En 10 semanas, el 28 de abril, habrá elecciones generales. Sánchez ha dado por liquidada la legislatura y la alianza diversa de fuerzas de izquierdas y soberanistas que permitió desalojar a Rajoy de la Moncloa y abrir un hilo de esperanza que ahora pasará por la batidora de las urnas. Al día siguiente del anuncio de las elecciones, el sábado 16 de febrero, más de 200 mil personas llenaron la Gran Vía de Barcelona afirmando que la autodeterminación no es un delito, mientras unas 5 mil hicieron lo propio en Donosti el domingo. Cuatro jornadas antes, en el Tribunal Supremo había comenzado el juicio a las cabezas del procés con peticiones de largas condenas.
Los problemas principales en lo social, político y territorial que determinaron la moción continúan ahí. Seguimos sufriendo un empobrecimiento que alcanza al 22% de la población y una falta de recaudación fiscal que, junto a la evasión y elusión de los más ricos, lastra de manera determinante toda la política social. La sanidad y educación están extenuadas; los ayuntamientos se hallan desfondados; la Seguridad Social, en números rojos permanentes. Las pensiones son cortas, los desalojos de vivienda no dan respiro y el juicio al procés muestra la incapacidad del régimen para aceptar la resolución del problema territorial del reino por la vía democrática, la del voto de la población en Catalunya.
La alianza plural que echó a Rajoy llegó como se ha ido, en medio de la inexorable crisis del régimen del 78. Sea cual sea el resultado de todas las citas electorales previstas, esa crisis va a continuar avanzando sin remisión.
La decisión de Sánchez de adelantar las elecciones, en vez de explorar vías de consolidación de la mayoría parlamentaria que apartó al PP de la Moncloa y poner en marcha por decreto medidas sociales necesarias que ya no verán la luz, únicamente ha ahondado la idea de una desbandada gubernamental que refuerza los discursos de reconquista de la derecha tricéfala. Si Sánchez hubiera, en vez de convocado elecciones, apuntalado los presupuestos cuyas partidas, aun siendo escasas, eran muy esperadas, si hubiera mantenido el diálogo con la Generalitat, la sensación de confusión que tiende al desánimo y al enfado se transformaría más fácilmente en voto, alejando así el peligro de la abstención.
Sánchez, y en parte Ciudadanos, espera salir de este largo ciclo electoral con base suficiente para mantener un cierto centro político que ampare una línea socioliberal dentro del marco del régimen. Pero, muy el contrario, tres elecciones en 5 años dan fe de cómo la vida institucional se torna cada día más inestable en el corsé que impone la legalidad del 78. Dos grandes bloques a derecha e izquierda, aun con sus vaivenes, pugnan entre sí y entre sus miembros ante problemas clave que se amontonan y manifiestan claramente que lo social ya no puede avanzar sin, a la vez, dar una respuesta al asunto territorial. Para las tres cabezas de la derecha la salida pasa por más neoliberalismo, desmantelar lo público hasta la última piedra, imponer un 155 eterno en Catalunya, atacar los derechos de las mujeres, perseguir la inmigración y sostener las leyes contra la libertad de expresión.
Pero ¿y para la izquierda? Sus propuestas hoy no están claramente formuladas, si bien resulta evidente que tienen el color del 8 de marzo, del primero de mayo, de las peleas en cada convenio y de un municipalismo comprometido con los derechos y el común. En resumen, huelen a democracia republicana, basada en la igualdad y en el derecho a decidir de la población y de los pueblos sobre todo aquello que compete a sus vidas.
El largo ciclo electoral, lejos de representar una batalla perdida de antemano para la izquierda, como quiere hacer creer la derecha y así favorecer la abstención, supone una oportunidad para avanzar en la alianza ineludible entre soberanistas y fuerzas de izquierda. No hay otra forma de saltar la pantalla del régimen del 78 y ganar la libertad para todos. Así que movilización en la calle y en las urnas.