del derecho a decidir en todos los campos que afectan a la vida la gente; capacidad de decidir de los pueblos del reino (Catalunya, País Vasco y Galicia); fin de la austeridad criminal; igualdad, especialmente de las mujeres ante el machismo criminal.

La propuesta presupuestaria y la necesidad para su aprobación de sumar a toda la mayoría que llevó a Sánchez a la Moncloa prueba mejor que nunca que en el reino no es posible separar el llamado debate social del  territorial y que uno y otro van unidos en su solución.

Prueba de lo anterior fue ver a Pablo Iglesias acudiendo a la cárcel de Lladoners a entrevistarse  con el preso político y máximo dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. Que la batalla de los presupuestos se gane por parte de la mayoría que aupó a Sánchez a la presidencia no solo se juega en las Cortes, sino en la calle y en la lucha social y política, como en la próxima marcha estatal que se realizará en Madrid el 27 de octubre.