Parece que en los últimos días los sectores políticos de derechas han descubierto la problemática de las ocupaciones irregulares de viviendas e inmuebles. Circulan diferentes videos compartidos por dirigentes de C’s y Vox, donde se visualiza la indignante actitud de varias personas que, al ocupar una vivienda, se pavonean de evitar el desahucio por su conocimiento de las leyes.
La opinión pública se calienta; todo el mundo tiene algún conocido que ha sufrido este tipo de violaciones de la propiedad privada y exige una legislación más dura que castigue estas actitudes. A raíz de la polémica, se publican estudios con datos que parecen corroborar el incremento de un problema que hace años que existe.
Soy consciente de la impotencia y problemas que generan estas situaciones al propietario/a ; la inseguridad y dolores de cabeza que pueden sufrir en el día a día los vecinos de la comunidad. Lo he vivido en primera persona y para mí fue traumático. Por mi propia experiencia y por la evolución de la calidad de vida del barrio donde vivo desde que nací, Plaza Cataluña de Salt, todo me indica que de forma intencionada, se confunde una parte con el todo y los síntomas con la enfermedad.
Defiendo el derecho a la propiedad de la vivienda, la habitual y la de vacaciones, adquirida legalmente y gestionado según sus conveniencias. Y si además se tiene la capacidad de adquirir otra vivienda, sea como inversión y obtener temporalmente unos ingresos alquilándola, mucho mejor. Este derecho, sin embargo, es un derecho compartido que no justifica excesos y actividades especulativas que dificultan y limitan el acceso a una vivienda digna de sectores cada vez más amplios de la sociedad.
Vivo en un bloque de 24 viviendas, donde una cuarta parte, propiedades de los bancos, han sido cerradas por razones especulativas. Para evitar su ocupación se han tapiado, dando un aire siniestro y marginal a todo el bloque. Esta situación genera todo tipo de actividades marginales: saqueos, vandalismo, ocupaciones no motivadas por emergencia habitacional, pequeñas mafias que se dedican a abrir y «vender» pisos vacíos, destroza los espacios comunitarios … Las acciones especulativas «fuera» de las leyes del mercado han hundido el valor de mi vivienda; es una clara agresión a mi propiedad que, al parecer, es un derecho invisible eclipsado por las leyendas urbanas y el afán especulativo de las grandes entidades bancarias.
A pequeña escala, una situación aparentemente irresoluble empieza a enderezarse, y no por la acción decidida de los cuerpos policiales, que en algunos casos se han llegado a implicar por encima de sus estrictas atribuciones, sino por la lucha de arrancar esas viviendas de la bolsa especulativa. Familias solventes que no consiguen alquilar un piso, sea por el prejuicio de los propietarios o por la falta de oferta de alquileres bajos en la zona, han acabado ocupando los pisos y haciéndolos suyos, rehabilitándolos, adecuándolos, y forzando los bancos a negociar un alquiler social.
La situación del bloque, como la del barrio no es idílica, aunque ha mejorado. El desgaste económico y emocional ha dejado tocada la comunidad, instalándola en la apatía, una actitud que ha contagiado a todo el barrio. La evolución del conflicto nos ha demostrado que no sólo es necesario incrementar las actitudes expeditivas. Si el problema no se trata de raíz, estaremos disfrazándolo trasladándolo y contribuyendo a hacerlo más grande.
Los espacios vacíos, pisos, solares, patios interiores… son el verdadero cáncer de nuestras calles; espacios donde prospera la marginalidad que enferma nuestros barrios. El derecho a vivir dignamente, a prosperar económica y socialmente, a mantener una estabilidad material en un entorno salubre, debe estar por encima de un falso derecho a la propiedad privada que justifica la conversión de nuestros barrios en una mercancía especulativa más. Es legítimo y necesario exigir una legislación que regule el mercado y la oferta inmobiliaria; que airee las viviendas y las adecue a la demanda, facilitando el acceso a los jóvenes, el verdadero potencial de municipios como es el caso de Salt.
Sin políticas sociales, regulatorias y de contención, la mano dura convertirá práctica estéril más allá del desahogo, de la visceralidad colectiva, fácilmente manipulables por intereses oscuros, que no tienen nada que ver en las necesidades del barrio.
Francesc Ortega
Vecino de Plaça Catalunya de Salt
activista vecinal