La represión que no cesa. Muchos de los jóvenes que fueron detenidos en las protestas de octubre de 2018 y de 2019 está optando por admitir hechos, aunque no sean ciertos o que sean parcialmente ciertos.

Lo ha hecho, confesó unos hechos que no ha cometido. Peor aún, ha asumido pagar una cuantiosa indemnización para la reparación de los daños de una furgoneta policial que no ha dañado y una indemnización por las lesiones de un agente que cayó mientras lo golpeaba para detenerlo. Esta decisión duele en el alma de cualquiera: defender la propia dignidad y la verdad, o claudicar y comprar seguridad. Esta confesión engrosará las envenenadas estadísticas que el día de mañana serán usadas para demostrar que el sistema funciona: los cuerpos policiales redactan atestados, la Fiscalía y las acusaciones particulares sostienen acusaciones en base a estos atestados y finalmente se dicta una sentencia que cierra el círculo y valida todo el engranaje. Una vez cerrado el acuerdo, se hará un juicio, llamado de conformidad, que se reduce a que las acusaciones rebajan la penal para asegurar un no ingreso en prisión a cambio de la admisión de los hechos y de la pena por parte de la persona encausada. Nuestra confesión servirá para demostrar que los agentes policiales detuvieron a quien correspondía, que la Fiscalía y las demás acusaciones también acusaban a quien correspondía y que la sentencia ha condenado a quién era culpable. ¿Qué muestra más indudable hay que una confesión para demostrar la culpabilidad de alguien?

Las que nos dedicamos al derecho penal antirepresivo estamos asistiendo a un doloroso fenómeno que podríamos llamar suicidio procesal colectivo. Muchos de los jóvenes que fueron detenidos en las protestas de octubre de 2018 y de 2019 está optando por admitir hechos, aunque no sean ciertos o que sean parcialmente ciertos. Esta decisión no es un absurdo, sino que ha sido impulsada por el sistema. Por un lado la sentencia del juicio del Procés ha roto la confianza de una gran parte de la ciudadanía en la imparcialidad del sistema judicial. Junto con esto, los medios de comunicación han divulgado las peticiones de prisión para algunos de estos jóvenes. El resultado es que los encausados ​​y sus familias no quieren arriesgarse a ingresos a prisión que romperían sus proyectos vitales y optan por el pragmatismo, ya que ni su inocencia ni la mejor de las estrategias de defensa pueden asegurar una absolución.

La reforma del Código Penal de 2015 y sus potenciales consecuencias pasaron inadvertidas en su momento. Una de sus perversas novedades fue la incorporación de una modalidad agravada de delito de desórdenes públicos, que prevé varios supuestos como el hecho de ir con la cara cubierta, llevar objetos peligrosos o que se produzcan en manifestaciones concurridas, y que comporta una pena de 1 a 7 años de prisión. Si a esto le añadimos unos eventuales delitos de daños, de atentado a la autoridad y de lesiones, aunque sean leves, las penas pueden llegar a equipararse con las de un homicidio. Este delito no se había utilizado hasta ahora, pero la Fiscalía comenzó a usarlo en estas últimas manifestaciones, consciente de la presión que ello supone sobre los encausados. La Fiscalía no es la única protagonista de esta dinámica. La Generalitat, en nombre del departamento de Interior y de los agentes de los Mossos, es la que condiciona el cierre del acuerdo al pago íntegro de las indemnizaciones por lesiones y por los desperfectos en el arsenal policial.

Esta situación está dejando en un callejón a muchos encausados. En el caso de las manifestaciones de 2018 y 2019, muchos encausados ​​eran muy jóvenes, y está siendo su primera experiencia represiva. El sistema está configurándose de manera que sólo las personas con trayectoria política y amplio apoyo social podrán asumir el riesgo de atravesar un procedimiento judicial represivo. El resto de personas anónimas no podrán asumir la inmolación de defender sus derechos. La rabia derivada de confesar hechos no cometidos, junto con la progresiva desconfianza hacia las instituciones, puede marcar una generación. Como sociedad no nos podemos permitir que el abuso y el temor representen nuestro sistema judicial. El gobierno de la Generalitat no puede seguir formando parte de este entramado represivo y al mismo tiempo pretender seguir reivindicando un modelo de país basado en los derechos.

Laia Serra es abogada penalista.