El régimen del 78 va de crisis en crisis. La penúltima, ayer mismo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya acordaba por unanimidad la inhabilitación para todo cargo público y por un plazo de 18 meses de Quim Torra, el president de la Generalitat. Su delito: no retirar, a instancias de la Junta Electoral Central, una pancarta en la que se pedía la libertad de los presos del procés durante la campaña de los comicios generales de abril. Afirma el tribunal de 5 magistrados a los que no vota nadie, que Torra desobedeció de manera “reiterada, recalcitrante, contumaz y obstinada” la orden de la Junta, a la que tampoco nadie vota.

La sentencia nos sirve para constatar, una vez más, que lo ciertamente recalcitrante es la actitud de la judicatura de negar, incluso bajo la autonomía acordada en el régimen constitucional del 78, el derecho del pueblo de Catalunya a gobernarse según la expresión de su voluntad en las urnas. Se constata también el obstinado criterio de los jueces contrario a la libertad de expresión.

Se trata de una sentencia reaccionaria, de tufo franquista que no ayuda a cerrar crisis alguna en Catalunya. Los poderes del régimen añaden sal a la herida de un contumaz problema político que desangra al propio régimen: su negativa, a cuenta de la oligarquía, a resolver la cuestión democrática de la relación entre los pueblos que componen el actual reino de España de manera fraternal, igualitaria democrática y republicana. Sin autodeterminación, no puede haber solución; solo más crisis política e institucional.

También con Catalunya, esta vez de fondo, y días antes de la inhabilitación de Torra, de nuevo la judicatura a la limón con el rey Felipe VI representó una nueva conspiración de opereta. Fue a cuenta de la negativa del gobierno a que el monarca acudiera a Catalunya al nombramiento de jueces. Carlos Lesmes, presidente en funciones del Consejo General del Poder judicial, órgano caducado que el PP se opone a renovar, hizo pública una llamada de Felipe VI lamentando no haber asistido al acto. Hoy sabemos que con ello ambos conspiraban contra el gobierno y contra toda posible negociación con la representación política del pueblo de Catalunya.

Por su parte, el llamado frente territorial madrileño tampoco da descanso a Sánchez y su gobierno. El tándem Ayuso-Aguado (PP y C,s) y su apuesta “trumpista” por el gran negocio a cuenta de la salud de los madrileños representa ya más que una china en el zapato del ejecutivo de coalición progresista. El domingo 27, los barrios de la capital salieron a la calle para rechazar la gestión austeritaria y neoliberal de la pandemia que decreta confinamientos inútiles, clasistas, aporafóbicos y xenófobos en cada vez más barrios populares y ciudades de la periferia trabajadora, mientras no contrata ni médicos, ni rastreadores, ni profesores, ni toma medida alguna para proteger a su población más allá de la que toma un señor con respecto a sus criados y servicio.

Existen cada vez más problemas y roces entre instituciones y se vislumbra que no van a tener solución por los cauces del régimen del 78. La Covid acelera todo mientras empobrece al conjunto de la población y destruye un endeble tejido productivo que languidece cada día más sin solución. Frente a ello, es hora de la unidad a favor de la vida, de enfrentarse a la austeridad y poco a poco y a partir del pie firme de la calle, abrir la senda a procesos constituyentes que traigan la libre fraternidad republicana que pueda sacarnos de esta ciénaga inacabable.