El 10 de marzo de 1972 la policía franquista asesinó a dos obreros de los astilleros Bazán de El Ferrol. Estaban en huelga exigiendo mejoras salariales, reducción de jornada y reconocimiento de derechos. La represión desató una huelga general en la zona y numerosos actos de protesta en toda España. Ese día se recuerda como el Día da Clase Obreira Galega. Este 10 de marzo de 2021 las comarcas de El Ferrol, Eume y Ortegal, alrededor de unos 50.000 trabajadores y trabajadoras, volvieron a la calle convocados por CIG, CCOO y UGT para protestar por el desmantelamiento industrial y la pérdida de puestos de trabajo.

En estas comarcas están anunciados el cierre de la central térmica de Endesa, la clausura de Siemens Gamesa en As Somozas, hay falta de carga de trabajo en el astillero Navantia de Ferrol y se han producido centenares de despidos en las empresas auxiliares del sector naval, como Gabadi, o ERE,s de extinción de empleo en otras empresas, como Galicia Textil, precedidos por otros anteriores como Poligal, Noa, o en la industria auxiliar naval.

Ante esta situación no existen alternativas construidas desde los gobiernos que propicien alternativas de futuro para la gente, ni siquiera en el previsible y anunciado cierre de la térmica de As Pontes donde era necesario un plan laboral alternativo a una producción energética en base al carbón sin futuro y donde nada se ha hecho.

La huelga general ha sido un éxito. Se paralizaron la mayoría de los polígonos y las empresas navales, también grandes empresas como Inditex e Indipunt, no se recogieron las basuras, el transporte público y las administraciones tuvieron un funcionamiento mínimo, tampoco estuvieron activas las cofradías de pesca y en el comercio hubo un cierre generalizado. Por la tarde, y a pesar de las medidas contra el virus, una enorme manifestación recorrió el centro de Ferrol, a la que se sumaron las reivindicaciones de otros sectores, como los de la dependencia, la hostelería, de los trabajadores de Alu Ibérica de Coruña o Alcoa en San Cibrao.

La situación de estas comarcas gallegas es extensible a muchas otras. Valga como ejemplo que el pasado 5 de marzo, la zona del valle de Ayala (Álava) donde están situadas localidades como Llodio y Amurrio, secundó un paro general de dos horas contra las amenazas de un ERE de 134 empleos en Tubacex y el cierre de Valvospain, 79 puestos de trabajo. Esto no es más que la punta del iceberg a la que hay que sumar el empleo destruido durante estos meses, los ERTE,s injustificados y la delicada situación de muchas otras pequeñas empresas, autónomos, hostelería y comercio. Los sindicatos convocantes (ELA, LAB, ESK y Steilas) denunciaron que “Nuestra comarca, sus habitantes y trabajadores nos encontramos en una situación crítica y no vamos a permitir que seamos quienes paguemos las consecuencias de esta crisis que no hemos generado” y anunciaron que esta huelga “no era el final de una campaña sino el inicio de un compromiso de lucha a favor del empleo y de una vida digna”.

La situación se está deteriorando en la mayoría de los sectores y por eso, a pesar de las dificultades, están en marcha numerosas iniciativas de movilización. El sector público vasco ha convocado concentraciones para el 17 de marzo y una huelga para el 22 de abril, que afectará al sector público autonómico, foral, municipal y estatal y a la sanidad y educación. El objetivo más inmediato es combatir la temporalidad, que roza el 40%, la mayor de todas las comunidades.

La pandemia alarmó a la población sobre la situación de la sanidad pública y particularmente la atención primaria. Los gobernantes dijeron que habría que invertir en ella, pero pasa el tiempo y no se hace nada. Madrid es un caso extremo. Según denuncian los sindicatos de médicos: “Hay un déficit estructural de más de 600 médicos de familia y 200 pediatras. Solo 29 médicos de familia han sido contratados por la Comunidad de Madrid en un año de pandemia, desde febrero del año pasado, y el balance de pediatras es de tres menos que hace un año”. Esta es la política de Ayuso respecto a la sanidad pública. Por eso convocaron una huelga indefinida en Atención Primaria desde el miércoles 10 de marzo. La Comunidad impuso unos servicios mínimos abusivos de hasta el 70% del personal, pero siguieron la huelga el 90% de los profesionales que podían participar. En una concentración realizada ante la sede de la Consejería de Hacienda se denunció que “en más de 130 centros de salud no se sustituye ni la mitad de las bajas”, que los médicos están atendiendo “hasta ochenta personas al día” y a quienes solo pueden dedicar “unos tres minutos por paciente”. La presión y el estrés es inaguantable, según una encuesta “casi la mitad de los médicos están tomando psicofármacos, ya sea de forma puntual o frecuente”. La crisis política y la convocatoria de elecciones los ha llevado a suspender la huelga momentáneamente, pero volverán.

