El homenaje de estado a las víctimas del Covid-19 –el primero laico a pesar de la aconfesionalidad de la Constitución de 1978- ha pretendido ser un antes y un después de la gestión de la pandemia por el Gobierno de Coalición Progresista PSOE-UP.
Por detrás queda el fracaso de la ofensiva de acoso y derribo del PP y Vox del mes de mayo contra el GCP y la responsabilidad directa de la gestión de la pandemia, transferida tras el levantamiento del “Estado de Alarma” a los gobiernos autonómicos, ahora desbordados por el segundo rebrote. Las elecciones autonómicas gallegas y vascas no han supuesto un cambio en el difícil equilibrio de fuerzas estatal, pero si consolidan marcos políticos nacionales propios en las dos comunidades. A pesar del estancamiento del PSOE y del desplome de UP en ellas -rentabilizado por la izquierda nacionalista de BNG y EH Bildu-, el barómetro del CIS de julio mantiene la tendencia desde mayo: el PSOE sigue con un 32,1% de expectativa de voto a 11 puntos por delante del PP (21,2%) y UP sigue un ligero remonte hasta el 12,1%, superando a Vox (11,6%) como tercera fuerza. El apoyo registrado en mayo a las medidas contra la pandemia del GCP, no altera la fuerte polarización política en un equilibrio inestable que sigue favoreciendo al GCP.
Por delante, sin embargo, hay más de lo mismo: la crisis del Régimen del 78 y los límites que impone la mayoría conservadora y neoliberal en la Unión Europea a un programa de reconstrucción post-covid-19 “progresista”.
Las elecciones autonómicas gallegas
A juzgar por la encuesta preelectoral del CIS, la cuarta mayoría absoluta de Feijoo al frente de la Xunta nunca ha estado en cuestión ante la división de las izquierdas gallegas y su falta de un proyecto político alternativo tras el fracaso de AGE y En Mareas. Pero sí es importante el realineamiento que se ha producido en ellas.
El PSdG de Gonzalo Caballero ha perdido el liderazgo de la oposición a manos de Ana Pontón y el BNG, que ha rentabilizado el desplome de Galicia en Común, la coalición electoral en la que Podemos fagocitó a Anova, Esquerda Galega y los restos de En Marea. El PSdG ha sumado uno de los 14 escaños, el BNG ha conseguido los 13 restantes de Galicia en Común. Los resultados de las elecciones estatales de abril de 2019, que convirtieron al PSdG en el partido más votado en Galicia han demostrado ser un espejismo frente a la densidad de la red caciquil del PP gallego, que ha cerrado el paso a Vox y a Ciudadanos. La campaña de esa red caciquil ha sido la de un Feijoo centrista y galleguista no subordinado a los extremismos y españolismos del PP de Casado.
La recomposición electoral del BNG -que en las anteriores elecciones obtuvo 6 escaños- responde en primer lugar a la incapacidad de mantener el bloque de alianzas rupturista que supuso En Mareas. El papel de Podemos en el GCP le excluye de un espacio que definió políticamente Xosé Manuel Beiras y cuya ANOVA fue desplazada a los márgenes de la nueva coalición encabezada por el diputado estatal Antón Gómez Reino, aunque el referente de la campaña fuera la ministra de trabajo Yolanda Díaz. Cuatro años de crisis políticas internas han dilapidado el importante capital político acumulado en las alcaldías de Santiago, A Coruña y Ferrol.
Pero sobre todo, el desplome de Galicia en Común responde a cambios más profundos que han desplazado el eje político de las izquierdas gallegas de la urgencia de una respuesta común a la emergencia social tras la Gran Recesión del 2008 al reagrupamiento nacionalista para hacerla posible, como ha ocurrido también en el País Vasco y Navarra entorno a EH Bildu y presiona en el mismo sentido en Cataluña a pesar de la gestión de Ada Colau en el ayuntamiento de Barcelona. La crisis del estado de las autonomías, convertido en un mecanismo de presión bilateral en manos de las derechas nacionalistas, y la reacción ante la represión política del procés autodeterminista catalán, han hecho aparecer un espacio táctico, definido con gran claridad por Otegi y EH Bildu, de acumulación de fuerzas en el marco autonómico frente a la derecha nacionalista y apoyo condicionado a nivel estatal – a diferencia de la incondicionalidad de las fuerzas autonómicas de Podemos o el PSOE- al GCP. Ese es el espacio que ha sabido ocupar Ana Pontón y el BNG. No tendrá por otro lado los problemas de volver a gestionar una coalición de gobierno en Galicia con el PSdG, como en 2005-2009, rentabilizando su implantación territorial en la oposición a Feijoo, al tiempo que refuerza su capacidad de negociación para su apoyo al GCP.
