El miércoles pasado, en el barrio del Gorg de Badalona ardió una nave abandonada que albergaba a más de 100 inmigrantes, en su inmensa mayoría en situación administrativa irregular. Como consecuencia del incendio murieron cuatro personas y otras nueve resultaron heridas de diversa consideración. Muchos de quienes habían encontrado allí su precario refugio huyeron para evitar identificarse y eludir así el riesgo de expulsión del territorio. García Albiol, del PP y alcalde de Badalona gracias al PSC, insinuó que quienes vivían en la nave incendiada no se habían presentado a los servicios municipales de emergencia organizados al efecto y, por tanto, no debían andar tan necesitados como parecía.

Desde hace dos meses, 800 familias sobreviven peor que antes en el asentamiento irregular más grande de Europa. Está situado en Madrid, en la Cañada Real Galiana. Están sin luz, y las diversas administraciones, así como la empresa encargada del suministro, Naturgy, se pasan el problema unas a otras. Existía un plan de realojo firmado en 2018 que no se está cumpliendo. En la Asamblea de Madrid, la presidenta Ayuso llegó a mencionar los supuestos porsches en la puerta de las infraviviendas, la delincuencia y las plantaciones de cannabis para justificar que, si los cables no aguantan, la gente deberá seguir sin luz en el siglo del wifi.

“Hay mucha delincuencia entre la pobreza”, señala la derecha de todo pelaje. Su otra cara, la izquierda de orden, se parapeta tras las leyes y los procedimientos para afirmar que “hay que asegurar que el dinero se emplee bien y que las ayudas lleguen donde realmente se necesitan”. Tales palabras, como los hechos demuestran, representan losas de papel y burocracia que transforman los derechos de la inmensa mayoría en simples palabras vacías. Recordemos que, a día de hoy, el 66% de todas las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital continúan pendientes de tramitación. La ley de Dependencia no impide que miles de personas vivan y fallezcan sin los apoyos a los que tienen derecho. Los ERTE del covid-19 se cobran con retraso en muchos casos, mientras que cerca del 50% de los habitantes reconocen problemas para llegar a fin de mes. Por su parte, el 10% más acaudalado ya concentra más riqueza que el 90% restante, el 53,8% del conjunto.

Necesitamos regularizar sin demora a los “sin papeles”, personas forzadas a subsistir sin ningún derecho. La mejor vacuna contra la xenofobia son precisamente esos derechos que no se les reconocen y que son la base de igualdad. Por eso, también urge una Renta Básica Universal e incondicional, una asignación monetaria pública e incondicional a toda la población. Se trata de medidas eficaces para terminar con situaciones como el incendio de Badalona, la falta de luz en La Cañada y mejorar la atención a nuestros mayores, a la par que concluir con la mucha e inútil burocracia hoy existente. Son medidas democráticas de protección de la población y de salud pública republicana, directamente asociadas a la condición de ciudadanía, a los derechos y libertades. La garantía de la existencia material constituye una importante palanca para la libertad de las personas.

Ahora bien, estas medidas exigen una reforma fiscal que grave al 10% más rico, así como como la lucha y la movilización. Entre ese 10% más acaudalado se incluye a un buen ramillete de defraudadores al fisco, de especialistas en pastorear en los prados de lo público y desviar ayudas y contratos a sus bolsillos. Si no, que se lo pregunten al Emérito, que, por poco más de medio millón de euros, una auténtica limosna si se compara con los 65 millones de Emiratos, espera comerse el turrón en casa.

Son disposiciones de libertad republicanas como las que necesitamos para terminar con la satrapía judicial. Satrapía como la que ha perpetrado el Tribunal Supremo que, por unanimidad, ha decidido que se repita el juicio del llamado “caso Bateragune” aquél que en su día anuló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haberse vulnerado el derecho de los acusados a un juicio justo. Un derecho que no tuvieron y que les costó seis años de injusta cárcel a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, o Arkaitz Rodríguez.

Como ha dicho, al conocer la decisión de Marchena y sus colegas, el propio Otegui y parafraseando con ello a Marcelino Camacho: “¡Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar!”