Las conmemoraciones republicanas de este 14 de abril, con manifestaciones en Madrid y una serie de actos en Catalunya y Euskadi, coinciden con el inicio de una campaña electoral convertida en un referéndum entre democracia o reacción. La polarización derecha-izquierda opera además en el contexto de la crisis constitucional en Catalunya y el proceso contra los presos políticos independentistas.

Una victoria de la coalición tripartita de derechas supondría no solo un importante retroceso en derechos democráticos y sociales, una contrarreforma fiscal que mermaría un estado de “medio estar” erosionado por la crisis, sino la inmediata aplicación del artículo 155 y la intervención por segunda vez de la Generalitat de Catalunya. Es decir, una profundización del proceso destituyente y reaccionario del régimen del 78.

Tampoco ofrece muchos elementos para el optimismo la fórmula, abiertamente defendida por las clases dominantes de un gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos. Como hacer compatible una reforma fiscal progresiva, que aumente la contribución de los beneficios del capital -subvencionados a base de recortes de la tasa del 16% oficial- con la tasa fiscal única que defiende Ciudadanos, o los llamamientos al diálogo con el soberanismo catalán y las peticiones de aplicación del 155, solo se resolvería con un giro a la derecha del PSOE de Pedro Sánchez. Sería una mayoría absoluta que, lejos de aportar estabilidad, profundizaría aún más la crisis del régimen del 78.

En definitiva, aunque estas elecciones inciden en una disyuntiva coyuntural, en una lectura de la correlación de fuerzas inestable tras la moción de censura que acabó con el gobierno corrupto y minoritario de Rajoy, opera inevitablemente en el contexto general de la crisis de fondo del régimen del 78.

Una pieza clave de ese régimen es la monarquía. Una monarquía instaurada tras la muerte del Dictador Franco por el sangriento gobierno de Arias Navarro y antes mismo del proceso de “reforma política” de la Dictadura y la legalización de la oposición antifranquista. Juan Carlos I juró la corona ante las Cortes franquistas. Los debates constitucionales posteriores, como es conocido, se desarrollaron con la condición innegociable de tener a la monarquía como única opción y limitar la transición en su seno de un régimen “orgánico” a otro democrático, que no pusiera en discusión los privilegios y prebendas de las clases dominantes ni su hegemonía política.

Esa “linea roja” es una de las razones que hace a la Constitución de 1978 irreformable, como no sea, como puso de manifiesto la del art. 155, para asegurar los intereses de las oligarquías que controlan el estado, sus cloacas y sus consejos de administración, como ha puesto de manifiesto una vez más el caso Villarejo. Y hace irresoluble una salida pactada de la crisis constitucional en Catalunya, al excluir cualquier referéndum que no convoque el propio Rey no tanto sobre la posibilidad de una República federal o confederal como estado plurinacional, sino sobre su propia monarquía “autonómica” que no reconoce otro pueblo que el de sus vasallos.

Cuando votemos el próximo 28 de abril, para construir una mayoría de las izquierdas capaz de empujar al PSOE más allá de los estrechos límites de su socio-liberalismo, recordemos que se tratará, en el mejor de los casos, de una solución coyuntural. Que la crisis del régimen del 78 exige ir a sus causas profundas.  Y que la solución real será recuperar los procesos constituyentes, la movilización social, que confluyan en la aspiración de autogobernarnos como ciudadanos en república. r