Las elecciones autonómicas vascas
Con 7 puntos más de abstención que en 2016, las elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca han revalidado la actual coalición de gobierno PNV-PSE. El PNV, a pesar de perder casi 49.000 votos, aumenta en 3 sus escaños (31) y se sitúa en el 39,12% de los votos (aunque en términos del electorado suponga el 20%). EH Bildu ha sido la fuerza que más ha subido en termino de votos (23.500) como de escaños (21) y recoge 4 de los cinco perdidos por Elkarrekin Podemos (EP). El otro escaño va al PSE-EE, que se suma a los 9 con los que ya contaba (15,8%). Elkarrekin Podemos pierde el 60% de su electorado, 5 de sus 11 diputados y se coloca en el 8%.
El PP, tras Elkarrekin Podemos, es quién más votos pierde (69.000, el 53%), así como 3 de sus 9 diputados, uno de los cuales lo consigue Vox en Álava con 17.500 votos (1,9%). Ciudadanos entra en el Parlamento vasco a través de su alianza con el PP.
A pesar de que EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE suman 37 escaños, no existe una “mayoría progresista” como planteaba la campaña de Ekarrekin Podemos cara a la constitución de un “gobierno progresista” vasco. La falta de credibilidad de su propuesta y, una vez más los conflictos internos, le han causado una avería electoral de difícil recuperación. De igual manera, los posibles planteamientos de una mayoría soberanista PNV-EH Bildu con 52 escaños que pudiera continuar con los trabajos de la reforma del estatuto vasco. Lo que se ha impuesto es la formula preferida del PNV, que monopoliza la representación del gobierno vasco ante Madrid y es un socio imprescindible en el apoyo parlamentario estatal al GCP, prioridad del PSE-EE.
La consolidación de EH Bildu como segunda fuerza vasca y su hegemonía de las izquierdas no ha sido un camino fácil. Ha tenido que hacer frente a disidencias internas en su principal componente Sortu, pero sin efecto electoral, pero ha conseguido sumar a sectores vasquistas del PSE-EE y de la extinta Ezker Batua, ahora subsumida en Elkarrekin Podemos, que han facilitado el trasvase de votos hacia EH Bildu. Pero como se ha señalado antes responde a la interpretación de la correlación de fuerzas y una estrategia de acumulación de fuerzas progresiva que ha demostrado hasta ahora su eficacia, incluso en las negociaciones con el GCP en el Congreso de los Diputados.
La manifestación más irónica de esto son los resultados del PP en Euskadi, donde desde 2001 ha perdido el 81% de sus votos. Las declaraciones de Casado –“algo está haciendo mal la sociedad española”- continúan una narrativa construida por Mayor Oreja en los años de ETA, que ha intentado resucitar un candidato apolillado como Iturgaiz, acusando al PSOE de Sánchez de “blanquear” a EH Bildu al aceptar y negociar su apoyo al GCP. Ha conseguido que Vox le arrebate un escaño en Álava.
Las fisuras del Régimen del 78
De la misma manera que no se debe confundir una crisis de gobierno con una crisis de régimen, un hábito de la izquierda antifranquista, tampoco se debe proyectar la estabilidad del gobierno -por frágil que sea como la del GCP- en la del régimen. En el caso del Reino de España son dos dinámicas que se cruzan y retroalimentan, pero tienen su propia autonomía. Y las fisuras del Régimen del 78 son estructurales, como se ha podido constatar una vez más estas semanas.
