Desde que la derecha recuperó el control del gobierno municipal en la capital del reino gracias al pacto de sus tres fuerzas (PP, C’s y Vox) tras las elecciones municipales, la tensión política y social no ha parado de crecer con actos y declaraciones antisindicales, antisociales y racistas. Esta semana, la primera de la cumbre del clima que se celebra en Madrid (COP 25), ha sido una buena prueba de ello que ha ido más allá de la exitosa manifestación por la emergencia climática del sábado 7 de diciembre.

El martes 2, los autobuses municipales vivieron su primera huelga en siete años. Una movilización ampliamente seguida por los trabajadores de la empresa pública. El alcalde del PP, José Luis Martínez-Almeida, acusó a los sindicatos de querer “boicotear” con su acción la cumbre del clima de Madrid, cuando en realidad lo que exige esta huelga es el cumplimiento de la ampliación de plantilla prevista (100 conductores), la no reprivatización de servicios remunicipalizados en la anterior legislatura, como el de bicicletas (bicimad), y terminar con la descapitalización de la empresa por la vía de la externalización, caso del contrato para el tour de visita de las luces navideñas (Naviluz) o del teleférico de la Casa de Campo. Los trabajadores temen, con razón, que tras ese vaciamiento organizado se oculte el desmantelamiento de un servicio público clave para la movilidad urbana y para garantizar la sostenibilidad medioambiental de un aire cada vez más polucionado.

El miércoles 4, una granada de las usadas para el entrenamiento militar fue desactivada por los artificieros de la policía en el patio interior del Centro de Menores ubicado en el distrito de Hortaleza, al norte de Madrid. A estas alturas no existe todavía autoría reconocida de este atentado fallido, ni pista convincente que lleve a la misma, según las autoridades. Sin embargo, todo apunta a un acto racista de la extrema derecha que lleva meses generando insidias y acciones de calle alrededor de la instalación, pese a que la policía se resista a señalar al sector que se mueve en las cavernas y la fontanería de Vox.

En el centro de Hortaleza conviven 100 niños y adolescentes. Se trata de menores hijos de la inmigración, el refugio o de familias desestructuradas, con padres que ha perdido su tutela legal. Estos menores tienen por única protección aquella que les facilitan las Administraciones. El centro es un equipamiento diseñado y dotado humanamente para albergar a 35 menores; o sea, no es apto para sostener en condiciones dignas la sobrepoblación que actualmente está soportando. El hacinamiento que sufren quienes allí viven, la falta de atención provocada por la ausencia de medios materiales y humanos adecuados, representa una prueba palmaria de racismo institucional. Esos niños y adolescentes son tratados por la Administración, encargada de velar por sus derechos, como ciudadanos de segunda. Hablamos de una deshumanización de los más vulnerables que el Estado permite y a la que no pone remedio, y que supone la base sobre la que Vox catapulta su discurso. Un discurso que avanza ya un paso más allá y reclama expulsión de los niños inmigrantes sin papeles a los que asocia, contra toda estadística y datos oficiales, con el delito.

El jueves 5, al día siguiente del ataque, el tridente de la derecha que gobierna la región (PP, C’s) más su apoyo parlamentario Vox, se negó a votar en la cámara autonómica una proposición de urgencia que llamaba a la convivencia y a rechazar el intento de atentado contra el centro. De esta manera, la derecha “liberal” mantuvo el hilo que la ata a Vox, y éste a su vez pudo sostener el que le une con lo más oscuro de la reacción. Un ejemplo, fue cuando su portavoz, Rocío Monasterio, reclamó en la Cámara que les facilitaran datos por país de origen de los delitos cometidos por menores no acompañados en la Comunidad de Madrid.

El domingo 8, a las 12h, en el parque de Clara Eugenia el vecindario del distrito donde se ubica el centro de menores, agrupado en Hortaleza Unida, convocó una concentración “por la convivencia, contra el racismo y contra los discursos del odio”. Se trata de un acto de desagravio de un barrio herido, en una ciudad herida por el racismo institucional en el que se ampara Vox y su discurso xenófobo y antidemocrático.

Las vecinas y vecinos de Hortaleza con su acción de calle, igual que los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con su huelga dan la pauta y constituyen un ejemplo de cómo se puede vencer a la mentira con la que se construye el discurso de la desigualdad y el racismo en Madrid.Carlos Girbau es concejal de Ahora Ciempozuelos, activista social y colaborador de Sin Permiso.