Tras la tercera remodelación del sector socialista del Gobierno de Coalición Progresista (GCP) en la primera mitad de julio, analizada en Sin Permiso, el comienzo del curso político ha estado marcado una vez más por las contradicciones de los limites estructurales que impone el régimen del 78 y el planteamiento de las estrategias de los diferentes partidos para los poco más de dos años que restan a la legislatura.

Las contradicciones de la gestión de lo posible

El bloqueo de la renovación de los distintos órganos del poder judicial, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo son la expresión de la crisis del bipartidismo PSOE-PP. Que está directamente relacionada con el desarrollo de los diferentes procesos por corrupción aún pendientes, que van de los distintos casos Bárcenas y Villarejo hasta la investigación fiscal de las irregularidades financieras del Rey emérito, acusado formalmente ante los tribunales británicos por una de sus ex amantes. La subida incontrolable del precio de la electricidad, que ha disparado la inflación al 3,3%, es el resultado del ‘capitalismo de amiguetes’ que ha sustentado al régimen del 78, desde los procesos de privatización de empresas públicas hasta las ‘puertas giratorias’ que sientan en los consejos de administración de las eléctricas a una parte sustancial de ex altos cargos políticos del PP y del PSOE, revelando las bases materiales del bipartidismo.

No todo han sido malas noticias para el GCP. La crisis diplomática con Marruecos ha sido encauzada al precio de la cabeza de la anterior ministra de exteriores González Laya y una defensa de la propuesta marroquí de autonomía para el Sahara Occidental, aunque en el marco de un proceso negociado en Naciones Unidas. Pero el acuerdo con Marruecos implicaba la devolución de los menores marroquíes que habían llegado a Melilla y se ha hecho sin respetar los procedimientos legales individualizados que prescriben la legislación española y los acuerdos internacionales, con la protesta de UP, hasta que los tribunales la han frenado. También en el plano internacional, la opinión publica ha acogido como una demostración de compromiso y un éxito logístico la operación de rescate de los afganos que habían colaborado con las fuerzas y programas de ayuda occidentales tras la caída a manos de los Talibanes de Afganistán. Que la gran mayoría de los colaboradores de las fuerzas españolas, concentrados en Herat, no hayan podido salir por el aeropuerto de Kabul no parece haber empañado este éxito.

La más importante de las buenas noticias, sin embargo, es la llegada de los primeros fondos comunitarios del programa “Nueva Generación UE”, el 17 de agosto. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que el 16% de los fondos previstos ya se había ejecutado a través del endeudamiento para la financiación de los presupuestos del estado 2021, es decir un 3% más que el 13% que suponen los 9.000 millones comprometidos para 2021. El anuncio ha provocado un aluvión de peticiones, sin proyectos acabados, por parte de empresas y autoridades locales y autonómicas, sin que por otra parte exista la capacidad administrativa para la gestión de la totalidad de este gasto, que de hecho ronda se sitúa solo entre el 30% y el 40%, según las instancias.

Sondeos y distorsión cognitiva

En un ambiente político marcado por la polarización completa entre el bloque de derechas PP-Vox y la muy diversa y ajustada mayoría parlamentaria que apoya al GCP, el carácter prelectoral de la confrontación política crea una cierta “alucinación”, como a la que hace referencia Michael Roberts en el campo de la especulación bursátil. Los partidos alardean de un capital político que parece en buena parte ficticio. Porque entre la realidad objetiva que vive la mayoría de las clases trabajadoras del Reino tras la acumulación de los efectos sociales y económicos acumulados de la Gran Recesión de 2007-2010 y la Crisis Pandémica 2019-2021 y los análisis y propuestas que les plantean las fuerzas políticas, tanto del GCP como del bloque PP-Vox, de naturaleza muy distinta pero basadas en la gestión del maná europeo, hay una distorsión cognitiva importante. La experiencia material de los próximos dos años según los distintos intereses sociales, el horizonte acordado para mantener las políticas de expansión económica antes de la vuelta prevista al ajuste fiscal en 2024 tras las elecciones de noviembre de 2023, modificará esa percepción cognitiva, aunque la refuerce en el peor de los casos.

