La cuarta ola ya está aquí, las vacunas no.  Por todas partes las cifras de infección repuntan. Madrid vuelve a destacarse.

El gobierno de Díaz Ayuso (PP) habla de “libertad”, pero para un porcentaje importante de la población trabajadora, incluidos muchos tenderos u hosteleros, la disyuntiva no es libre, sino garbancera: no abrir o no ir a trabajar representa la ruina segura y hacerlo supone un intento desesperado por evitarla. En ambos casos, el riesgo a caer enfermo permanece. Ayuso no ofrece ayudas y boicotea las pocas que se recogen en el menguante escudo social del gobierno de Coalición Progresista. El resultado: los comercios siguen cerrando, la población continúa empobreciéndose, pero las calles del centro de la capital se llenan de alcohol y de gente sin mascarilla. Cambiar esa realidad que nos enferma y recorta derechos, y en la que chapotean el PP y Vox exige vacunas, abrir y reforzar los centros de atención primaria, extender la protección social y detener los desahucios.

No es un asunto de dos días. Sustituir un modelo productivo en el que conviven una cabeza hipertrofiada y concentrada de bancos y fondos, enormemente dependiente del poder político e institucional del régimen del 78, junto a un mar de pequeño negocio con escasa inversión, volcado en el turismo y los servicios, intenso en mano de obra, pero de escasísimo valor añadido no resulta fácil. Modificar esa realidad obliga a cambios enormes y desplazamientos políticos que exigen de un plan claro, y dinero y tiempo para conseguirlo.

En consecuencia, de mazazo se puede calificar la decisión del tribunal constitucional alemán de paralizar la ratificación del Fondo Europeo de Reconstrucción. Para la inmensa mayoría de fuerzas económicas y políticas, el plan, el dinero y el tiempo a los que antes hacíamos referencia se resumen en los 140 mil millones europeos y en los proyectos sobre los que se sustentan. La puntilla la ha dado Eurostad al obligar a computar como deuda los 35 mil millones de la Sareb, el banco malo creado con dinero público para salvar a la “banca buena”, aquella de las hipotecas, bonos basura y preferentes. Terminadas las trampas contables de Montoro (PP), la deuda del reino ha pasado, de golpe, a ser del 120% del PIB. A Caixa Bank le costó Bankia 4.300 millones, a la ciudadanía, tras la salida de Rato, 20 mil millones. Por si faltaba algo, el Banco de España ha revisado a la baja sus pronósticos para la economía española. Crecerá un 6%. La caída del año 2020 fue del 11%. 

En medio de todo ello, la pelea por mantener empleos y condiciones dignas continúa. El derecho a la vivienda se mantiene como una disputa abierta y el futuro de buena parte de Galicia, también. Dentro del proceso de movilización sindical iniciado con la huelga general de Ferrol, A Coruña acogió el sábado 27 una manifestación unitaria y muy numerosa en solidaridad con los trabajadores represaliados de Alu Ibérica. Exigen a los gobiernos gallego y español una política industrial que garantice el empleo.

Mientras, aquellos que buscamos la libertad republicana deberemos seguir, pacientemente, apostando por una calle que de momento se resiste, bajo la pandemia, a ocupar el centro de la escena.