El submundo de las “cloacas del estado” sigue vomitando periódicamente pruebas de su existencia, a pesar del esfuerzo del GCP de ignorarlas. O mas bien sus actuales responsables directos del PSOE, como la ministra de defensa Robles, cuando afectan al Vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. El llamado “caso Dina”, construido a partir del robo del teléfono móvil de una ex-asesora de Pablo Iglesias, acaba en un enfrentamiento entre el juez instructor y la fiscalía anticorrupción y en una campaña de intoxicación de prensa cuyo objetivo, como ha explicado en detalle Ernesto Ekaizer, es anular por contaminación el “caso Villarejo” y poner en sordina el espionaje empresarial -que afecta al BBVA e Iberdrola entre otras- y sus ramificaciones “patrióticas” contra el tesorero del PP Bárcenas, la familia Pujol o políticos nacionalistas catalanes.
Paralelamente al bloqueo por el PSOE y UP de una comisión de investigación parlamentaria contra Pablo Iglesias por el “caso Dina”, se ha conocido la compra de software israelí “Pegasus” por los servicios policiales y del estado para ampliar su programa de intercepción de comunicaciones (SITEL), con un coste anual para el Ministerio del Interior de 15 millones de euros, según el periódico El País. Los políticos independentistas afectados han anunciado sendas querellas, que amenazan con ampliar estas filtraciones, mientras van saliendo nuevos documentos secretos sobre la organización de los GAL que vuelven a apuntar al conocido “Sr. X”.
Y ¿qué hacer con el Rey emérito? Los nuevos capítulos de la saga sobre sus comisiones en supuestas operaciones de “diplomacia económica” y transferencias ilícitas de capitales solo confirman la corrupción de un “capitalismo de amiguetes” alimentado durante años y que atraviesa todas las instancias del Régimen del 78. Como ha señalado Javier Pérez Royo, es imposible separar el debate sobre la inmunidad permanente del Rey emérito del debate sobre la legitimidad de la Monarquía borbónica en el Régimen del 78. ¿Cómo se exilia sin juzgarle a un monarca dimitido? ¿No es parte de su herencia la propia transmisión biológica de la corona? Que el presidente del GCP, entre el “estado de alarma” y la cumbre europea de reconstrucción, tenga que “aconsejar” al actual Rey que separe a su padre de la Familia Real, ¿hasta que punto implica el refrendo político previsto en el art. 64, que es la base de la exención de responsabilidad y que hace responsables a los jefes de gobierno en ejercicio en el momento de los actos reales cuestionados? En estas semanas, el “alma monárquica” del PSOE ha tenido una nueva epifanía en unas declaraciones de la Vicepresidenta primera Carmen Calvo.
La oportunidad de tener que hacer frente a todo ello en medio de la pandemia del Covid-19 es una señal de hasta que punto la erosión continua de la legitimidad del Régimen del 78, a partir de las “estructuras profundas del estado”, afecta a la estabilidad y la credibilidad democrática del sistema político. Unidas Podemos se ha sumado a ERC, el PNV y otras cinco fuerzas parlamentarias minoritarias para solicitar una comisión de investigación. No prosperará y Pablo Iglesias tendrá que escuchar a Casado o a Abascal acusarle de querer ser miembro de la comisión de seguimiento de los servicios secretos por interés personal y para “destruir el estado”: su estado, evidentemente.
La segunda gran recesión y el plan de reconstrucción del GCP
El escenario más importante para el GCP tiene lugar este largo fin de semana del 17 al 19 de julio en el Consejo Europeo en Bruselas. La posibilidad de poder desarrollar su programa de gobierno dependía ya en enero de este año de una negociación en la UE sobre el Pacto Fiscal europeo. Tras la pandemia del Covid-19, la flexibilización del Pacto Fiscal para las medidas de emergencia ha trasladado la gestión de la deuda y del déficit públicos al horizonte más amplio de la reconstrucción de la economía en una segunda Gran Recesión, sin que se hayan recuperado plenamente los índices de crecimiento previos a la primera de 2008.
