Después de“La verdad está en marcha y nada la detendrá” escribió Émile Zola en su célebre texto J’accuse. Tardó mucho y costó reconocerse, pero llegó. En pocas semanas está previsto el inicio del juicio contra los dirigentes independentistas catalanes, cuatro de ellos en huelga de hambre. Como a Dreyfus, se les acusa de un delito que no cometieron, pero los jueces y la razón de Estado se quiere imponer por encima del respeto a los hechos y a la verdad. SP
La historia acumula muchas y grandes ignominias. Si no conocen esta historia prepárense a leer una mezcla de película de espías, de campañas de prensa con acusaciones falsas, a sabiendas que lo eran, de mentiras orquestadas, de creación de pruebas falsas, de juicios amañados y todo esto ¿para qué?: para defender la razón de Estado y el honor del Ejército. Sucedió en Francia a finales del siglo XIX y principios del XX, pero bien podía pasar en nuestros días o, mejor dicho, ¿seguro que no está pasando?
Estos fueron los hechos. En septiembre de 1894, una espía francesa descubre en la Embajada alemana de París una filtración de documentos secretos del ejército francés. Se inicia una investigación entre los oficiales del Estado Mayor para comparar su letra a la del documento. El comandante Du Paty de Clam (que tendrá un importante papel en el caso) supuestamente un reputado grafólogo, aseguró que la letra era de Dreyfus, un oficial judío proveniente de Alsacia. Sin embargo, el perito calígrafo del Banco de Francia aseguró que el documento había sido escrito por otra persona. Otro calígrafo, perteneciente a la policía, declaró que la letra del documento y la de Dreyfus era la misma. Con estas supuestas pruebas fue acusado de alta traición y encarcelado en secreto. Durante dos semanas intentaron, sin éxito, que reconociera su supuesta traición. Volvieron a llamar a otros peritos grafológicos. Uno aseguró que la letra era la misma, otro expresó dudas y un tercero que las letras eran diferentes.
Temiendo que fracasara la provocación, Du Paty de Clam informó al periódico antisemita La Libre Parole que publicó: “Alta traición, arrestaron a un oficial judío, el capitán Dreyfus. Detenido desde hace más de quince días, parece que ha cantado de plano, y el gobierno tiene la prueba de que ha vendido nuestros secretos a Alemania”. Otros periódicos, como L’Éclair, Le Petit Journal, La Patrie, L’Intransigeant, y La Croix, con relaciones directas con círculos católicos antisemitas, o Le Petit Journal, que tiraba diariamente un millón de ejemplares, y que hablaba de la necesidad de liberar al Ejército de la lepra judía, desataron una campaña de prensa, que probablemente dejaría en ridículo a las actuales, de difamación, mentiras, xenofobia y mezcla de antisemitismo y el ambiente antialemán de la época (Francia había sido derrotada por Alemania en la guerra de 1870-1871 y perdido Alsacia y Lorena). Se desató tal tormenta de injurias contra Dreyfus, los periódicos manipularon de tal manera la opinión pública que prácticamente todos lo consideraron culpable.
El 19 de diciembre empezó un Consejo de Guerra lleno de irregularidades. Se celebró a puerta cerrada, los peritos grafológicos siguieron sin ponerse de acuerdo sobre la autoría del documento y, ante el temor de que los jueces militares dudaran, se entregó al Tribunal un expediente secreto, que ni acusado ni abogado defensor pudieron conocer, sobre el que se basó la sentencia. Dreyfus fue condenado a la deportación en perpetuidad y se le envió a la Isla del Diablo, en la Guayana. La prensa celebró la sentencia, aunque algunos periódicos señalaron que había sido benevolente. La campaña de intoxicación fue tan grande que hasta el dirigente socialista Jean Jaurès se la creyó. El 24 de diciembre, dos días después de la sentencia, protestó en la Cámara de los Diputados por la benignidad del tribunal. Y el 26, en La Dépêche de Toulouse, escribió sobre la enorme “presión judía” que salvó a Dreyfus del fusilamiento. El radical Clemenceau no se quedó atrás y en La Justice del día de Navidad de aquel 1894, trataba a Dreyfus de “alma inmunda y corazón abyecto”.
