En los últimos siete días, los focos activos de Covid-19 se acercan a los 600, se han confinado dos localidades y 673 personas han tenido que ser hospitalizadas. La situación más grave se halla en Aragón, pero Catalunya, País Vasco o Madrid no andan lejos.

Frente a la lluvia diaria de cifras y contracifras pandémicas contrasta el silencio sepulcral sobre la marcha del rey emérito, que forma parte de una familia-institución que tiene asignada la jefatura del Estado y cobra de los presupuestos públicos. Está acusado de usar su posición para enriquecerse, pero se nos oculta hasta el lugar donde se halla. Lo suponemos trabajando en lo único que le importa: el dinero de su familia, para lo que necesita, como para su fortuna, oscuridad. Sánchez lo tapa; manda cartas vergonzosas a su militancia y nadie rinde cuentas por ello. Esa es la vara de medir de la democracia del régimen del 78. Sus normas y usos pesan como una losa sobre una población empobrecida y mal protegida ante la pandemia. Una democracia que pronto encarcela a sindicalistas, raperos, inmigrantes sin papeles o republicanos, pero que exige y aplica discreción bananera ante la corona.

Una democracia en la que ningún poder se siente concernido por los centros de salud cerrados, por las listas de espera que crecen, por la falta escandalosa de rastreadores, de test y sanitarios, por las condiciones de nuestros ancianos en las residencias o por la planificación de la vuelta al cole de millones de niños en septiembre. Un poder que apela constante e insidioso a la responsabilidad de la población y a la mascarilla. En Zaragoza, en el barrio de Delicias, será la policía quién vigilará que la gente cumpla un confinamiento marcado a menudo por el hacinamiento. Una vergüenza. Representa un escándalo que se persiga policialmente a la población no rica y enferma que vive en pisos repletos de gente, mientras no se les garantiza condiciones dignas de cuarentena ni seguridad para sus familiares.

Se toman medidas que limitan los movimientos de la gente y los servicios sin que los afectados puedan participar en las decisiones que les conciernen. Se pide corresponsabilidad en iniciativas que otros toman por nosotros, pero que nos atañen directamente. Otra prueba más de la encogida democracia en la que vivimos.

Ciertamente, es la de la población una responsabilidad básica que no debe perderse de vista. Ahora bien, sobre la responsabilidad de los poderes públicos, de los encargados de gestionar la sanidad (CCAA) y de coordinarlos (Gobierno) ¿qué se dice? La prensa prefiere vender el último video aparecido en las redes a contar estas otras escandalosas e incomodas verdades.

Necesitamos parar los rebrotes. Pero para frenarlos es necesario mucho más que sermones, policías y confinamientos. Hay que terminar con la austeridad que nos dejó el PP y sus recortes. Hacen falta recursos, transparencia y participación de la población en las decisiones. Hay que gastar y apostar por lo público (sanidad, educación, dependencia). Hay que exigir que los ricos paguen y por ello, hay que investigar y congelar las cuentas de la familia real y conocer el paradero del emérito.

Mucha pelea y muy dura nos queda por delante. Nissan lo demuestra. Tres meses de huelga han permitido una mejora evidente de las condiciones económicas de salida y el retraso del cierre de un año que permite ganar tiempo precioso para buscar una alternativa al personal y las factorías.

En resumen, necesitamos más democracia, que la voz del pueblo mande; necesitamos repúblicas y también procesos constituyentes que ofrezcan leyes que lo garanticen. Solo por ese camino resolveremos los rebrotes, en este caso autoritarios y bananeros de un régimen que desconfía de una población a la que maltrata.