Mientras una semana más los poderes públicos siguen persiguiendo el botellón, restringiendo la movilidad y poniendo multas, el número de contagios por Covid-19 sigue escalando: ya ha llegado al medio millón. Los nervios en los grupos de WhatsApp de padres y madres o las quejas en los centros de salud representan la prueba de que la inaplazable inversión en profesores, apoyos, rastreadores, personal sanitario o servicios sociales continúa sin realizarse en la proporción mínimamente imprescindible. En tales condiciones, las exigencias de seguridad, medios y criterios pactados reclamadas por las movilizaciones del personal sanitario y las huelgas anunciadas en la enseñanza se han transformado en lo único serio que hay sobre la mesa para proteger el derecho a la educación y a la salud.

Los políticos de la derecha se mantienen aferrados a la austeridad, a los recortes y a las externalizaciones, a la par que siguen reclamando más dinero para salvar sus “business” paralizados por la pandemia. Por su parte, el gobierno de coalición progresista que dirige Sánchez no solo no discute ese modelo neoliberal extremo que dispara los contagios a la vez que se ceba en liquidar lo público (garantía de nuestros derechos), sino que, más bien parece que lo anima al aprestarse a apoyar la anunciada fusión de CaixaBank y Bankia. Esa derecha que organiza políticamente el empobrecimiento de la población a través del expolio y la utilización parásita del dinero y los medios del Estado ve en la privatización de Bankia un respaldo de oro (nunca mejor dicho) a su política neoliberal.

La fusión, por absorción, de Bankia por CaixaBank (la segunda triplica en tamaño a la primera) generaría la entidad financiera mayor del reino con 51 mil empleados y una duplicidad en oficinas no menor al 23% de la red resultante. A pesar del gran apoyo que, directa e indirectamente, reciben los bancos del Banco Central europeo, la UE y los propios Estados, la situación bancaria es complicada. CaixaBank ha ganado 205 millones de euros en el primer semestre de este año, un 67% menos que hace un año; en el caso de Bankia, sus lucros se han reducido un 64,4 % y representan solo 142 millones de euros.

Nadie duda de que habrá nuevos despidos en un sector que, en los últimos 15 años, ha perdido, según UGT, unos 100 mil empleos. Lo que en Román paladino quiere decir más desempleo y, consecuentemente, más gasto y menos ingresos para el Estado. Hablamos de más pensiones y subsidios, y de menos cotizaciones. Todo ello, por no mencionar los 24 mil millones de dinero público que costó el rescate a Bankia y del que solo se han recuperado tres mil. El mundo de los buitres financieros ya se está frotando las manos. De hecho, las acciones de Bankia y Caixabank subieron el pasado viernes.

Ellos huelen el dividendo, pero para la población no rica esta nueva fusión bancaria (en plena negociación presupuestaria) representa una renuncia al uso de una banca pública como palanca a favor del cambio de modelo productivo. Un cambio verde y sostenible, basado en el I+D+I y que se referencia en los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, la llamada agenda 2030 y el conjunto de sus 17 puntos centrados en las personas y sus derechos. Perder el control que los poderes públicos tienen sobre la cuarta entidad financiera del reino supone mucho más que perder empleos y 21 mil millones, que no es poco. Significa alejar la posibilidad de usar el dinero a favor de los derechos fundamentales que esas huelgas en enseñanza y esas movilizaciones en salud reclaman y exponen. Entregar Bankia a la usura de un puñado de plutócratas es dar más armas a quienes hoy, en plena crisis sanitaria social y económica, nos oprimen.