La judicatura está dejando desnudo a este régimen político. Sentencia tras sentencia los jueces están imponiendo decisiones que afectan a la vida política, a las leyes, a la convivencia y a las relaciones entre los empresarios y las clases trabajadoras y así están definiendo un marco claramente antidemocrático, patriarcal y defensor de los intereses de los capitalistas. Y esa, exactamente esa, es la imagen del régimen monárquico.
El Tribunal Constitucional acaba de
legalizar que las empresas puedan despedir a una trabajadora o
trabajador si falta al trabajo el 20% o más de días laborables durante
el periodo de dos meses, incluso aunque esas ausencias sean
justificadas. El lector encontrará en esta misma edición de Sin Permiso
un detallado análisis
de lo que representa esta sentencia. Además de las graves repercusiones
laborales y para la salud no es menos importante analizar su fondo
ideológico. Los magistrados que la han dictado (cuatro expresaron sus
votos particulares en contra) dicen tomarla porque lo importante no es
el derecho al trabajo sino “la libertad de empresa y la defensa de la
productividad”. Según ellos, la resolución tiene “una finalidad legítima
-evitar el incremento indebido de los costes que para las empresas
suponen las ausencias al trabajo-, que encuentra fundamento en la
libertad de empresa y la defensa de la productividad”. Más claro es
difícil decirlo. La salud de los trabajadores importa poco, lo
importante es el derecho, aunque sea usurpado y autoritario, del
propietario y más aún la productividad (base de la explotación del
trabajador y del beneficio privado del capitalista).
Así
funcionan las cosas en esta sociedad capitalista y con este régimen
monárquico. Los gobiernos del PSOE en 2010 y del PP en 2012 impusieron
unas reformas laborales que modificaron la estructura de las relaciones
laborales que venían funcionando durante decenas de años. Estas reformas
(¿por qué las llamaremos reformas si no son más que contra reformas?)
hicieron saltar por los aires los pactos posteriores a la Transición
(Estatuto de los Trabajadores, negociación colectiva, incluso el lugar
de los sindicatos, etc.) y reinterpretaron la propia Constitución
adaptando las decisiones a los intereses de los poderosos, es decir,
dándoles a ellos más derechos y quitándoselos a la mayoría de la
población. Al cabo de los años, el Tribunal Constitucional le da una
vuelta más y dicta una sentencia (que ni siquiera es unánime) por la que
convierte en constitucional una abominable decisión que afectará a la
salud de los trabajadores y creará un ambiente de terror en todas las
empresas. Ponerse enfermo será sinónimo de estar señalado y en riesgo de
un despido legal y constitucional.
El Tribunal Constitucional ofrece la salud de los trabajadores al altar de los beneficios patronales, que desde hace años llevaban desarrollando una importante campaña contra el absentismo, muchas veces usando y abusando de datos falsos. Por ejemplo, las empresas de ETT,s, como Randstad y Adecco, elaboran regularmente informes sobre absentismo, supuestamente basados en datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero resulta que el INE no separa estadísticamente los diferentes elementos que cifra como absentismo y en ellos están mezclados las bajas médicas, los permisos reconocidos y pactados por la legislación laboral o por convenios colectivos (bajas por maternidad, fallecimiento de familiar, etc.) incluso las horas sindicales legalmente establecidas o causas técnicas imputables a la empresa, como una máquina estropeada, o no poder trabajar por causas atmosféricas. Con ese batiburrillo publican unas cifras para alarmar sobre un supuesto excesivo absentismo y generar un ambiente en el que el culpable sea el trabajador (por vago, por abusar de la generosidad del empresario, etc.) y, en definitiva, para culpar al trabajador por ejercer un derecho. Para jueces, empresarios, gobernantes, para este Estado…cuantos menos derechos mejor y los que haya que aguantar que sean lo más constreñidos y limitados posibles. Los sindicatos han protestado y siguen demandando la derogación de las reformas laborales, pero quizás habría que dar algún paso más en la acción, en la manifestación y en la protesta.
La sentencia
establece además una importante discriminación contra las mujeres. Como
suele ser habitual, sus señorías dedican una especial atención a
denigrar, discriminar y ultrajar si es preciso a las mujeres. Es
evidente que en esta sociedad la mujer soporta grados de explotación
superiores a la de los hombres y una de las magistradas del Tribunal
Constitucional, María Luisa Balaguer, que redactó un voto particular,
expone que esta sentencia incorpora “discriminación indirecta por razón
de sexo” y en los datos que expone demuestra que “son expresivos de una
clara realidad social […] que las mujeres sufren en mucha mayor medida
que los hombres la carga de la doble jornada laboral y familiar. Y esa
situación repercute notablemente en su salud”.
