Comenzó el baile para formar gobierno. Sánchez aceptó el encargo del monarca. El PSOE se dispone, con 123 diputados, a intentar llegar a una mayoría que otorgue la máxima estabilidad posible a un régimen y a un tejido institucional que crujen y muestran su naturaleza oligárquica y antidemocrática a poco que se les agita.

La esencia franquista de un aparato judicial que imparte sentencias en nombre del rey volvía a mostrarse a través de la decisión adoptada por unanimidad por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Suspendía la exhumación de los restos de Franco y, en el mismo acto,  daba naturaleza legal a su sangriento golpe militar proclamando al dictador   como jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936. En la Sala de al lado, los fiscales se despachaban a gusto contra los dirigentes políticos y sociales del procés, intentando hacer pasar por rebelión la convocatoria pacífica del referéndum del 1 de octubre de 2017. Además, esta misma semana, un nuevo ejemplo de racismo institucional veía la luz cuando una  jueza observaba indicios de torturas en el trato de la policía a 69 inmigrantes del CIE de Madrid, a los que mantuvo en un patio bajo la lluvia y casi sin ropa mientras los insultaba.

Por si la cosa necesitaba más picante, el Banco de España se colocaba otra vez contra la subida del salario mínimo y pedía medidas para rebajar pensiones. Finalmente, Bruselas, el perejil en todas las salsas, sacaba formalmente al Reino del mecanismo correctivo/punitivo de los hombres de negro, a la vez que le exigía que continuara recortando gasto, negando  de hecho la anterior decisión. Nada menos que 15 mil millones en dos años. Mucho más que las subidas de impuestos (5.500 millones) que Sánchez había prometido para intentar responder, mínimamente, a las urgencias de la población.

La noche del encargo del rey, Sánchez indicó sus cuatro prioridades para el nuevo ejecutivo: transición ecológica, digitalización de la economía, lucha contra la desigualdad y Europa. Ahora bien, la clave no se halla en el anuncio, sino en saber a beneficio de quién realizará esas cuatro apuestas. El repaso rápido a la semana muestra bien a las claras que los verdaderos poderes marcan territorio para que, lo antes posible, el clamor unánime expresado a la puerta de Ferraz la misma noche electoral, “con Rivera, no”, pase pronto a la historia y se sustituya por otros lemas más acordes con los intereses del gran capital.

¿A quién hará caso Sánchez? ¿A las graves urgencias que sufre una población empobrecida por una austeridad sin fin que vacía el Estado, recorta políticas sociales, aumenta la desigualdad y engorda a rentistas tenedores de deuda, banqueros y grandísimas empresas? ¿O a esos poderosos que han salido de la crisis más ricos que como entraron?

Iglesias se equivoca al afirmar que la garantía de un programa de cambio y de izquierda pasará por la presencia de Podemos en el gobierno. En el marco actual de un régimen en crisis, con un déficit del 100% del PIB, con una presión impositiva por debajo de la media UE en 7,5%, con la financiación autonómica abierta en canal, la sanidad en el punto de mira del negocio y las pensiones en el alero, no valdrán solo las personas. Grecia hace ya unos años nos lo demostró.

Más que la voluntad de Sánchez y la vigilancia de Unidas Podemos, pesará como siempre la calle. La movilización, la que se anuncia tras la sentencia contra el procés y las que deberán producirse para defender sanidad, educación o pensiones. Ésa es la única garantía que abrirá la puerta a los cambios republicanos, democráticos e igualitarios que traerán beneficios al pueblo sobre los cuatro ejes que Sánchez anuncia y sobre otros muchos.