Alarma la actitud de la Comunidad de Madrid ante la pandemia, las declaraciones de su gobierno, su inacción, sus trampas en la estadística para ocultar una tasa de positivos que en la casi totalidad de su territorio no bajan de los 500 por cada 100 mil habitantes. Alarma a la prensa internacional y las cancillerías europeas su falta de reacción. Alarma la naturaleza comunitaria de la transmisión del virus provocada por la escasa capacidad de detección precoz, la debilidad de su sistema de atención primaria y la ausencia general de medios en el sistema público sanitario.
Detrás de la gesticulación del gobierno de PP y C’s que rige la Comunidad, se ocultan profundas razones, además de distintas peleas cruzadas, no menores, que actúan como verdaderas cargas de profundidad que afectan enormemente a las condiciones en las que vive la mayoría de población y en las que nos enfrentamos a la pandemia.
El decreto
Madrid, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Mósteles, Parla y Torrejón de Ardoz se encuentran desde la tarde del viernes 9 de octubre en estado de alarma a través de un Real Decreto firmado por el Ministerio de la Presidencia. Dicho decreto implica que los confinamientos perimetrales sobre la población de estas localidades vuelven a estar en vigor tras quedar suspendidos por unas horas por la decisión del Tribunal Superior de Madrid. Los confinamientos van acompañados de limitaciones horarias y de aforos en diversos servicios (bares, velatorios, lugares de culto, etc.). Nada nuevo con respecto al acuerdo del 30 de septiembre del Consejo Interterritorial de Sistema de Salud. El decreto de alarma se centra en la movilidad y compromete, por ser decisión del gobierno estatal, a las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de las normas que la limitan. Por lo demás, el decreto deja claro que la comunidad de Madrid es la responsable del funcionamiento de la salud en su territorio. En otras palabras, se toca la política sanitaria madrileña en lo referido a la capacidad de movimiento de casi 5 millones de sus habitantes, solo por 15 días y únicamente a causa de las altísimas cifras de contagio de Covid-19. Nada más.
Imaginemos, por un momento, que el decreto, además, obligara a lo que reclaman las asociaciones vecinales, sindicatos o colegios profesionales del ámbito sanitario para combatir rápida y diligentemente la pandemia. Es decir, a contratar más profesionales, ratreadores, a la realización de más pruebas o abrir y reforzar los centros de atención primaria que están cerrados y faltos de todo, a ofrecer alternativas habitacionales a la gente sin recursos, a mujeres o apoyo a los sin papeles. ¿Qué dirían entonces el PP, Vox y el coro mediático que los secunda?
Ciertamente, el decreto de alarma es mejor que nada y acaba de momento, si bien, no por completo, con los confinamientos perimetrales clasistas por renta y barrio (aquí ya denunciados) que el gobierno de coalición madrileño del PP y C’s había decretado y en los que no dudaba en insistir tras su pírrico triunfo judicial. Ahora bien, como medio para combatir la pandemia el decreto se queda muy, muy corto lo que, lejos de ayudar a sacar a la gente de la enorme confusión en la que se halla, la sigue manteniendo en ella.
Las jugadas de Ayuso
La idea de que la derecha madrileña fortificada alrededor del PP, pero con importantes fugas en Vox y algo menores en C’s, marcha errática en su combate contra el SARS-Cov-2 a tenor de sus decisiones y actuaciones no casa bien con su día a día. Cada paso que da el PP persigue un doble objetivo: primero, seguir apuntalando, como sea, su línea neoliberal profunda que tiene como uno de sus principios clave forzar un cambio de modelo y hacer que los seguros privados sean determinantes en la salud y en el presupuesto público. Segundo, un medio de desgaste del gobierno de coalición progresista. Para lograrlo, Ayuso no duda en cargar todo el coste económico posible al gobierno central. La Comunidad ha recibido casi 1.500 millones de euros y aún es la hora de que cuente en qué se los ha gastado. Ante la mayor emergencia sanitaria a la que se ha enfrentado históricamente, el cuadro de ejecución presupuestaria del primer semestre del año muestra un incremento de la partida sanitaria de un ridículo 1,38% (110 millones de euros); de ellos, el gasto de personal ha sido únicamente de 38 millones, el 1,06%.