Las previsiones de lo que supone la crisis económica desencadenada por el Covid-19 no tienen precedentes. La producción industrial ha caído en el mes de abril en la eurozona un -17% y se espera una caída anual del PIB del 8,7%. De las grandes economías europeas, el Reino de España es la que sufre una caída más importante en su producción industrial, del 21,8%, dos puntos superior a la de Italia y uno y medio a la de Francia. El FMI pronostica una caída anual del PIB de -12,8% y el Banco de España la sitúa en el -15,1%, con un aumento del paro hasta el 23%.
La comparecencia del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ante la comisión parlamentaria de reconstrucción no pudo ser más elocuente y recogía las reivindicaciones de la patronal CEOE, reunida pocos días antes en Madrid. Un programa que se define en cuatro puntos: 1) Extensión de las ayudas públicas a los ERTE’s hasta otoño; 2) Extensión de los avales públicos del ICO hasta los 100.000 millones, es decir, el doble de los solicitados hasta ahora por las empresas; 3) Definición de un plan de ajuste post-covid-19 con recortes y aumento de la presión fiscal para hacer frente a un déficit fiscal que ha pasado del 2,8% a alrededor del 10% en 2020 y una deuda pública del 115% 4) Pacto económico y social que se prolongue varias legislaturas.
Como bien han señalado veteranos cronistas de la patronal española, como Mariano Guindal y Manel Pérez, a finales de junio, cuando comenzó la fase final de la negociación del Consejo Europeo para la Reconstrucción, la clase dirigente española aparcó la estrategia de acoso y derribo del PP y Vox y se concentró en orientar los planes del gobierno a favor de sus intereses. En un momento de parón económico sin precedentes, la gigantesca burbuja de créditos y subvenciones de los planes del GCP y europeos se ha convertido en un elemento determinante para mantener su tasa de ganancias y asegurar su supervivencia en la acrecentada competitividad y concentración que se avecina.
Ello obliga a repensar el alcance “progresista” de las políticas del GCP y de la naturaleza de su “escudo social”. Se argumenta, y con razón, que la orientación de las políticas económicas y sociales frente a la crisis del Covid-19 ha sido muy diferente de la estrategia neoliberal aplicada en la Gran Recesión y la crisis del euro en la década anterior. El trasvase directo para el rescate de la banca (40.000 millones que no iban a costar al contribuyente, como prometió en el caso del Reino de España el gobierno Rajoy) a cargo del endeudamiento público y el plan de ajuste implícito en el Pacto Fiscal europeo, ha dado paso en 2020 a una inyección sin precedente de transferencias y créditos en el marco de un nuevo “keynesianismo” cuyo objetivo es doble: relanzar la economía frente a la segunda Gran Recesión y mantener unas mínimas condiciones de paz social ante el desplome del empleo y el desbordamiento de los sistemas sanitarios y de asistencia social. Los lectores de Sin Permiso pueden seguir los artículos de Michael Roberts en este sentido, como esta semana sobre el Reino Unido, y merece la pena el de Robert Brenner en el último número de NLR sobre EEUU.
El borrador del plan de inversiones y reconstrucción del GCP prevé inversiones públicas por valor de 150.000 millones de euros para el bienio 2021-22 (6% del PIB), de los que 75.000 deberían ser transferencias europeas, con los que se pretende movilizar unos 500.000 millones de capitales privados. Como ocurrió con los fondos estructurales europeos, supone asegurar por adelantado una tasa de ganancias extraordinaria a la inversión privada. Pero sin una política industrial y sin presión sindical en la negociación colectiva, la capacidad de condicionar en término de salarios, empleos y condiciones de trabajo esta gigantesca transferencia de capital parece dudosa sin una reforma radical de la contrarreforma laboral del PP. De ahí el impacto del acuerdo parlamentario del PSOE con EH Bildu, que implicaba el cumplimiento del programa de gobierno del GCP y las diferentes lecturas de su alcance de Unidas Podemos y el PSOE.
