El pasado domingo, el Consejo de Ministros decretó un nuevo estado de alarma. Toque de queda entre las 23 y las 6 horas, cogobernanza con las CCAA, permisos para confinamientos perimetrales a la carta y reuniones limitadas constituyen sus medidas centrales. Ahora hay que llevarlo al Congreso. El gobierno quiere un estado de alarma por un tiempo largo, hasta el 9 de mayo del 2021, y ya trabaja en la búsqueda de apoyos incluido el del PP. Vox ha avisado de que se opondrá.

Un millón, y subiendo, es la cifra oficial de contagiados por Covid-19. La pandemia ataca el derecho a la vida y a la salud, y no saldremos bien de ella si no existe más gasto en proteger y asegurar ambas cosas. En eso deberían centrarse los esfuerzos del Gobierno de Coalición Progresista. El problema no se halla en los botellones, ni en más policía, sino en que no responden al teléfono en el centro de salud; falta todo tipo de personal sanitario, en particular, rastreadores; no hay médicos suficientes, mascarillas gratis, pisos para quienes no pueden confinarse en sus domicilios, más protección para los vulnerables, más transporte público, más profesores, más aulas o más sistemas modernos de filtración de aire. Claro que reducir la movilidad y los contactos es importante, pero si se acude a trabajar en trasportes atestados y se permanece horas y horas con gente a poca distancia, al final, lo único que se reduce es lo que no implica ninguna política pública, salvo el palo al desobediente. Mientras, la explotación, la pobreza y el fraccionamiento social, crecen. Necesitamos no menos derechos, sino más, mejores y muy protegidos. Debemos revertir la política neoliberal y sus recortes con dinero para sanidad, educación, vivienda y protección social públicas. El estado de alarma decretado no resuelve ninguno de esos problemas esenciales.

298 noes fue el saldo de la moción de censura de Vox; la foto del trifachito de Colón sale resquebrajada. El discurso de Casado responde a varios elementos, pero hay uno fundamental: la gran empresa se apunta a los acuerdos de “Estado”. No quieren guerras con tanto dinero flotando en el aire (fondos europeos, techo de gasto y presupuestos 2021). Calma, que la vaca sigue dando leche, afirman, porque saben que son quienes están en mejores condiciones de llevarse la mayor parte de la tostada. Vox debe continuar como subalterno, algo que el propio Abascal, desde la tribuna, aceptó. De momento, ha de conformarse con que su veneno siga condicionado, sin obstáculo aparente, el giro reaccionario, la política trumpista, de los gobiernos (PP, C’s) que apoyan en Madrid, Andalucía o Murcia.

17 mil millones para la banca. La sala de lo civil del Tribunal Supremo sentencia que no informar a los clientes de lo que les iban a cobrar por sus hipotecas IRPH, no representó un engaño. Es la Justicia a la medida de los ricos dictada por jueces a los que el pueblo no puede votar. Necesitamos una banca pública y una reforma fiscal. Redistribuir la riqueza es política progresista, aumentar la deuda pública, no.

540 niños son separados por la fiscalía de sus padres cuando llegan a las costas canarias. Se trata de racismo de Estado y un atentado a los derechos básicos. De nuevo, obra de fiscales que el pueblo no vota.

Precisamente el voto ha sido básico para cambiar Chile. Por un rotundo 78% su pueblo decidió remplazar su actual constitución redactada bajo Pinochet. Ahora se abre un proceso constituyente. Justo lo que aquí hace falta para deshacernos de la rémora franquista que protege a jueces, fiscales, policías y reyes, que recorta nuestros derechos y de los que la alarma decretada no nos protege.