Tras un agónico conteo electoral de cuatro días, Joe Biden y Kemala Harris superaron el sábado 7 de noviembre la barrera de los 270 compromisarios del colegio electoral y proclamaron su victoria. La era Trump se acaba en medio de una feroz polarización política que refleja las consecuencias sociales acumuladas de la Gran Recesión de 2007 y de la Crisis del Covid-19.
   Una vez más hay que constatar que el sistema electoral de los EEUU no corresponde al de una democracia, sino al de un sistema oligárquico que, en su arcaicismo, levanta una barrera tras otra para limitar el acceso al derecho de voto de los sectores más pobres y de las minorías. A pesar de ello, la movilización popular ha supuesto que casi 40 millones de ciudadanos más votaran en estas elecciones. La diferencia del voto popular es de casi cinco millones y de 64 compromisarios a favor del candidato demócrata. Faltan aun estados por terminar el conteo, pero esta diferencia ha desinflado las amenazas de Trump de cuestionar ante los tribunales los resultados, alegando sin ningún fundamento que el voto por correo era “ilegal”, cuando EEUU ha superado los 100.000 contagios directos diarios por Covid-19.

Sin embargo hay que matizar de entrada el alcance de la victoria de Biden, que ha sido ante todo resultado de un voto anti-Trump. Sin la movilización de la clase obrera negra y chicana en los estados industriales del este y del norte y del suroeste y la costa oeste, sin el movimiento “Black Lives Matter”, Biden y Harris no habrían alcanzado esa importante ventaja a su favor. Pero como ha recordado la representante por Nueva York y “socialista democrática” Alexandria Ocasio-Cortez, una parte muy importante de la clase obrera blanca ha seguido aferrada al populismo mágico de Trump, porque identifica a Biden con los intereses oligárquicos tradicionales.

Biden representa ante todo el “mal menor” y los continuos retrocesos de la Administración Obama en la defensa de los derechos sociales y económicos de las mayorías. Quién defendía un cambio real en las primarias era Bernie Sanders, el candidato “socialista democrático”, con su cobertura sanitaria universal, la negociación sindical, el aumento del salario mínimo y el Nuevo Acuerdo Verde. Fue primero vetado y después derrotado por el aparato del Partido Demócrata, abriendo la vía a Biden, una vez que las clases dominantes en EEUU se habían distanciado de la gestión errática de la lumpen-presidencia de Trump.

Esta caracterización de la nueva administración de Biden -volcada desde el primer día en reunificar a las clases dominantes con sus acuerdos bipartidistas, en vez de defender un programa de reconstrucción social que reagrupe a una clase obrera multirracial y pluricultural- es la que confiere a la derrota de Trump un regusto amargo. Y es ella la que explica que desde la semana pasada se hayan multiplicado las concentraciones y manifestaciones en muchas ciudades de los EEUU en defensa de las reivindicaciones de las grandes mayorías de los trabajadores empobrecidos por la crisis pandémica.

La administración Trump seguirá gobernando hasta el 20 de enero de 2021. No hay que descartar provocaciones de quién se enfrenta con una enorme deuda acumulada personal y todo tipo de acusaciones a su salida de la Casa Blanca. Pero el poder de Trump se ha desinflado. Por eso es importante que la nueva administración Biden utilice el poder de la presidencia para desmontar en las primeras semanas la legislación más reaccionaria de la época Trump, como exigen las movilizaciones populares.

El mayor activo de estas elecciones para la izquierda, tanto la que esta dentro como fuera del Partido Demócrata, es la gran movilización social que recorre al país, la mayor desde los años 1970. Apoyarla y extenderla es su primera tarea para defender los derechos de la gran mayoría frente a la crisis del Covid-19. Ello determinará el margen y la naturaleza de la nueva administración Biden, más allá de que llegue como un “mal menor”.