El 80 aniversario de “la Retirada” y del exilio republicano se ha visto subsumido en la campaña electoral, abierta en realidad con la moción de censura que derribó al gobierno Rajoy, acosado por la corrupción, en junio de 2018. En una polarización entre el eje derechas-izquierdas y con la crisis constitucional de Cataluña de fondo, la que quizás sea la última oportunidad de una reflexión sobre casi un siglo de debates sobre la forma de estado en España, ha quedado limitada a una visita simbólica del presidente del gobierno Pedro Sánchez a las tumbas en Francia de Manuel Azaña y Antonio Machado. Es cierto, sin embargo, que la fuerza del movimiento republicano, aunque minoritario, en el “procés” soberanista en Catalunya intenta situar en primer plano el carácter estructural de la crisis constitucional en Cataluña frente a la estrategia de su dirección nacionalista. Los llamamientos a la solidaridad republicana entre las izquierdas del Reino –entre ellos el publicado en Sin Permiso– recupera el análisis de las causas profundas de la crisis del régimen del 78, más allá de las respuestas tácticas en nombre del “mal menor”, condicionadas por una lectura de la siempre cambiante correlación de fuerzas para justificarlas.

Desde Sin Permiso hemos defendido que la crisis del régimen del 78 responde no solo a problemas coyunturales, sino que hunde sus raíces en el momento mismo de su diseño constitucional en la Transición de los años 70, en un pacto político-social que se ha agotado por el efecto de la Gran Recesión y la gestión que han hecho de ella las clases dominantes. Para ellas, la monarquía y la segunda restauración borbónica fueron la garantía de un “capitalismo de amiguetes” en el que la gestión del presupuesto estatal garantizaba selectivamente la tasa de ganancias frente a la competencia del mercado único europeo, aseguraba la capacidad de presión de los sectores periféricos de la burguesía a través del estado de las autonomías y desmovilizaba políticamente a los movimientos sociales, en especial el sindical, en el desarrollo acelerado, limitado e incompleto de un “estado de medio-estar”.

El ciclo de movilizaciones sociales y políticas abierto por el 15-M permitió intuir una salida por la izquierda a través de procesos constituyentes convergentes que creasen un escenario de superación del régimen del 78. Es evidente que ese ciclo se ha cerrado, y mal, para los intereses populares. La movilización de los tres sectores de la derecha coincide en un proceso destituyente que quiere reconstruir involutivamente el régimen del 78, poniendo en primer plano los aspectos centralistas y autoritarios, heredados en buena parte del franquismo. En esta polarización, la respuesta de una buena parte del sector mayoritario de las izquierdas está siendo su propia adaptación a los límites institucionales del régimen del 78, bien para ganar tiempo o poniendo el énfasis en los aspectos coyunturales de su crisis. Las excusas para las políticas del “mal menor” siempre han abundado.

En definitiva, el “déficit democrático” del régimen del 78 se resume en la imposibilidad de cuestionar el carácter de clase, el dominio político y la hegemonía social de sus clases dominantes. Se plantea por ello como una cuestión democrática, ante el cerrojo práctico de cualquier posibilidad de reforma constitucional del texto de 1978 que no refleje directamente los intereses de esas mismas clases dominantes, como ocurrió con el art. 135 en 2011. Pero, si la definición de un nuevo pacto social que garantice el acceso universal a bienes comunes básicos como la sanidad, la educación, la vivienda o la electricidad; de una financiación territorial equitativa en un estado de bienestar descentralizado; de la cuestión nacional-democrática en un estado plurinacional que solo reconoce una soberanía indivisible; y de que se acabe con los privilegios presupuestarios como acicate económico dependen en definitiva de una forma de estado auténticamente democrática, ¿cuál es la razón de la levedad republicana de las izquierdas del Reino de España?

El peor de los finales…

Más allá de las lecturas tácticas de los programas de las distintas formaciones políticas que se reclaman de la izquierda, responder a la cuestión de porqué se ha preterido sistemáticamente la república en España exige remontarse a la primera mitad de 1939, a los debates políticos del exilio republicano y recuperarlos, trazando la historia que ha llevado al actual callejón sin salida estratégico. No hay que decir que desde el punto de vista histórico, ese trabajo de investigación está hecho y la bibliografía es abundante. Pero ha dejado de ser parte de nuestra conciencia política.

