Poco más de 15 días, los que llevamos de Estado de Alerta, han bastado para que le saltaran todas las costuras a la Comunidad Madrid (CM). Cierto es que nadie podía estar preparado para una crisis de dimensiones como las provocadas por el Coronavirus. Pero pretender, como quiere el gobierno autonómico y buena parte de sus ayuntamientos controlados por PP-C´s con el apoyo de Vox, que la manera en la que esta crisis nos afecta a todos los habitantes de la CAM no tiene nada que ver con las políticas que han llevado a término durante los últimos veinticinco años ni con las medidas que hoy mismo se adoptan para enfrentar la pandemia y sus consecuencias supone apostar a que la ciudadanía es estúpida.
Hace 15 días, en estas mismas páginas (aquí), afirmábamos y ahora lo mantenemos (porque, lamentablemente, las pruebas así lo constatan) que para el gobierno de la Comunidad y buena parte de sus ayuntamientos proteger el derecho a la salud está condicionado a un criterio que pasa por encima del primero: mantener su política neoliberal extrema. Para ocultar esa supuesta mano invisible del mercado que preside sus actos, el ejecutivo PP-C’s presidido por Isabel Díaz Ayuso no duda en buscar pantallas para proteger su falta de previsión, su ausencia de medios y, sobre todo, su empeño por enfocar toda la sanidad hacia lo privado. Un modelo que ha dejado a este servicio básico ausente de músculo, más allá del compromiso franco, duro, sacrificado y claro de los profesionales a la hora de responder al reto que el Covid-19.
Ante cada prueba de esta crisis sanitaria y el precio que humana y socialmente debemos pagar la mayoría de la ciudadanía por el hecho de seguir manteniendo libre de cargas fiscales y con los bolsillos llenos al 5% más rico de la Comunidad, la presidenta se quita de en medio y acusa al gobierno central de que no la deja abastecerse de un material sanitario, supuestamente comprado por su gobierno en China. Un material que no se sabe concretamente qué es y que nunca acaba de llegar, todo ello regado con afirmaciones vacías sobre el gran gasto sanitario de su ejecutivo.
Tras la entrada de efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para la desinfección de residencias de mayores y comprobar como convivían cadáveres con personas vivas sin separación alguna, la situación de estas instituciones ha pasado a hallarse en el ojo del huracán. Hablamos de residencias en situación muy precaria, que acumulan centenares de quejas y años de maltrato institucional. Un maltrato puesto de manifiesto con el nacimiento de la Marea de Residencias en septiembre de 2019 o con la presentación, ya en la anterior legislatura, de una proposición de ley presentada por Raúl Camargo, miembro de Anticapitalistas y entonces diputado de Podemos en la cámara de Vallecas, y que fue rechazada por la mayoría del actual gobierno de coalición PP y C’s.
Recordaba recientemente Emilio Delgado, actual diputado y portavoz para Asuntos Sociales de Más Madrid, que en las residencias privadas han fallecido en lo que llevamos de crisis 999 personas, un 2,1%, mientras que en las públicas la cifra alcanza los 102 y el porcentaje se sitúa en el 1,6%. Hay que recordar que en la Comunidad las residencias públicas suman un total de 6.258 plazas, muchas en concierto, mientras las plazas privadas superan las 40 mil.
Desde el inicio de la pandemia, las urgencias hospitalarias y las UCI acumulan una enorme presión humana, con cientos de pacientes a los que atender y numerosos contagios entre un personal sanitario falto de medios. Esas urgencias son las mismas que, año tras año, se ven desbordadas con cada temporada de gripe. Dicho de otra manera: las mismas urgencias que el gobierno regional mantiene desde hace mucho tiempo y ordinariamente con escasez de medios. Ahora, esos servicios, reforzados y ampliados a toda prisa, se ven claramente sobrepasados, a pesar del concurso de la sanidad privada, una parte de cuyas clínicas, al igual que otras empresas, cierran sin pudor y mandan a sus trabajadores a un ERTE o al desempleo, y hasta de vacaciones sin queja alguna por parte de la Comunidad.
Como decíamos anteriormente, el gobierno regional saca pecho de su gasto sanitario. Pero para poder hacerlo no le queda otra que retorcer la verdad y los datos hasta transformarlos en una insultante mentira como se han encargado de explicar los sindicatos (aquí) y la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en múltiples escritos (aquí) o diputadas de la Asamblea como Mónica García de Más Madrid (aquí). Esencialmente, todas estas fuentes recalcan que el problema sanitario en Madrid no radica en aviones que no aterrizan como dice la presidenta, sino en aspectos estructurales, en un concepto neoliberal radical, que coloca claramente a las personas por detrás del negocio y que se ceba en el recorte de recursos humanos (personal) y técnicos (camas y medios). Hoy, como denuncia la prensa (aquí), hay alas enteras cerradas en hospitales privados que forman parte de la red pública y que hace años que ya deberían encontrase operativas, como por ejemplo sucede en el Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el Hospital del Tajo (Aranjuez), mientras otras se halla sin uso como en el Hospital del Henares.
En cuanto al dinero, el último presupuesto regional aprobado en 2019 para sanidad fue 60 millones inferior que el total liquidado, o sea gasto real, en 2017.
Pero la desastrosa gestión para la mayoría de los madrileños que lleva a cabo el gobierno que lidera el PP no se hallaría completa sin mencionar el proceso judicial abierto contra los jefes de ese partido. Un proceso por el desvío de un millón 800 mil euros en corrupción a cuenta de la construcción de los seis últimos hospitales madrileños.
Esa forma neoliberal extrema y de profundo maltrato social reservó, además de la guinda brutal de las residencias y la corrupción, una última perla esta vez destinada a la infancia. Representan el sector con menor letalidad por Covid 19, pero no son el menos castigado. De un lado, porque el cierre de escuelas y las tareas en casa debe gestionarlo cada familia por sus propios medios (ordenador, Wifi, etc.), hecho que organizaciones como la FAPA Giner de los Ríos o CCOO de la enseñanza explican que deja fuera del sistema a no menos del 12% del alumnado que carece de tales recursos. Además y debido a la rescisión de los contratos a todas las empresas que realizaban el servicio de comidas en los colegios, muchos de los niños que tenían beca comedor se han quedado sin ella. La CAM solo garantiza los menús a aquellos que son beneficiaros de la RMI en la Comunidad (un porcentaje muy bajo) y lo hace sin cumplir con los estándares de dieta saludable, al otorgar estos servicios a tres grandes cadenas de comida rápida (Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes).
Estos 15 días de segundo confinamiento acumulan ya suficientes elementos como para señalar que el reloj no volverá atrás, que nada volverá ya a ser como antes del Estado de alarma. Así que una vez éste termine, deberemos sumar, al importante dolor social provocado por las pérdidas humanas y la imposibilidad de la despedida a los fallecidos, un esfuerzo de recuperación humano, social y político. Un empeño que exigirá de la máxima unidad de todas las fuerzas para organizar un verdadero plan de rescate social que coloque, por la presión de la calle, a las personas y sus derechos en el centro de la acción política frente a los negocios y a los más ricos.
Carlos Girbau es concejal de Ahora Ciempozuelos y amigo de Sin Permiso.