Las insoportables cifras del paro

Estos son algunos ejemplos de movilizaciones y hay muchos otros, dispersos, pequeños por las dificultades de la pandemia, pero que muestran una tendencia que irá a más. Porque la situación es de emergencia. Los datos de empleo en el mes de febrero han sido malos y el futuro no es nada halagüeño. Un año de pandemia ha puesto todo patas arriba y frente a una crisis de esta gravedad se necesitarían medidas urgentes y eficaces.

La cifra de parados vuelve a superar los cuatro millones por primera vez desde 2016, un 23,4% más que hace un año. Además, más de 900.000 personas continúan en ERTE. El desempleo femenino es el que más sube, un 1,38%. Durante el mes de febrero, el 70% de las personas que han ido al paro son mujeres, que representan el 58% de las más de 4 millones personas desempleadas. Es un escándalo el desempleo juvenil. En febrero afectó a otros 9.280 jóvenes menores de 25 años, un 2,60% por encima del mes anterior hasta representar un 9,1% del total de parados (o 366.403). Los datos son demoledores: cuatro de cada diez jóvenes están en paro (el 40%, frente al 17% de la UE); la mayoría de los que trabajan lo hacen de forma precaria y con bajos salarios; el 77% no se han emancipado y vive en casa de sus padres. La comparativa con el resto de países europeos debería sonrojar a cualquier gobernante de nuestro país.

En cuanto al empleo, lo peor aún está por llegar. Como se puede apreciar en este recuadro publicado por la Cadena Ser hay una larga lista de empresas que ya han anunciado expedientes y despidos, y no serán las últimas.

Medidas de emergencia

Ante una situación de tamaña gravedad se necesitarían medidas urgentes, una combinación de decisiones políticas y económicas que respondan a la desigualdad, al empobrecimiento, a la precariedad y al paro. Medidas básicas como proponen los sindicatos: que se derogue la reforma laboral (muchos cierres o despidos serían más difíciles sin la actual legislación laboral); que se suba el salario mínimo interprofesional y se actualicen las pensiones.

En lo inmediato muchas decisiones estarán ligadas a la utilización del Fondo de Reconstrucción de 140.000 millones de euros de la Unión Europea. Hasta ahora ha habido muchas incoherencias sobre su utilización y gestión. Se anunció que deberían ser para inversiones productivas y orientados al cambio de modelo productivo, pero solo vemos noticias de como las grandes empresas y multinacionales se preparan para llevarse la mayor parte del pastel y no se percibe que vaya a haber un exigente control para que no se desperdicie el dinero, para que no forme parte de la corrupción o que solo sirva para destruir empleo, sanear empresas y luego venderlas a fondos buitres. Dichos fondos deberían utilizarse para inversiones productivas y ligadas a cambios que signifiquen una verdadera transición ecológica, que atiendan las apremiantes necesidades sociales y que su control y gestión sea participativo, democrático y también con intervención sindical.

Que se den pasos para la implantación de una renta básica universal para toda la ciudadanía que permita salir de la pobreza. Como insistentemente y con argumentos se ha venido defendiendo desde esta revista.

Las situaciones de emergencia social no pueden afrontarse de la misma manera que antes. La gravedad exige actuar con energía y rapidez. La negociación, el diálogo entre gobiernos, patronales y sindicatos deben servir para algo más que para alargar y adormecer la situación. Son urgentes inversiones públicas en sanidad y en salvar empleos y no es posible contentar a patronos y trabajadores. Son necesarias medidas fiscales que hagan pagar a quienes más tienen.

Y como en el capitalismo nada es gratis ni se regala, serán necesarias más movilizaciones, más huelgas generales como la de Ferrol o como la de Álava, más presión sindical y social para unir y sumar, para cambiar las políticas económicas y lograr una expresión social y política del cabreo y la desesperación que afecta a las clases trabajadoras.

Miguel Salas sindicalista y miembro del Consejo Editorial de ‘Sin Permiso’ Antón Sánchez portavoz nacional de Anova y ex diputado en el Parlamento gallego.

Jesús Uzkudun fue responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi y representa a la Asociación de Víctimas del Amianto (ASVIAMIE)