Como puede verse detrás de los discursos sobre “la libertad” y del negacionismo de la gravedad de la pandemia hay un mantenello y no enmendallo de maltrato social profundo y reiterado de más de 5 lustros. Como puede verse y atendiendo a las cifras de gasto sanitario, la Covid, en principio, no es, desde su punto de vista, su principal problema. No afecta a su núcleo, sino a la vida de la inmensa mayoría de la población no rica que no es precisamente para la que gobierna. Otra cosa es que le ocupe mucho tiempo por lo desbocado de los números, sus efectos sobre los negocios y la vía de agua que le provoca en su gobierno de coalición con C’s, particularmente con su vicepresidente, Ignacio Aguado.
Pero la defensa del negocio por encima de todo no debe confundirse con la defensa de todos los negocios, sino solo de los sectores más influyentes del capital. El pequeño comercio y el autónomo no forman parte del reino de los elegidos por Ayuso. Sus políticas centradas en los contratos de las grandes empresas con la Administración, su incapacidad por mantener el tejido industrial o comercial en las ciudades, junto a las prioridades prioridades presupuestarias antes referidas así lo atestiguan. Al transferir vía estado de alarma al gobierno de Sánchez la responsabilidad de la reducción de horarios comerciales y la restricción de movimientos (la policía y las multas) carga, “sin coste alguno”, sobre las espaldas de Moncloa al menos el 50% de la culpa por la liquidación de cada tienda o pequeño negocio.
Esa política trumpista, demagógica que necesita del “todos los políticos son iguales” para avanzar, ha encontrado siempre en la judicatura un espacio básico para su desarrollo. Un hecho que, como quedó claro desde el Tamayazo, sirve para reducir el peso de la corrupción institucional que hipoteca a sus partidos y cargos. La justica representa uno de los tres pilares básicos de toda democracia y, a diferencia del resto de poderes, en el reino sus cargos no se someten a control ni elección de la ciudadanía.
“Defecto de forma” adujeron tales jueces (reservorio de conservadurismo) para anular el decreto madrileño con la connivencia de Ayuso y cargarse así la limitación de movimientos. Confinamientos idénticos viven, por ejemplo, León, Orense o Palencia, todos ellos territorios administrados, al igual que la Comunidad de Madrid, por el Partido Popular y todos ellos hijos iguales del acuerdo al que se llegó en el Consejo Interterritorial de Sistema de Salud el pasado 30 de septiembre. Ahora bien, ninguna de esas Administraciones deslizó en el redactado de sus decretos, como sí hizo la de Madrid, los errores de forma que permitieron a un tribunal, ligado claramente al PP, tumbarlos y continuar hablando así, aunque fuera por unas horas, de la “persecución que sufre la comunidad que alberga la capital” a la vez que cargaba sobre el gobierno del reino responsabilidades que no le son propias.
Salidas
La situación se va enrevesando a cada día que pasa mientras la pandemia, con sus picos y valles, se alarga y se alarga para desesperación de una población que, lejos de seguir las máximas trumpistas ha optado, con muy buen criterio, por quedarse y no salir de sus ciudades ante tres días festivos.
Como señala la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos en uno de sus tuits: “somos gente sencilla. La única noticia que queremos de la Comunidad de Madrid es que va a reforzar la atención primaria y hospitalaria y a contratar más rastreadores. Cualquier otra cosa es eludir el problema y su incidencia en nuestras vidas.”
Quién apueste decididamente por esos medios, por lo público, contra la política neoliberal extrema y austeritaria que la Comunidad sigue profundizando a través de la pandemia, reducirá el sufrimiento de la mayoría. Lo contrario, es decir, intentar salvar la salud sin tocar el modelo económico que fragmenta a la sociedad, mientras acelera su empobrecimiento, acabará liado por las jugadas y mentiras de Ayuso y se verá arrastrado, aunque sea solo en parte, inevitablemente por las mismas.
Carlos Girbau Es concejal de Ahora Ciempozuelos y amigo de Sin Permiso.