El acuerdo entre las patronales y los sindicatos para los años 2018-2020 propone aumentos salariales “en torno” al 2% y un 1% más ligado a mejoras en la productividad, absentismo y beneficios empresariales. Las partes firmantes declaran que “instamos a establecer un salario mínimo de 14.000 euros anuales”. También piden al gobierno el mantenimiento de la ultraactividad de los convenios mientras se esté negociando (la reforma laboral del PP establece que solo puede ser de un año) modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar las condiciones laborales en las empresas que externalizan la producción y otras medidas que tienen que ver con las Mutuas, la formación y la búsqueda de alternativas a los despidos cuando una empresa está en crisis.

Para enfrentar la crisis el plan de guerra de los capitalistas y los gobiernos fue reducir los costes salariales para recuperar los beneficios empresariales. La resistencia expresada en muchísimas luchas y especialmente en las huelgas generales de 2011 y 2012 no fueron suficientes y ese plan acabó imponiéndose. El conjunto de los salarios se ha reducido alrededor de un 10%, del 14% si se relaciona con la evolución de la jornada (jornadas más largas por el mismo salario y contratos más precarios) y que superaría el 23% en los salarios más bajos que son los más desprotegidos, y con mayor incidencia en lo que respecta al salario de las mujeres.

El acuerdo parece insuficiente. Del 3% que proponían los sindicatos nos hemos quedado con un aumento “en torno” al 2%. Incluso está por ver si ese 2% significará realmente una recuperación salarial. Las previsiones del gobierno del PP eran de una inflación de 1,4% para 2018 y de 1,6% para 2019, pero a mayo de este año el aumento del coste de la vida interanual llega ya al 2,1%. La tendencia inflacionista puede echar abajo los mejores deseos.

Aceptar que un aumento salarial del 1% esté ligado a mejoras de productividad, absentismo o beneficios empresariales, es entrar en un terreno más que peligroso. Muy a menudo, los empresarios entienden la productividad como una mayor carga de trabajo o un aumento de los ritmos de trabajo, o suelen relacionar la lucha contra el absentismo con trabajar, aunque se esté enfermo y olvidarse de la salud laboral.

Es muy positivo el objetivo de llegar en el 2020 a que todos los convenios colectivos alcancen, como mínimo, un salario de 14.000 euros anuales. Pero el acuerdo con las patronales solo es indicativo para la negociación de los convenios. Por eso parece quedarse corto, ya que la inflación pueda comerse los aumentos salariales y porque están por debajo del crecimiento de los beneficios empresariales y de la economía española.

Los sindicatos estaban insistiendo en la necesidad de pasar a la ofensiva en la movilización para recuperar salarios y derechos. Sin presión, sin acciones en la calle y en las empresas poco se podrá avanzar. Sólo si hay conflicto social habrá reparto y se podrá revertir la desigualdad y cambiar las leyes tan lesivas contra la democracia en el ámbito del derecho laboral. Si el acuerdo se interpreta con una actitud pasiva es más que probable que de poco de sí; si, por el contrario se utiliza como una palanca para organizar y movilizar en sectores y empresas se podrán arrancar reivindicaciones a las patronales.

El cambio de gobierno es una oportunidad para exigir la modificación de las leyes antiobreras y antisindicales que impuso el PP. El movimiento sindical tiene que tener en cuenta las mayorías o minorías parlamentarias, pero no debe supeditarse a ellas. La derogación de la reforma laboral que impuso el PP, las modificaciones legales necesarias para combatir la precariedad y el abuso en la contratación, la recuperación efectiva de poder adquisitivo, los cambios legislativos necesarios para la igualdad real de la mujer, etc. necesitan de la movilización y de la búsqueda de las alianzas necesarias con los movimientos sociales y políticos que empiecen a dar un giro a las políticas antisociales que impuso el PP.