El 7 de octubre el gobierno de coalición progresista presentó su Plan de Recuperación basado en los fondos europeos. Un programa que pretende la ejecución, entre los años 2021 y 2023, de 72 mil de los 140 mil millones de ayudas previstos para el reino y de los que, 27 mil millones, empezarían ya a descontarse en el propio presupuesto del Estado del año que viene.

Para la ocasión, Sánchez movilizó a sus vicepresidentes, incluido Iglesias, y convocó a los agentes sociales. A pesar de tanto esfuerzo, los mayores titulares de ese día no fueron para él y su plan, sino para la penúltima jerigonza judicial contra el gobierno, la del juez García Castellón y su auto acusatorio contra Pablo Iglesias por el llamado “caso Dina”. Un auto por el que el vicepresidente segundo pasó de víctima a acusado. La derecha, sus jueces y sus medios de comunicación disparan contra el gobierno y con sus tejemanejes esperan de paso que la moción de censura de Vox no sea tan inútil como aparenta. Para ellos, el problema no reside en la pandemia, tampoco, en la pobreza o la desigualdad, sino en el gobierno y cargárselo representa la primera misión. Lo demás, siempre se podrá arreglar si son ellos los que están al mando de la nave. Madrid y su estrenado estado de alarma constituyen una excelente prueba de tal tesis.

Pero aquí no acabó la cosa, ya que también en esas mismas fechas, el rey Felipe acudió a Barcelona. No pudo pisar sus calles, ni hablar con sus autoridades que rechazaron la visita y reafirmaron su republicanismo. De fondo, una segunda ola de la Covid que pisa fuerte y se extiende, y ante la que un plan de recuperación, medidas presupuestarias y reformas resultan imprescindibles.

El Plan del gobierno se basa en 10 políticas que define como “tractoras” y que se presentan como la base de las reformas que deben llevarse a cabo. Sus ejes son: economía verde, lucha contra la despoblación, empleo, modernización de la Administración, digitalización, política sanitaria, etc. Viendo que el nivel de riesgo de pobreza alcanza a más de 12 millones de personas, la interinidad generalizada de la atención sanitaria, la falta de medios en las escuelas públicas o la precariedad y falta de empleo; los déficits en vivienda o la profunda desigualdad que empaña esta sociedad, en particular la que sufren las mujeres, lo único que uno puede ratificar es la emergencia, profundidad e importancia de unas reformas que se antojan imprescindibles. La primera de todas ellas es garantizar la existencia material de la población; sin ella resulta imposible cualquier otro derecho; apremia implantar una renta básica universal que la asegure frente un ingreso mínimo vital que no llega a nada ni a casi nadie. Por la misma razón, la manera concreta de evitar la despoblación y defender el futuro de la Mariña lucense es que el Estado intervenga Alcoa para proteger los empleos y que, una vez garantizados éstos, junto a los propios trabajadores, los ayuntamientos y resto de sectores definan el proyecto que permita asentar su población y otorgarle un futuro que ahora se ve amenazado. La mejor forma de garantizar los 800 mil empleos que se nos proponen, es no perder ninguno más. Igualmente, urge, para defender un empleo digno, derogar la reforma laboral de Rajoy y añadir medios humanos y técnicos a nuestra sanidad o educación. Hay mucho y es urgente. La población lo sabe y quiere ver medidas, no bienintencionados discursos. En resumen, reforzar lo público, luchar contra la pobreza y la desigualdad o lo que es lo mismo, aumentar la democracia son las claves para el éxito de esas reformas que se anuncian. Porque ya se sabe que “obras son amores…”