Ángel Viñas ha apuntado que la Segunda República tuvo el peor de los finales posibles. Se refería en concreto al golpe de Casado en el Madrid republicano el 5 de marzo de 1939. Pocos días antes, en una nueva vuelta de tuerca, la definitiva, de la política de no-intervención en la guerra de España y de apaciguamiento del fascismo y del nazismo, Londres y Paris reconocieron “de facto” el 27 de febrero al gobierno de Franco en Burgos. Al día siguiente dimitía el Presidente de la II República, Manuel Azaña, alegando precisamente su aislamiento internacional.

Los intentos del presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrios, de dar continuidad a la institucionalidad republicana, de acuerdo con el art. 74 de la Constitución, no pudieron materializarse -probablemente por el golpe de Casado- y cuando la Diputación Permanente se reunió por segunda vez en Paris el 27 de julio declaró al gobierno Negrín “disuelto”. Las divisiones del golpe de Casado se proyectaron en el exilio en dos instituciones de ayuda a los refugiados, la tarea más urgente del momento, controladas por dos alas del PSOE, la de Prieto (JARE) y la de Negrín (SERE).

El debate político sobre como desarrollar una estrategia política para continuar la resistencia contra el franquismo y ligar su suerte al resultado de la lucha antifascista en la Segunda Guerra Mundial, que fue el tema esencial entre 1939 y 1953 para las izquierdas dentro y fuera de España, se concentró en una disyuntiva de legitimidad:

A) el restablecimiento de la legalidad republicana como paso previo a unas elecciones democráticas y un referéndum sobre la forma de estado para hacer posible la “reconciliación”, como pidió Diego Martínez Barrios en su discurso institucional como presidente en activo de la República el 14 de abril de 1940;

B) un gobierno provisional o la restauración de la monarquía para convocar a continuación un referéndum sobre la forma de estado, como pidió Indalecio Prieto en su discurso de La Habana el 11 de julio de 1942, para ampliar el marco de las alianzas contra el régimen de Franco a los monárquicos liberales de Gil-Robles.

Los diferentes partidos republicanos, reagrupados primero en ARE en 1941 y en ARDE en 1960, hicieron de la restauración republicana su seña de identidad: “Sin una España libre no será posible una Europa libre”, poniendo distancia al mismo tiempo con la resistencia clandestina del PCE y sus aliados “negrinistas” en el PSOE y la UGT. La moderación de su programa social intentaba encontrar un interlocutor en el Reino Unido y Estados Unidos que integrase a un gobierno republicano español en el exilio en el conjunto de gobiernos exiliados que se preparaban tras la derrota del nazismo para dar legitimidad a la victoria de los Aliados.

En el anarcosindicalismo se produjo en 1942 una escisión paralela entre los llamados “colaboracionistas” (Juan García Oliver y Aurelio Fernández), que defendían la continuidad de la participación política en las instituciones republicanas del exilio, y el “Movimiento Libertario”, dirigido desde Toulouse por Germinal Esgleas y Federica Montseny, contrario a esa participación y alentadores de una propaganda armada que se desarrollaría hasta los años 60 como aportación del exilio a la reconstrucción de la CNT.

El antifascismo como estrategia

Más importante políticamente fueron los diferentes giros de la política del PCE, determinados por la política exterior de la URSS. Fernando Claudín, Gregorio Morán y más recientemente Fernando Hernández Sánchez han llevado a cabo un análisis minucioso de esos giros, desde los primeros informes de Checa y Togliatti tras la salida de la dirección del PCE de España, pasando por los efectos del pacto germano-soviético de agosto de 1940 y el inicio de la operación Barbarroja contra la URSS en junio de 1941. En un manifiesto del PCE, el PSUC y las JSU se llamaba el 1 de agosto de 1941 a la “Unión nacional de todos los españoles contra Franco, los invasores italo-germanos y los traidores”, excluyendo de ella a los “casadistas”, a la Falange y a los militares franquistas, pero no de antemano a monárquicos y carlistas.

Aunque el PCE volvía a reconocer la legitimidad de Negrín como presidente del gobierno republicano, la concreción de esta línea política no tuvo lugar hasta febrero de 1942, cuando la delegación de la dirección del PCE en México pudo agrupar en la Unión Democrática Española (UDE) a los sectores “negrinista” y “largocaballerista” del PSOE y la UGT y a los partidos republicanos del ARE. El PSUC, por su parte, estableció la Aliança Nacional de Catalunya (ANC), en la que participaron los “colaboracionistas” de CNT y la Unió de Rabassaires, que reconoció a la Generalitat en el exilio de Josep Irla, que no aceptaban los sectores independentistas del Consell Nacional de Catalunya, presidido en Londres por Pi i Sunyer.

