Observo paneles de propaganda juvenil, valoraciones, protestas sindicales y artículos de prensa, cuantificando y limitando las muertes en el trabajo a quienes fallecieron por accidente o enfermedad en tiempo y lugar de trabajo o in itinere, por tanto, con atestado policial. Muertes difíciles de silenciar y ocultar. Pienso que contabilizar los siniestros, con independencia del criterio legal y dependencia salarial o no de la víctima, no ayuda a clarificar las causas y responsabilidades del siniestro, tampoco la necesidad de aumentar inversiones preventivas.
Evitar las muertes en accidente laboral es posible. Hay que tener en cuenta que representan una pequeña cresta del iceberg de los daños laborales y que no derivan de ninguna fatalidad o “mala suerte”, son causa de las prioridades productivas, de organización del trabajo y el ahorro en recursos preventivos a causa de la avaricia empresarial. Tristemente, las sangrientas cifras no van a disminuir salvo que las fuerzas sindicales y sociales asuman su erradicación como una tarea central y prioritaria en su acción cotidiana.
La mayoría de las muertes no son instantáneas, se producen de forma retardada, derivando de las condiciones insalubres, nocivas o peligrosas en las que se trabajó décadas atrás, hecho que favorece su invisibilidad social. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) cifra en 2.350.000 muertes anuales en el mundo a causa del trabajo, de ellas, 340.000 son por accidentes de trabajo. Cuando la Comisión Europea señala que el cáncer derivado de exposición laboral a cancerígenos es la causa del 53% de las muertes laborales, o cuando la Agencia Europea de Seguridad y Salud cifra en 120.000 canceres anuales de origen laboral en la Unión Europea, nos sitúan una realidad, mucho más grave que el representado por los accidentes laborales. Especialmente, cuando el Reino de España cuenta con los mayores índices europeos (según el CAREX, un 24%) de exposición laboral a cancerígenos.
El Consejo Económico y Social Europeo cifra en 88.000 muertes anuales por el amianto en la UE. Los datos estadísticos del 2018 informan de 42 muertes en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 8 en Navarra y 453 en el Reino de España a causa de un Mesotelioma (cáncer, cuyo origen es la inhalación de amianto). Esas son las cifras oficiales, pero la opinión de expertos señala que: “Por cada fallecido a causa de un Mesotelioma, el amianto causa otras 10 o 15 muertes más por Cáncer Pulmonar, Laringe, Asbestosis…” Una enorme catástrofe silenciada e ignorada.
Para colmo, gobiernos e instituciones continúan sordos a la petición del Parlamento Europeo de: “Erradicar los miles de toneladas de amianto instalado, cuya vida útil caducó y representa un riesgo para la salud publica y ambiental”. Tampoco quisiera que el amianto ayude a ocultar las consecuencias de otros cancerígenos, presentes en los centros de trabajo. Me refiero a: Sílice, Polvo de madera, Fibra Cerámica, Cadmio, Humos diésel, Formaldehido, Benceno, Cromo, Níquel, Hidrocarburos Aromáticos, Asfalto, Cloruro de Vinilo…, o sectores industriales de riesgo, como la industria del caucho, fundición de metales…etc. Las enfermedades y muertes por cáncer laboral, se reconozca o no su origen profesional, representa una realidad más grave que la siniestralidad laboral.
Cada vez son más las empresas enfrentadas a demandas de indemnización por daños y recargos por faltas de medidas de seguridad. Es necesario reforzar la vía de reclamar justicia y reparación por el daño causado, aunque no suficiente. Las secciones sindicales tienen que asumir el reto de revisar las Evaluaciones de Riesgos y sustancias manipuladas, especialmente, en los trabajos realizados por las subcontratas, exigiendo la sustitución de sustancias cancerígenas y peligrosas.
Trabajar sin conocimiento del riesgo, sin la protección adecuada, conlleva una condena a muerte aplazada. La enfermedad aparece años más tarde de la exposición, dificultando su reconocimiento como enfermedad profesional. La ocultación intencionada o permisiva del origen de estas patologías posibilita que otras personas enfermen en el mismo lugar, por la ausencia de medidas preventivas, o que las víctimas y sus familiares pierdan las prestaciones económicas de la Seguridad Social y la Sanidad pública se deteriore, asumiendo costes que corresponden a la contingencia profesional.
Las sentencias logradas por las víctimas del amianto, tras reclamar daños o recargos de prestaciones por falta de medidas de seguridad, ponen en evidencia que la totalidad de las empresas son condenadas por incumplir las medidas de seguridad que la legislación de la época requería. Similar circunstancia se da con otras sustancias cancerígenas.
Durante décadas se viene culpando casi exclusivamente al hábito de fumar como causa del crecimiento del cáncer en vías respiratorias y en Euskadi se ha convertido en la principal causa de muerte, pero se ignora la múltiple exposición a sustancias cancerígenas que hemos sufrido miles de trabajadores y trabajadoras industriales. No tenemos duda de la nocividad del tabaco, ni que el hábito de fumar en periodos de la vida de las personas enfermas pudo tener un efecto multiplicador del riesgo cancerígeno al que estaban laboralmente expuestos, sin la protección correspondiente. Las empresas no nos informaron del riesgo, ni siquiera prohibieron fumar en ciertos ámbitos, como la legislación requería. Por tanto, escudarse en ese hábito para eludir responsabilidades, tras décadas de incumplir normas preventivas, supone una doble burla a las víctimas, que debería rechazar la sociedad. Ya se burlaron una vez, dos veces, no lo vamos a permitir.
Jesús Uzkudun Activista social por la salud laboral