Suben los contagios, pero, sobre todo, aumentan los ingresos en UCI. Los rastreadores siguen sin ser contratados y los centros de atención primaria, sin reforzarse.

En Madrid hay una verdadera ofensiva del gobierno del PP contra ellos. La sanidad pública se colapsa. El escudo social no funciona. En consecuencia, las listas de espera se disparan y la pobreza aumenta. Ante la falta de ingresos y apoyos, la presión por trabajar de lo que sea y como sea aprieta. Hay que pagar el recibo de la luz, que continúa al alza. La vacunación es lo único que avanza a buen ritmo, salvo en la Comunidad que alberga la capital; allí, el PP almacena vacunas que no inocula. En resumen, se juega sin pudor con la vida y la salud de la gente para garantizarse (a partir de Madrid) quebrar el modelo público y afianzar un giro hacia la sanidad privada. Hay que responder y lo debemos hacer las entidades ciudadanas, pero también el gobierno. Mirar para otro lado no ayuda, sino desarma.

En medio de una ola de reacción negacionista, encabezada por Ignacio Camuñas (ex ministro de UCD y prócer de la transición) y bien arropada por los jefes del PP y la brunete mediática, va el proyecto de Ley de Memoria Democrática camino de las Cortes. En el proyecto, entre otras cosas, se incluye una condena expresa del golpe de Franco y de la dictadura, se declara la responsabilidad del Estado en la búsqueda de las personas desparecidas, se crea un banco de ADN y una fiscalía de sala de memoria democrática, así como dos días de conmemoración (31 de octubre, de todas las víctimas y 8 de mayo, de las personas exiladas). A pesar del avance que representa, en el proyecto se descartan las indemnizaciones para las víctimas o la responsabilidad patrimonial del Estado.

Casado ya nos anuncia que, en caso de ganar las próximas elecciones, derogará la ley de memoria y la cambiará por una de “Concordia, Constitución y Patriotismo” muy al gusto de Camuñas. Es decir, una ley negacionista del golpe, inculpatoria de la república y mantenedora de la imagen de Franco como salvador de la patria.

El pacto de la transición nació sepultando la verdad, la justicia y la reparación que reclama el movimiento memorialista. Se cegó así el mínimo exigible para poder hablar del régimen del 78 como una democracia con mayúsculas. La derecha se aferra a ese consenso de la transición, a sus normas, usos y costumbres para continuar tapando con el manto de la legalidad el control que jamás perdió de los resortes fundamentales de un Estado que, en lo sustancial, nunca dejó de ser propiedad de quienes aplastaron la libertad republicana.

El 25 de julio, Felipe VI nos recordó esa realidad. Fue de la mano del escuadrón Águila con sus colas de humo rojigualdas surcando el cielo. Para ellos España es una e indivisible, no hay más nación que ella y no hay más religión que la católica que bendijo la cruzada franquista y calla contra la violencia machista que suma dos nuevas víctimas esta semana y que ha vuelto a encarcelar a Juana Rivas en Granada. La corona representa “la garantía de continuidad de la nación”. En la catedral de Santiago de Compostela, estuvo el borbón escoltado por Letizia, Leonor y Sofía. Se celebraba el día nacional de Galicia, pero no les importó. Una vez más, no lo respetaron.