¿Es justicia proteger al culpable?
Muy pocos creyeron en su inocencia, pero en marzo de 1896, el coronel Picquart, jefe del Servicio de Contraespionaje, descubre al verdadero autor del documento transmitido a los alemanes, el comandante Esterházy. Descubrir al verdadero culpable y reconocerlo significaba desmontar la campaña de prensa, poner en cuestión al Estado Mayor del Ejército que había pergeñado la provocación, a los jueces que le habían condenado y al propio gobierno que les había dado cobertura. Desde el Estado Mayor y el Ministerio de la Guerra responden: “cosa juzgada” y “lo que se hace se hace, no se vuelve nunca para atrás”. Así que, mejor seguir manteniendo la calumnia y la mentira y para evitar líos a Picquart se le trasladó a Túnez.
Sin embargo, la verdad estaba en marcha. En septiembre, la mujer de Dreyfuss pide la revisión del caso. En noviembre se publica en Bruselas el primer folleto que denuncia el caso como un error judicial. Ese mismo mes, en sede parlamentaria, el gobierno defiende la legalidad del proceso y la culpabilidad de Dreyfus. Tuvo que pasar un año más, noviembre de 1897, para que el periódico Le Temps publique que fue un error judicial. Mientras, desde el Estado Mayor se acuerda proteger a Esterházy y crear nuevas pruebas falsas. Ese mismo mes, el hermano de Dreyfus publica una carta en varios diarios en los que acusa abiertamente a Esterházy de ser el verdadero traidor. El Ejército y el gobierno se ven obligados a intervenir y en enero de 1898 lo llevan a un Consejo de Guerra. A pesar de las pruebas, en tres minutos los jueces lo absuelven. La prensa y los medios conservadores, monárquicos y nacionalistas lo reciben como un héroe.
Esa barbaridad judicial empieza a cambiar la percepción de un sector de la sociedad. El 13 de enero de 1898, Émile Zola publica en L’Aurore su famoso artículo J’Accuse. Se venden 300.000 ejemplares y se editan pasquines que se cuelgan por los muros de París. En él se lee: “En el acta de acusación no había nada. Que hayan podido condenar a un hombre basándose en esa acta es un prodigio de iniquidad. Dudo que la gente honrada pueda leerla sin que su corazón salte de indignación ni proteste a gritos al pensar en aquella desmesurada expiación, allá en la isla del Diablo. Dreyfus sabe varios idiomas, crimen; no encontraron en su casa ningún documento comprometedor, crimen; visita en ocasiones su país de origen, crimen; es trabajador, se preocupa por enterarse de todo, crimen; no pierde la calma, crimen; pierde la calma, crimen. […] ¡Hace ya un año que el general Billot, que los generales De Boisdeffre y Gonse saben que Dreyfus es inocente y han guardado para sí esa cosa atroz! ¡Y esa gente duerme y quiere a su mujer y a sus hijos!”.
El país se divide entre partidarios y contrarios a Dreyfus, más concretamente se abre una división entre derechas e izquierdas, entre monárquicos y republicanos, entre laicos y católicos, entre antisemitas o no… En julio, el nuevo ministro de Guerra, Cavaignac, declara en el Parlamento “tener las pruebas irrefutables de la culpabilidad de Dreyfus” a partir de documentos extraídos del “expediente secreto”. En agosto, Jaurès reconocerá su error y publicará en La Petite République una serie de artículos en los que resalta que “una ilegalidad violenta” había sido cometida. Los ataques de la prensa y del gobierno se dirigieron contra Zola. Lo llevaron a juicio y lo condenaron a un año de prisión y 3.000 francos de multa. Tiene que huir, primero a Bruselas y luego a Londres. El coronel Picquart, que había descubierto el montaje contra Dreyfus, es encarcelado.