La composición de la UDE y de la ANC revelan hasta que punto se trataba de una alternativa competitiva a la estrategia de Prieto, de la que muy pronto se separarían las otras corrientes socialistas y los partidos republicanos. En septiembre de 1942, Radio España Independiente anunciaba un nuevo giro del PCE en su política de alianzas, de la que desaparecieron las menciones a la Constitución de 1931 y a la legitimidad del gobierno Negrín, y se anunciaba el objetivo de la celebración de elecciones democráticas para una asamblea constituyente tras la caída del franquismo. En las negociaciones que terminarían en las conferencias de Yalta y Postdam para delimitar las zonas de influencia tras la Segunda Guerra Mundial, a España le correspondía permanecer en la de EEUU y el Reino Unido, no en el de las “democracias populares” que integrarían el bloque soviético. El gobierno Negrín, acusado de filo-comunista, se había convertido en un obstáculo para el propio PCE. Negrín rompió con la UDE, y los partidos republicanos pusieron distancia de unos y otros para mantener su interlocución con EEUU y el Reino Unido. En febrero de 1943, el PCE disolvió la UDE.

En paralelo a esta estrategia de la dirección del PCE en Moscú y México, la dirección del interior y en el sur de Francia había ido constituyendo desde la conferencia clandestina de Carcassone en 1940 un núcleo militar que acabaría constituyendo la Agrupación Guerrillera Española (AGE) con más de 10.000 efectivos que se convirtieron en la principal fuerza de la resistencia anti-fascista en el Rousillon, Arriege y l’Aude. Junto al maquis rural y urbano en el interior, su objetivo era abrir un frente estable dentro de la España franquista lo suficientemente importante como para forzar el reconocimiento aliado de estas operaciones como parte de su campaña europea contra la Alemania nazi. Como es conocido, la operación “Reconquista de España” de octubre de 1944 en el Valle de Arán fracasó, aislada, tras días de lucha heroica, y con ella su frente político, la Unión Nacional Española. La dirección comunista de Monzón y Trilla fue purgada y sustituida por la nueva dirección encabezada en Francia por Santiago Carrillo, con la tarea de disolver el maquis y aplicar la política de “reconciliación nacional”. Esta ampliación del giro de 1942 se mantendría, con diferentes variantes tácticas para adaptarla a la interpretación sucesiva de la correlación de fuerzas, hasta el fin del franquismo en 1977.

Mientras desaparecia la posibilidad de una participación autónoma en la caída del franquismo como continuación de los combates en Europa contra el nazismo, el escenario de una estrategia institucional de inserción en los Aliados seguía en México. Diego Martínez Barrio y los partidos republicanos tomaron la iniciativa de convocar a las fuerzas antifranquistas en el exilio el 11 de noviembre de 1943 para constituir un interlocutor para los aliados, a falta de un gobierno provisional en el exilio. Excluidos el PCE y los socialistas “negrinistas”, quedaron también fuera los independentistas catalanes y vascos -que habían intentado sin éxito establecer sendos Consejos Nacionales, disueltos tras la reorganización en el exilio de la Generalitat de Irla y del PNV del lenhendakari Aguirre- y finalmente el PNV mismo, al no reconocerse el derecho de autodeterminación de Euskadi.

La Junta Española de Liberación (JEL) fue constituida el 20 de noviembre como una alianza de los partidos republicanos españoles, de Esquerra Republicana de Catalunya y del sector “prietista” del PSOE. Para no condicionar la interlocución con los Aliados, que era su principal sino único objetivo, la disyuntiva inicial entre el restablecimiento de la legalidad republicana o de un gobierno provisional de unidad nacional que convocase una asamblea constituyente quedó abierta, a la espera de la evolución de los intereses aliados y de las fuerzas monárquicas y franquistas.

Desde Londres, Negrín volvió a recordar que seguía siendo “de iure” el presidente del gobierno republicano y, por lo tanto, un interlocutor imprescindible en cualquier negociación con los Aliados. El anuncio de un viaje a México en noviembre de 1944 provocó la reunión preventiva de la mermada Diputación Permanente de las Cortes los días 11 y 15 de ese mes que, tras el bloqueo inicial de los partidarios de Prieto, convocó a las Cortes a una sesión el 10 de enero de 1945 para constituir un Consejo Nacional de la República Española. En la reunión de las Cortes se comprometieron a participar todas las corrientes políticas del exilio republicano, incluido el PCE. Y Martínez Barrio viajó a Washington mientras tanto para anunciar la pronta constitución de un gobierno provisional de la República española.

