Que las aulas reabren en septiembre no representa ninguna novedad. Por tal razón, la improvisación en planes y protocolos que ahora y a todo correr, están poniendo en marcha las diversas autonomías son una tomadura de pelo cínica e inadmisible que afecta a millones de personas.
   Se sermonea a la población, se llama a la responsabilidad, a no reunirse, a no quitarse la mascarilla ni en la ducha, se amenaza con multas y policía. Y ahí se acaba todo. Rastreadores, no hay, personal sanitario tampoco; en la atención primaria continúan sin coger el teléfono para dar citas médicas o directamente se cierran centros por carencia de personal; en las escuelas faltan profesores y apoyos. Todo está manga por hombro.
Resulta más fácil y barato prohibir que revertir la austeridad neoliberal que nos gobierna y que es la responsable directa con sus recortes del caos actual en el que nos hallamos tanto en sanidad como en educación, residencias de ancianos o ingreso mínimo vital. Un caos del que no se sale con letanías y prohibiciones, sino con decisiones y con dinero. Decisiones que deben acabar con el maltrato neoliberal, que han de ser participadas y compartidas, como la que, con todas las limitaciones, ha tomado el gobierno autonómico de la Comunitat Valenciana en relación al regreso a clase. Su protocolo no rompe la política neoliberal, pero ha sido pactado con toda la comunidad educativa, comenzando por los sindicatos. Se ha dotado con 200 millones de euros y comprometido la contratación de 4600 profesionales, así como la adecuación de espacios para poder reducir las ratios. Veremos en qué queda, pero, en todo caso, resulta muy diferente a la forma en la que procede el gobierno del PP con C’s en la Comunidad de Madrid, donde se espera huelga en la enseñanza. Ya tuvo Madrid una huelga de las escuelas de idiomas a principios del verano. Ahora son todas las centrales sindicales las que convocan y lo hacen en todos lo tramos educativos, menos el universitario. Los paros están previstos para los días 4,8,9 y 10 de septiembre. Las razones, claras: se reclaman centros abiertos y seguros, y medios que lo hagan posible, además de diálogo y negociación. El gobierno de Ayuso bracea acusando de politización a los sindicatos cuando son, precisamente, las decisiones políticas de su ejecutivo contra el derecho a la educación o a la salud las que llevarán a esta huelga y las que han llevado a aumentar los contagios de manera exponencial en la comunidad.
Mientras la mayoría nos preocupamos por el aumento de los casos de Covid-19, la falta de medios y previsión en escuelas y atención primaria, en cómo llegar a fin de mes, por la inseguridad en el empleo, el retraso en el pago del ERTE o simplemente el Ingreso Mínimo Vital que no se concede, otros siguen a lo suyo. Es decir, aprovechar los gobiernos autonómicos para continuar dando negocio y exenciones a sus poderosos amigos. Lo demás, no va con ellos ni les interesa.
La vuelta al cole ya está aquí. La huelga madrileña representa un anuncio importante y su éxito es muy necesario. No hay forma de avanzar ni en salud, ni en educación o en igualdad sin la lucha.
Por cierto, el Borbón sigue en Abu Dabi también a lo suyo: proteger el patrimonio familiar.