Pero ya nada puede paralizar el escándalo, que pone en cuestión a la III República francesa y tiene una enorme repercusión internacional, y los jueces se ven obligados a reabrir el caso. En agosto de 1899 se celebró un nuevo Consejo de Guerra en la ciudad de Rennes. La extrema derecha nacionalista, los antisemitas y los antidreyfus desarrollaron una intensa campaña de prensa, con manifestaciones y enfrentamientos para intentar evitarlo. “La revisión es la guerra”, “si es necesario hacerla, la guerra civil, la haremos”, titularon los periódicos. Se celebró el juicio y, a pesar de todo, el tribunal volvió a condenar a Dreyfus a diez años, eso si, ahora con “circunstancias atenuantes”, evidentemente sin especificar cuales. “Res judicata pro veritate habetur” (La cosa juzgada es tenida por verdad) y los jueces vuelven a condenar por segunda vez a una persona inocente. La connivencia entre los jueces, el gobierno y los militares no dejó lugar a dudas. Zola escribió en L’Aurore: “Este proceso de Rennes será el monumento más execrable de la infamia humana. La ignorancia, la imbecilidad, la locura, la crueldad, la mentira, el crimen, aparecen aquí tan de manifiesto, que las generaciones venideras se estremecerán de vergüenza al recordar la obra de estos tiempos”.
El escándalo fue tan enorme que el gobierno tuvo que indultar a Dreyfus, pero, al mismo tiempo, declaró una amnistía para que no pudieran ser juzgados ninguno de los implicados, ni jueces, ni militares ni gobernantes. Quisieron tapar una de las más grandes ignominias de la historia. Habrá que esperar hasta 1906 para que se anule el juicio de Rennes y Dreyfus sea rehabilitado y reincorporado al Ejército. Morirá en 1935.
La razón de Estado por encima de la verdad
Todo esto sucedió durante la III República francesa, para la época uno de los países con mayores cotas de libertad. Los franceses habían acabado con la Monarquía feudal e instaurado la república, habían protagonizado otra revolución en 1848 y en 1871, la Comuna de París, intentó, por primera vez en la historia, la instauración de un gobierno de las clases trabajadoras. Pero, la Comuna de París y la derrota en la guerra con Alemania en 1870-1871 alertaron a las clases dirigentes que movilizaron a los sectores más reaccionarios para evitar nuevos estallidos revolucionarios. Las campañas contra los judíos, contra los alemanes y, por ampliación, contra el anarquismo, el socialismo y todo lo que pudiera sonar a democrático o revolucionario, se convirtieron en motivo de exacerbadas campañas políticas. ¡Como en muchas épocas lo han hechos las clases dirigentes, o como ahora se hace con los inmigrantes, o los gitanos, o, si no, igual eres bolivariano, revolucionario o independentista catalán o vasco!. Ese ambiente social y político es el que explica el caso Dreyfus. La ensayista polaco-estadounidense, Anne Applebaum, lo explica así: “La controversia posterior dividió la sociedad francesa en líneas que ahora nos resultan familiares. Los que decían que Dreyfus era culpable eran la alt-right –o el Partido Ley y Justicia o el Frente Nacional– de su época. Impulsaban una teoría de la conspiración. Los apoyaban ruidosos titulares de la prensa amarilla de la derecha francesa, la versión decimonónica de una operación de troles de extrema derecha. Sus líderes mentían para mantener el honor del ejército; los adherentes se aferraban a su creencia en la culpabilidad de Dreyfus –y su absoluta lealtad a la nación– incluso cuando esta falsedad se había revelado”.