Las consecuencias de Yalta y Postdam

Sin embargo nada de esto sucedió. En la reunión del 10 de enero estuvieron presentes 72 diputados y otros 43 enviaron su adhesión por escrito, de los 205 titulares (de los que habían muerto 88 como consecuencia de la guerra). Prieto arguyó que no había quorum y los diputados “negrinistas” y “largocaballeristas” que había que esperar la llegada del presidente del gobierno Negrín. Y no hubo ninguna resolución que permitiese restablecer un interlocutor con la legitimidad republicana de todo el exilio a dos meses y medio de que se celebrase la Conferencia de San Francisco para la creación de Naciones Unidas como marco de gestión institucional diplomático de los acuerdos de Yalta y Postdam, a pesar de la declaración de las tres potencias (URSS, Reino Unido y EEUU) de que “todos los países liberados y en la órbita del nazismo elijan libremente a sus gobiernos por medio de elecciones libres”.

No todo estaba perdido, como demostró la invitación a asistir como observadores a la Conferencia de San Francisco a prácticamente todos los sectores del exilio, a excepción del PCE. Acudieron Negrín y Álvarez del Vayo, el lehendakari Aguirre, Prieto, los representantes republicanos de la JEL y los independentistas catalanes. Gracias a la delegación mexicana, consiguieron la aprobación de una resolución que condenaba a los regímenes surgidos con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista. Un año más tarde, en diciembre de 1946, la Asamblea General votaría la resolución 39(1), que negaba a la España franquista el ingreso y recomendaba su aislamiento diplomático.

Tras la Conferencia de San Francisco, ante la presión política para constituir un interlocutor legítimo, las Cortes republicanas se volvieron a reunir en México el 20 de agosto de 1945: confirmaron a Martínez Barrios como presidente interino de la República y nombraron a José Giral como nuevo presidente del gobierno en el exilio. Duró escasamente hasta febrero de 1947, porque lo que no resolvió fue la disyuntiva programática y Prieto subordinó a las negociaciones con los monárquicos de Gil-Robles la iniciativa política del gobierno Giral. Este acabó presentando su dimisión a favor de Rodolfo Llopís, con el propósito de que su gobierno iniciase los contactos con las fuerzas monárquicas, misión en la que fracasaría Trifón Gómez y que hizo que el PSOE de Prieto abandonase el gobierno en julio de ese mismo año. Pero Prieto obtuvo el mismo resultado en octubre de 1947, cuando el príncipe Juan de Borbón denunció el llamado Pacto de San Juan de Luz entre Prieto y Gil-Robles y llegó al Compromiso del Azor con Franco para la posible restauración de la monarquía en la persona de su hijo, cuya educación confió al Dictador.

En la estrategia política de socialistas y comunistas, la república quedó preterida y el gobierno republicano en el exilio fue abandonado a su suerte, mantenido simbólicamente por los pequeños partidos republicanos y países como México y Yugoslavia hasta 1977. La URSS y los gobiernos del “bloque soviético” lo desconocieron a partir de 1948 y entraron en negociaciones secretas comerciales y políticas con el régimen de Franco. De 1947 a 1950, un debilitado gobierno republicano presidido por Álvaro de Albornoz fue perdiendo la batalla en Naciones Unidas, hasta que en noviembre de 1950 la Asamblea General levantó, en una propuesta de EEUU negociada con la URSS, el régimen de sanciones contra el franquismo. Lejos de ser un elemento de discordia, la llamada “cuestión española” se convirtió en un elemento de acuerdo en la gestión de las respectivas zonas de influencia en la Guerra Fría. Poco después se firmarían el Concordato con la Santa Sede y los Acuerdos defensivos con EEUU en 1953. Ese mismo año, el régimen de Franco ingreso en la pléyade de las organizaciones internacionales del sistema de NNUU, con la excepción de la OIT por la oposición sindical. Y en 1955 fue admitido como miembro de la ONU.

El balance más duro fue el del diplomático republicano Pablo de Azcárate: “[…] quienes a la sazón dirigían la política anti-franquista en el exilio se mostraron incapaces de sacar el menor partido tangible y positivo de la excepcional coyuntura representada por [las sanciones de 1946] […] No sólo no se consiguió nada, sino lo que es mucho más grave, no se intentó nada serio y razonable. […] ¿Y sería justo esperar que las Naciones Unidas continuaran manteniendo sus puertas cerradas a un régimen político que llevaba 16 años de control efectivo del Estado español, contrariando su natural tendencia a la universalidad, y ello por satisfacer las pretensiones de una oposición que cada día daba nuevas pruebas de su inepcia y su incapacidad?”.