Junto con los ERTEs, sobre los que hay consenso de patronal y sindicatos en la necesidad de ampliarlos, las restantes medidas del “escudo social” se centran en el triste Ingreso Mínimo Vital, los “bonos energéticos y de agua” y la moratoria de desahucios. El GCP puede añadir a este cumulo de medidas progresistas otras previstas antes del Covid-19 como la subida del salario mínimo interprofesional, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la estrategia de economía circular 2030, que se enmarcan en la Estrategia para el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
La UE quiere derecho de veto sobre el “escudo social” en la reconstrucción post-covid-19
Pero todo este paquete pende de tres elementos: 1) la capacidad de presión sindical, como se ha señalado antes; 2) del plan de reconstrucción europeo que impondrá el marco presupuestario y de gestión de la deuda pública, que condicionará la sostenibilidad del propio GCP; y 3) del aumento de la presión fiscal nacional, porque los fondos europeos (1,2% del PIB) no serán capaces por si solos de estimular la economía durante el tiempo suficiente ante la Segunda Gran Recesión. El primero y el tercero de estos puntos suponen un choque de intereses sociales con las clases dominantes y la patronal en el Reino de España, cuya primera víctima ha sido el impuesto sobre las grandes fortunas.
A la espera de los resultados del Consejo Europeo de Bruselas, las negociaciones han supuesto un jarro de agua para las pretensiones de estados como el Reino de España e Italia. No solo en cuanto al recorte de los fondos de transferencia disponibles en relación con los créditos (en una proporción final de 60%-40% del paquete de 750.000 millones de euros), sino especialmente en cuanto a la condicionalidad que debe acompañarlos. Un jarro de agua fría para el GCP que ha venido precedido por la derrota de la candidatura de la ministra de economía Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo, a pesar del apoyo franco-alemán.
Aquí entra en escena el primer ministro holandés, Mark Rutte, convertido en el portavoz y adalid de los llamados “estados frugales”, o “tacaños” como ha corregido algún portavoz francés. Rutte pretende determinar desde sus posiciones ordoliberales los planes de reconstrucción nacionales y el empleo de los fondos europeos en aspectos claves como la regulación del mercado de trabajo, las pensiones y otros elementos del gasto social. Se trata de una posición que ha defendido el PP de Pablo Casado, que ha hecho campaña en el PP europeo para la condicionalidad de los fondos europeos. Se reproduce así una política de reconstrucción cuya prioridad es mantener la estructura política y económica de la UE de transferencias de valor desde la periferia al centro de la eurozona, tensando los límites de legitimidad del mercado único europeo, cuyas consecuencias se pudieron ver en la crisis del euro y en Grecia.
La austeridad neoliberal conlleva inevitablemente un recorte de la soberanía democrática de los estados miembros, ejemplarmente explicitada en el reformado art. 135 de la Constitución española de 1978. La contrapropuesta de la Comisión europea, apoyada en principio por Merkel, supone la reducción de las transferencias, el recorte del presupuesto europeo en una décima del PIB y la sustitución del veto de cada uno de los estados miembros sobre las políticas de reconstrucción de los otros por un “freno de emergencia” hasta el siguiente Consejo europeo, obligando a una negociación permanente a 27. De esta manera, se pretende proyectar la mayoría conservadora y neoliberal europea a cada uno de los estados miembros, jerarquizando los intereses de las clases dominantes de la eurozona e imponiéndolos a la soberanía democrática de los distintos estados miembros. La microgestión aplicada por la troika en la anterior crisis del euro se trasladaría así al Consejo europeo.
Lo que se anuncia, a la espera de conocer los resultados del Consejo de Bruselas para la Reconstrucción, es un importante estrechamiento de los límites de actuación tanto internos como europeos del GCP justo antes de que se hagan sentir los efectos profundos de la segunda Gran Recesión desencadenada por el Covid-19. Su supervivencia política depende de encontrar una mayoría parlamentaria de apoyo a los presupuestos del 2021. Las alternativas en un sentido “progresista” (la mayoría de la moción de censura) o neoliberal (la cesión al programa de la CEOE) comienzan a ser evidentes, en una agudización sin precedentes del enfrentamiento de los intereses sociales.
Gustavo Buster Es co-editor de Sin Permiso.