El domingo se cumplió un año del primer enfermo conocido por Covid-19 en España; fue en Canarias y era un turista alemán. Un año después, más de dos millones y medio de personas están contagiadas; el PIB ha caído un 11%, 36 mil pymes han cerrado y no sabemos cuántas empresas más siguen vivas solo gracias a las ayudas del gobierno. Este año se han perdido cerca de setecientos mil empleos y 775 mil trabajadores subsisten pendientes de un ERTE. En diez meses hemos retrocedido cuatro años. La economía estaba reduciendo su crecimiento ya antes de la llegada del virus, pero la pandemia aceleró y agravó de manera vertiginosa la crisis sanitaria, social, económica y medioambiental en la que nos hallamos. Un 20% cayeron el comercio, el transporte y la hostelería, un 31% la cultura y el ocio, un 19% la construcción y un 4,7% la industria.
El capitalismo responde a sus crisis concentrando el propio capital, destruyendo tejido productivo no rentable y aumentando la explotación sobre el trabajador. Esa lógica implacable tiene en cada Estado su propia expresión. Un desarrollo que responde a la realidad de su tejido productivo y de su estructura política. En el reino de España ese proceso se lleva a cabo bajo las condiciones de un capitalismo de microempresa, con poco valor añadido y dominado por una desproporcionada e hiperconcentrada cabeza, dependiente y muy bien enlazada con el aparato del Estado y su presupuesto. Pero a escala internacional, el conjunto de la oligarquía y la política están cada vez más supeditadas (por su tamaño y peso) a un lugar subalterno y dependiente de las grandes corporaciones que dominan la Unión Europea; la OPA sobre Naturgy es solo la punta del iceberg. Un proceso que hará a nuestra clase dominante más dependiente y parásita y al conjunto de la población y recursos del Estado, más pobres.
Esa representación hiperconcentrada, profundamente desigual y antidemocrática propia del capitalismo del reino de España se ha vuelto a poner de relieve en la forma y distribución de los 140 mil millones de fondos europeos que se esperan. Los beneficiarios de los mismos no son el autónomo, tampoco el trabajador, ni los centros de salud o la enseñanza; son, entre otros, Agbar, Inditex, Naturgy, ACS, Repsol o el Corte Inglés.
Bajo el caduco régimen del 78 y sus instituciones, el diseño de los proyectos que se supone deben reconstruir y recomponer la economía sobre bases más sanas y ecológicamente sostenibles es, sobre todo, oro para los de siempre. En su diseño no hay nadie de la “España vaciada”, nadie de las comunidades autónomas o de la Federación de Municipios, menos aún una representación de la sociedad civil o de la comunidad científica. Ni siquiera de las pequeñas empresas o de la economía social. Solo Presidencia del Gobierno y grandes empresas.
Nada escapa bajo el capitalismo a sus leyes de hierro y a su profunda división de clases, pero en el régimen del 78 tampoco nada puede escapar a su naturaleza construida para el engorde de la oligarquía. El escudo social, como cualquier otra política de rescate ciudadano que se lleve a término sin cuestionar, sin modificar las bases de esa dominación económica e institucional que pone sordina a la palabra al pueblo y altavoz a los más poderosos, no funciona ni funcionará para la mayoría.
El artefacto institucional que soportamos muestra de nuevo su esencia por contraposición en la orden de ingreso en prisión contra el rapero Pablo Hasél y en el exilio dorado del emérito en Dubái.
Es hora de que la política de las izquierdas empiece a trabajar por deshacerse de este régimen en crisis e incapaz y para que esa nueva realidad de necesidades y exigencia de libertades y derechos encuentre el camino democrático y republicano que merece.