Los sondeos realizados, sobre todo tras la operación de rescate en Afganistán y la subida exponencial del precio de la electricidad en el mes de agosto, acentúan la tendencia de los resultados obtenidos en las encuestas en julio tras la remodelación del GCP. El PP, a pesar de una oposición marginalizada, tendría en estos momentos una expectativa de voto del 28,8%, que con 125 escaños le permitiría sumar una mayoría parlamentaria con Vox (15,1%, 49 escaños), Ciudadanos (3,3%, 2 escaños) y UPN. Los dos partidos del GCP, PSOE (25,3%, 101 escaños) y Unidas Podemos (9,7%, 23 escaños) continúan sufriendo una importante erosión, paralela a la caída de intención de la participación electoral del 69,2% al 63,9%. Es decir, en el momento actual, a dos años de las elecciones, hay una movilización acrecentada de los electorados de derecha tras su victoria en las elecciones autonómicas de Madrid el pasado 4 de mayo, que beneficia a los dos partidos del bloque, a costa de un agónico Ciudadanos que puede desaparecer en beneficio del PP. Y hay una desmovilización creciente de los electorados de los partidos del GCP, que tiende a acentuar la confrontación interna para marcar perfil propio, sobre todo por parte de Unidas Podemos, al mismo tiempo que no tiene otra alternativa estratégica que la actual coalición con el PSOE.

La reconstrucción de Unidas Podemos

El articulo de orientación del comienzo del curso político de Pablo Iglesias en Ctxt, el pasado 4 de septiembre, el primero tras su retirada política en mayo, refleja esta contradicción estratégica de Unidas Podemos e intenta justificarla y darle una salida, aunque sea situarla en el mismo callejón sin salida en la que esta. De forma menos argumentada, aunque más propositiva, las distintas entrevistas ofrecidas por las ministras Yolanda Díaz, candidata designada por Pablo Iglesias de Unidas Podemos, e Ione Belarra, nueva secretaria general de UP plantean también este mismo problema. Pablo Iglesias abandona cualquier referencia a la necesidad de superar los límites que impone el régimen del 78 alegando la negativa correlación de fuerzas, la erosión de la mayoría progresista, que puede desembocar en un gobierno de coalición reaccionario PP-Vox. Su llamamiento a la movilización unitaria de las izquierdas es en los mismos términos de un supuesto frente populismo antifascista que tuvo escasos resultados en las elecciones autonómicas de Madrid en mayo. Es una justificación de la política del mal menor, especialmente orientada hacia las izquierdas independentistas, ante la amenaza de una derecha recentralizadora y neoliberal de las que serían las primeras víctimas.

Pablo Iglesias no descarta la presión y el pulso político con el PSOE institucionalmente, pero para cumplir los acuerdos de coalición anteriores a la crisis del Covid-19. Unos acuerdos que posteriormente se han convertido, en un contexto muy diferente, en un referente a interpretar por las distintas corrientes socialistas y UP para redistribuir los fondos europeos entre un “escudo social” claramente insuficiente y las ayudas directas a las empresas que recuerdan el equilibrismo del primer gobierno Zapatero en una etapa de crecimiento económico, no de la peor recesión conocida. Los acuerdos de coalición, convertidos en programa máximo, dejan en manos de Pedro Sánchez el arbitraje final, que presupone aceptar la gestión de la crisis del régimen del 78 en los limites de los consensos actuales de la UE, gestionados a su vez por una Comisión europea que refleja la mayoría conservadora, bajo presión de las extremas derechas de los estados de Europa del este y de su presión electoral en Francia, Suecia, Países Bajos y Alemania.

Sánchez y la gestión dentro de los límites

Este carácter cesarista de la presidencia de Pedro Sánchez es patente en la entrevista de comienzo del curso político que publicó El País el 5 de septiembre. La entrevista comienza con la cuestión candente del momento: ¿qué va a hacer el GCP para frenar la subida de la luz? Y la respuesta es el ejemplo de ese cesarismo. Sánchez, tras escudarse en el mix energético, en que la creación de una empresa pública no figura en el programa de coalición, pone su palabra como garante de que la factura final eléctrica de 2021 no será superior a la de 2018. ¿Cómo? Reduciendo los ingresos fiscales del estado del 21% a poco más del 4%, pero sin imponer precios máximos ni aumentar la fiscalidad sobre los beneficios de las empresas oligopólicas del sector.

La defensa de la “coalición progresista”, a pesar de las tensiones internas con UP, es de nuevo la defensa del mal menor. A mitad de legislatura se habrán cumplido el 34% de los compromisos del programa, a pesar de que la recuperación de los niveles previos a la pandemia no tendrá lugar hasta finales de 2023, gracias a la ejecución de los fondos “Nueva Generación UE”, empezando por los presupuestos de 2022. SMI, Ley de Eutanasia, recuperación de los recortes del PP en Educación y Sanidad, Ley de Memoria Democrática, negociación del sistema de pensiones…es el paquete que debe movilizar el apoyo electoral al GCP ante la amenaza de un nuevo retroceso reaccionario a manos del PP y Vox. El resto de los problemas del régimen del 78 -la negociación con la mayoría independentista de la Generalitat de Catalunya en la mesa de diálogo, la disfuncionalidad de una monarquía convertido en símbolo de los intereses oligárquicos dominantes, el bloqueo institucional de los órganos de gobierno de un poder judicial transformado en trinchera de la derecha-,  se convierten en el entorno inevitable de una correlación de fuerzas incuestionable, gestionada a través de la negociación directa y las concesiones a los intereses sociales del gran capital bancario y empresarial.