La Transición

En el ciclo de movilizaciones sociales contra la dictadura franquista iniciado en 1970 con el Proceso de Burgos, que se extendería a lo largo de toda la década de los años 70, la orientación política dominante fue la del PCE dirigido por Santiago Carrillo. La “reconciliación nacional” suponía no el restablecimiento de la legalidad republicana perdida, sino el de la “democracia” confrontada a la dictadura, como especificó contoda claridad su VIII Congreso de 1972. La Junta Democrática de España, creada en julio de 1974 ante la decadencia física de Franco, intentaba plasmar la alianza de las fuerzas de oposición hegemonizadas por el PCE con personalidades independientes vinculadas a D. Juan de Borbón, en especial Rafael Calvo Serer. En su Manifiesto, se abogaba por la formación de un gobierno provisional y la celebración de una consulta popular, en un plazo no superior de año y medio, para elegir “la forma definitiva del estado”.

Tampoco la Plataforma de Convergencia Democrática, impulsada por el PSOE en junio de 1975 con una serie de organizaciones maoístas y socialdemócratas, iba más allá de defender un proceso constituyente hacia un “régimen democrático y pluralista con estructura federal del estado”, aunque reconocía el derecho de autodeterminación. El PSOE, sin embargo, había mantenido en su programa aprobado en el Congreso de Suresnes de 1974 -que trasladó la dirección del partido del exterior al interior con Felipe González como secretario general- la aspiración a una república federal como forma de estado tras el fin de la Dictadura franquista.

Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975 y la restauración de la monarquía en la figura de Juan Carlos de Borbón, la dura represión del Gobierno Arias, puesta de manifiesto cruelmente en Vitoria, y su resistencia a cualquier reforma del régimen franquista inició un proceso de concesiones de la oposición, resumidas en la fórmula de “ruptura pactada” de Santiago Carrillo. Esta sería la estrategia política aceptada por el organismo de coordinación de la oposición, surgido de la disolución y fusión de la Junta y de la Plataforma, la Coordinación Democrática. Tras la destitución de Arias Navarro y el nombramiento de Adolfo Suárez, los contactos entre la ya monarquía franquista y la oposición democrática se enmarcarán en un proceso de transición, la “reforma política” desde la legalidad franquista hasta la nueva legalidad monárquica democrática. Solo los partidos que aceptaron este marco fueron legalizados inicialmente tras el “Referéndum para la Reforma Política” y la matanza de los abogados de CCOO de Atocha. El resto de la historia es demasiado conocido.

Formalmente, el debate sobre la forma de estado volvería a plantearse con motivo de la abdicación de Juan Carlos I, en junio de 2014, ante la avalancha de corrupción que amenazaba la continuidad misma de la institución. El “accidentalismo” del PSOE se convirtió en una defensa de la monarquía como parte del régimen del 78, aunque mantuviera “una tradición cultural y política republicana”. Así, votó en contra de una proposición parlamentaria de Izquierda Unida para que se convocase un referéndum por el Rey, de acuerdo con el artículo 92 de la Constitución, sobre monarquía o república, que nunca fue aprobada.

La levedad republicana como minimalismo estratégico

Esta larga historia de concesiones estratégicas, hasta solo quedarse en los huesos de una táctica de aparatos demasiado conscientes de la correlación de fuerzas global, es lo que explica la levedad republicana de las izquierdas del Reino. Con contadas excepciones de las izquierdas nacionalistas y de sectores de Izquierda Unida, que no han tenido ni la oportunidad de poder adaptarse tácticamente, porque simplemente pesaban poco en el tablero político.

Ello ha marcado profundamente a las izquierdas del Reino, auto-condenadas a una esquizofrenia permanente entre las tareas democráticas pendientes, relacionadas con la modernización del estado -siempre pospuestas- y unas aspiraciones socialistas que se han ido diluyendo hasta hacerlas irreconocibles. La distancia entre el programa mínimo y el programa máximo se ha cubierto, antes de plantearse, haciendo desaparecer los objetivos estratégicos de una transformación social radical de la propiedad de los medios de producción, porque ni siquiera había una propuesta sobre los instrumentos democráticos de control de la administración del estado imprescindibles para ello.

Ante unas elecciones el 28 de abril que vuelven a plantearse en los términos de “democracia o reacción”, cuando la crisis estructural del régimen del 78 es más evidente que nunca, conviene recuperar algo de perspectiva histórica, además de la memoria histórica. De este atolladero solo se sale colocando en primer plano la aspiración democrática a autogobernarse, la reivindicación de la república.Gustavo Buster Es co-editor y miembro del comité de redacción de Sin Permiso.