La ciudadanía de la Comunidad de Madrid está votando hoy. Ese voto encierra la posibilidad de terminar con 26 años de dominio de la política neoliberal extrema que, de la mano siempre del PP y en el último tiempo en alianza con Vox y C’s, ha sufrido la Comunidad.
La ciudadanía de la Comunidad de Madrid está votando hoy. Ese voto encierra la posibilidad de terminar con 26 años de dominio de la política neoliberal extrema que, de la mano siempre del PP y en el último tiempo en alianza con Vox y C’s, ha sufrido la Comunidad. El resultado de las urnas nos ayudará a saber (en parte) quién marcará el paso en la salida de la crisis sanitaria, social, económica y ecológica que padecemos. Es decir, quién impondrá su orden en esas prioridades. ¿Lo hará la oligarquía aumentando así la fragmentación social, la pobreza, el racismo, la desigualdad y con ello, encogiendo todavía más nuestros escasos derechos y libertades? Quizá lo capitanee la mayoría de la sociedad que, al hacerlo, se verá impelida a defenderse de las dificultadas que ya vivimos y de las que se avecinan, poniendo en jaque las instituciones y marcos de la segunda restauración. No existe garantía de vivienda, suministros, empleo, educación, sanidad o cuidados y la constitución del 78 y sus estatutos de autonomía, como demuestra la pandemia y sus efectos, no valen para asegurarlos.
La movilización electoral madrileña representa un fragmento de ese proceso; la otra parte se halla en la movilización social. Las todavía pequeñas manifestaciones del último Primero de mayo nos muestran hasta qué punto falta el peso de la calle. Los más de 35 mil despidos que ya están en marcha en Tubacex, Corte Inglés, Zara, HM, Bankia-CaixaBank, Norwegian o Ford junto al riesgo de pobreza, el desempleo del 40% de la juventud o del 15% entre las mujeres anuncian que se está formando una tempestad de aúpa y que la clase trabajadora constituirá un agente determinante en ella.
A lo anterior hay que sumar ahora el plan de reformas que el gobierno ha remitido a Bruselas para acceder a unos fondos Next Generation que nunca acaban de llegar. El plan incluye una supuesta reforma fiscal que, salvo que se retire, pagaremos las rentas más bajas. Una vergüenza que pretende que la minoría ultra rica, la que escamotea dinero y recursos, continúe sin soportar los gastos del Estado que la enriquece. La medida estrella enviada a la UE no pasa por aumentar la presión fiscal sobre los defraudadores y hacer aflorar el 20% del PIB que se maneja en la economía sumergida o poner en vereda los 144 mil millones que se encuentran en paraísos fiscales y que permitirían ingresar 7.400 millones de euros. Menos todavía pretende perseguir el fraude del IVA, del impuesto de sociedades que reportaría 40 mil millones, o del propio IRPF, el cual sumaría otros 20 mil millones a las arcas publicas. Qué decir ya de la recuperación de los 64 mil millones del rescate bancario. Nada de eso parece importar. Lo fundamental para la autoridad fiscal (Airef) es acabar con la desgravación de hasta 3.400€ a la que pueden acogerse aquellas unidades familiares que apuestan por la declaración conjunta. O sea, las que menos ingresan. Se trata de unos 4 millones de personas y que reportarían como máximo 2 mil millones, mucho menos que cualquier otra de las medidas fiscales antes indicadas. El gobierno debe retirar el plan y remitir otro nuevo con propuestas que saneen las cuentas púbicas por la vía de aumentar el peso fiscal sobre las grandes fortunas y empresas. De no rectificar, la tormenta que se está formando será todavía aún mayor.
A estas horas Juani, Juana Ruiz Sánchez, ciudadana española de 62 años, residente desde hace más de 30 en Palestina y miembro de los Health Work Committees, continúa, desde el 13 de abril, detenida sin cargos por el ejército israelí. Exigimos, una semana más, su libertad inmediata.