La radicalización reaccionaria del PP

No puede faltar en este repaso de posiciones al comienzo del curso político las del Partido Popular. Su única estrategia es la oposición frontal, la confrontación, el bloqueo institucional y la deslegitimación, que no pueden sino afirmar la crisis del bipartidismo. Los próximos dos años, la campaña preelectoral de Pablo Casado, explicitada en sus visitas al XV Congreso del PP valenciano y al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, es una guerra cultural permanente que le permita reafirmar su candidatura bajo la presión de las distintas extremas derechas internas -Ayuso, Aznar- como externas de Vox y la Conferencia Episcopal. Esta “insumisión constitucional”, como la ha definido Pedro Sánchez, se esta convirtiendo en una nueva causa de inestabilidad crónica del régimen del 78 y es la respuesta tanto a los procesos por corrupción que cercan al PP como al distanciamiento adoptado por las oligarquías dominantes con respecto al que ha sido su principal representación política, pero que ha quedado fuera de la negociación para la distribución de los fondos “Nueva Generación UE”. La Convención del PP en octubre hará suya esta orientación y su alternativa política de una coalición PP-Vox.

La entrevista a José María  Aznar en ABC el 10 de septiembre, establece el linaje de la campaña de deslegitimación: los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EEUU tienen una conexión directa con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid; la derrota electoral del PP era el verdadero objetivo y el gobierno Zapatero primero y más tarde el GCP, tras el golpe interno parlamentario contra Mariano Rajoy , apoyado por los independentistas, con la excusa de la corrupción, abrieron una senda que termina con la caída de Kabul y la derrota en la “guerra contra el terror”. Este escenario apocalíptico exige una reconstrucción de una derecha conservadora sin concesiones frente al terrorismo y el populismo. Un llamamiento a la defensa de los intereses oligárquicos frente a la plebe interna y los bárbaros externos.

Esta distorsión cognitiva es compartida desde otro ángulo por la Conferencia Episcopal, cuyo programa 2021-2025 “Fieles al envío misionero”, se sitúa frente a los peligros de un “transhumanismo” -“que lleva a vivir en un nihilismo sin drama”- en la tarea de una reconquista espiritual cuyo mejor marco político y social es el régimen del 78. Que para la Iglesia Católica implica no solo la estructura de poderes establecida, sino el Concordato de 1979 con su financiación privilegiada y el sistema de concertación de la educación, la sanidad y los servicios sociales con entidades católicas que las convierten en facilitadoras del status de clase media bajo su férula ideológica. Y que la jerarquía episcopal considera amenazada por la “ideología de género” y la “cultura de muerte” implícitas en los programas de transformación de las izquierdas. Se ha señalado en muchas ocasiones, pero la desarticulación del entramado parroquial por la falta de fieles practicantes a favor de los grupos y sectas carismáticos ha convertido a esta “vanguardia” de la reconquista espiritual en una de las redes de movilización más importantes de la derecha reaccionaria.

¿»Patriotismo constitucional” en el régimen del 78?

No queda sino tomar nota del patetismo del llamamiento de Carlos Lesmes al “patriotismo constitucional”. Los lamentos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial al inicio del año judicial por la erosión de la legitimidad del poder judicial en su conjunto, expresión y causa parcial de la crisis del régimen del 78, no tienen ya solución en una reconstrucción del bipartidismo PP-PSOE como gestión mancomunada de los intereses fiduciarios de las clases dominantes. La polarización es síntoma y anuncio de una crisis constitucional que ya se manifiesta en diversos poderes y sectores institucionales. Lesmes podría dar ejemplo y forzar la renovación de los órganos del poder judicial dimitiendo él y el resto de los vocales cuyos mandatos han expirado. Pero la falta de consenso entre los implicados descarta por el momento esta vía, en un ejemplo más de la situación general.

Estos parecen ser el tablero desgastado y las reglas de juego deslegitimadas en el inicio de la mitad final de la legislatura.

Gustavo Buster es co-editor de Sin Permiso.