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No hace falta
mucho esfuerzo para seguir encontrando casos de la actitud frente a la
mujer de una parte importante de los jueces. Esta misma semana la
Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado sentencia sobre el caso de
la violación masiva de una adolescente de 14 años sucedida en 2016 en
Manresa. Varios jóvenes la violaron repetidamente y, sin embargo, los
jueces los ha condenado por abusos sexuales y no por agresión sexual. El
tribunal reconoce que el crimen fue “extremadamente intenso y
especialmente denigrante”, pero no lo considera suficiente para
tipificarlo como agresión sexual porque la menor estaba inconsciente y
no hubo violencia ni intimidación. Igual, igual que en el caso de la
Manada de Pamplona. Poco importan los hechos, tampoco la protesta de
casi todo el país y hasta de casi todas las fuerzas políticas, excepto
Vox, los jueces siguen sin hacer caso de la exigencia general de la
sociedad: que solo si es sí. Aunque siempre es posible encontrar
cobertura política a este tipo de sentencias cuando se oye a la
dirigente del PP, Álvarez de Toledo, que “no todo lo que no sea un sí es
un no”.
La modificación del Código Penal es imprescindible,
lo que no significa que sea el elixir mágico que todo lo resuelve, mejor
sería cambiar de arriba abajo la judicatura, tan ligada e identificada
con las concepciones más retrógradas de la sociedad. Tras conocer este
nuevo atropello judicial, Marisa Fernández, de la asociación Dones
Juristes, considera que: “Esta sentencia hace sentir culpables a las
víctimas y las hace desistir. Un sentimiento de culpabilidad que tardará
tiempo en desaparecer”. Esta asociación emitió por Twitter un
sentimiento muy generalizado: “Terrorismo es violar en grupo a una niña
de 14 años; terrorismo es absolver al tipo que se masturbaba delante de
las violaciones porque “no pudo hacer nada”; terrorismo es el enésimo
feminicidio de una mujer en Castellbisbal. ¿Audiencia Nacional, qué
hacéis?”. Lo que decíamos: pocos derechos y cuya aplicación es
retrógrada y antidemocrática. Si en el terreno del absentismo pretenden
hacer caer la culpa en el trabajador, en el de las mujeres quieren
generar el sentimiento de que la culpa es suya. Pero no lo lograrán.
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Sobre
el carácter injusto de la sentencia que condena a los dirigentes
políticos y sociales de la rebelión catalana hemos publicado en Sin
Permiso varios artículos [Ver artículo 1 y artículo 2]
por lo que no nos detendremos más. Hay otra resolución del Tribunal
Constitucional, que hasta ahora no ha tenido tanta repercusión,
amenazando a la Mesa del Parlament catalán de repercusiones penales si
permite debatir sobre el derecho de autodeterminación. ¿Cómo es posible?
¿Qué derecho constitucional estudiaron? ¿Cómo un tribunal puede impedir
un debate en sede parlamentaria o solo se podrá debatir lo que los
jueces consideren aceptable? ¿También se va a perseguir a los
ayuntamientos que se pronuncien sobre la autodeterminación? Pues todo
esto está sucediendo en este país en el que pretenden que se acabe
considerando normal lo que a todas luces es antidemocrático.
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Denunciábamos
más arriba el carácter antidemocrático, patriarcal y clasista de la
judicatura, que representa una clara tendencia de la evolución del
régimen de la Monarquía. Recordemos que la Constitución de 1978 en los
artículos 117.1, 122.3, 123.2 y 124.4 establece que los principales
nombramientos de las instituciones judiciales tienen que contar con el
beneplácito del Rey, por lo que está bien unida la suerte de unos y
otros. Cada vez más los órganos no democráticos, o sea una parte de los
aparatos del Estado, judicatura o policía, tienen mayor peso en la
dirección práctica de la cosa pública. ¿Dónde queda la supuesta
neutralidad del Estado, en la que nunca hemos creído, y la tan
mencionada separación de poderes? La deriva autoritaria del actual
régimen es la expresión de su incapacidad y bloqueo (¿quizás llegará al
colapso?) para responder a los problemas del país. Cada vez hay menos
margen de maniobra y cualquier reforma choca con las fronteras del
régimen.
Curiosamente es entonces cuando se encuentra gente, y
entre ellos no pocos dirigentes políticos de las izquierdas, que
consideran que se podrían cambiar las actuales leyes y mejorar la
asfixiante y mala vida democrática y social sin cambiar el actual
régimen político. Todo es imaginable, aunque cada vez menos posible y
contradictorio con las tendencias objetivas de la política actual y la
deriva del régimen. O se avanza hacia un cambio de régimen más
democrático, más social, digamos republicano, o habrá un retroceso aún
mayor. Si te persiguen por ejercer un derecho, como la autodeterminación
o el derecho a una vivienda digna; si una sentencia injusta pone por
delante los intereses de los capitalistas a los de la salud de las
personas; si las mujeres no pueden vivir seguras (más de 60 asesinadas
en lo que llevamos de año) y si además te hacen sentir culpable si
luchas y defiendes tus derechos, ¿es eso libertad? ¿vale la pena seguir
defendiendo este régimen?
Es urgente situar las luchas por
transformaciones democráticas y sociales en una perspectiva de cambio de
régimen, que abra paso a una república, o varias repúblicas, levantadas
sobre principios democráticos.Miguel Salas
Sindicalista. Es miembro del consejo editorial de Sin Permiso