Y lo que resulta más significativo de todo el proceso es la connivencia entre los diversos poderes del Estado, el Ejército, los jueces, el gobierno, y la estrecha colaboración, o mejor decir cobertura ideológica y movilizadora de los medios de comunicación de la época. Para ese conglomerado, lo importante era la defensa de los intereses de las clases poseedoras y todo lo que le rodea, los militares, los jueces, la Iglesia Católica, y todo era por la buena causa, aunque hubiera que crear mentiras y mantener falsedades. La justicia solo era justicia si servía para sus intereses. La verdad solo era una cosa circunstancial y subjetiva. Ahora que se habla mucho de una justicia independiente, de un juicio justo a los dirigentes independentistas, podemos mirarnos en el espejo del caso Dreyfus. Cuando estaba en cuestión el Ejército o el gobierno, la justicia se puso a su lado, no al lado de la verdad. Porque no hay una justicia, ni unos jueces, al margen de las clases sociales ni del Estado, incluso democrático, como lo era el de la III República francesa. En una situación de crisis, la justicia responde también a las necesidades de las clases dirigentes, hasta que se producen cambios sociales o hasta que la presión popular obliga a cambiar lo que antes parecía inamovible. ¿Qué pasará ante el juicio de los dirigentes de la revuelta catalana?
El caso Dreyfus ha pasado a la historia como un ejemplo de campaña ignominiosa. No ha sido la única vez y, probablemente, habrá otras cuando los poderosos vean peligrar su dominación. Un ejemplo. En plena revolución rusa de 1917 acusaron a Lenin de ser un espía alemán (no fueron originales, también fue esa la acusación a Dreyfus). Tuvo que defenderse enérgicamente, y lo peor es que todavía hoy en día hay gente que lo mantiene, y escribió: “(lo que hacen) es una verdadera dreyfusada: una campaña de mentiras y calumnias originadas por un salvaje odio político […] ¡Qué sucios deben ser los orígenes para reemplazar la lucha de ideas por las calumnias!”.
Intelectuales
Si la verdad logró imponerse fue por la reacción de mucha gente y, en particular, de un grupo de intelectuales que encabezó Émile Zola. No es muy conocido que la expresión “intelectual”, en el sentido que tiene actualmente, tiene su origen en la lucha en torno al caso Dreyfus. Lo empezaron a utilizar de una manera despectiva los antidreyfusards contra Zola y quienes defendían la inocencia de Dreyfus, y se acabó convirtiendo en una expresión de independencia de pensamiento, de defensa de derechos y libertades, de la laicidad y la igualdad, en personas comprometidas con los valores republicanos.
Además de Zola, estuvieron en la batalla escritores como Anatole France, André Gide, Marcel Proust (que retrata esa época en El mundo de Guermantes) Georges Sorel, Edmond Rostand, el poeta Stéphane Mallarmé, el sociólogo Émile Durkheim, los pintores Claude Monet y Pisarro… Y fueron contrarios, Maurice Barrès, Charles Maurras, el músico Vincent D’Indy, los poetas Frédéric Mistral y Paul Valéry, el pintor Edgar Degas y, sí, el novelista Julio Verne.
La actitud ante el juicio a los dirigentes independentistas representa también una polarización política y democrática. Como han expresado catedráticos y profesores de Derecho Penal de diversas universidades españolas, la acusación de la Fiscalía “abre la puerta a la banalización” de los delitos de rebelión y sedición, advierten que “lo único que hasta ahora ha demostrado la Fiscalía es que todas las movilizaciones realizadas sólo pretendían un referéndum a través de medios pacíficos y democráticos”. Los firmantes denuncian que “en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley, salvo que se interprete que basta con incitar al derecho de manifestación, esto es, al ejercicio de un derecho fundamental”. “Sólo –insisten- conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar el delito de rebelión o el de conspiración para la rebelión”. El manifiesto finaliza pidiendo la libertad de los presos encarcelados “por delitos inexistentes”. ¿Necesitaremos un Zola para que la denuncia llegue a todos los rincones y a todas las conciencias? ¿Necesitaremos un manifiesto como el J’Accuse para que se sepa toda la verdad?