La XXIV Conferencia de Presidentes autonómicos, celebrada en Salamanca, ha vuelto a colocar sobre la mesa la crisis permanente del estado de las autonomías, uno de los pilares centrales del Régimen del 78

La ausencia de la Generalitat de Catalunya ha permitido crear la vana ilusión de un frente común anti-independentista en el que rejuvenecer el bipartidismo PSOE-PP. Le han llovido las críticas a Aragonés por aspirar a un bilateralismo en las relaciones con el estado central que es, por otra parte, la aspiración máxima de cualquier presidente autonómico.

Por otro lado, los presidentes autonómicos del PP, encabezados por la madrileña Ayuso y el gallego Feijoo, han banalizado la reunión como un “ejercicio inútil”, frente a su modelo de gestión “basado en la Libertad” y no han desaprovechado la ocasión para pretender ser alternativa.

Alternativa a nada. En su última intervención en la Conferencia, Pedro Sanchez ha ahogado las críticas con el anuncio de que las Comunidades autonómicas deberán gestionar el 55% de los fondos europeos que lleguen en 2021 (unos 9.000 millones de euros anunciados por Bruselas, pero aun no transferidos) y 3,5 millones de vacunas, que deben permitir alcanzar el 70% de vacunaciones en agosto.

La realidad es que las Comunidades Autónomas, de las que depende en buena parte la concreción del Estado de Bienestar a través de sus competencias en Sanidad, Educación y Asistencia Social, son el mecanismo administrativo mas corroído y frágil y con mayores dificultades de gestión del aparato del estado y responsable en buena parte de que la tasa de utilización de los fondos europeos sea de un mero 38%. En un marco general de urgente necesidad de modernización de la administración pública, el eslabón más débil son las Comunidades Autónomas. ¿Cómo podrán gestionar más de 4.500 millones de euros en proyectos concretos en poco más de cuatro meses que restan en 2021? ¿Serán capaces de administrar 3,5 millones de vacunas en menos de dos meses?

Como en el caso de la gestión del estado de alerta y los confinamientos, que el gobierno central delegó en las autonomías, la responsabilidad -y el desgaste político- vuelve a recaer en una red administrativa corroída por el caciquismo y el déficit financiero crónico. El Estado de las Autonomías, que estalló como sistema de financiación con la Gran Recesión de 2008, fue el principal mecanismo de aplicación de las políticas de austeridad neoliberales por el Gobierno Rajoy del PP y, con ellas, de la desigualdad: el supuesto estado de bienestar español tiene un efecto redistributivo negativo hacia los sectores de la población más necesitada, mientras que subvenciona a las clases medias.

El modelo de distribución caciquil y disfuncional de las políticas de austeridad del PP ha dado paso con el Gobierno de Coalición Progresista de Pedro Sánchez a una distribución desde arriba de fondos europeos decidida desde el gobierno central, creando en la practica una competencia entre autonomías por el volumen de los fondos y sobre todo por su capacidad de gestión. Pero sin poner los medios para hacer factible esa gestión, sin modernizar la administración autonómica y romper los intereses caciquiles que la atenazan, la delegación de responsabilidad acentúa el “bilateralismo” frente a la coordinación Inter-autonómica, como ha quedado patente en la gestión de la pandemia.

Una vez más se esta chocando con los límites estructurales de la Constitución de 1978. Su reforma en relación con la administración territorial del estado, hasta ahora fallida en el debate entre centralismo o federalismo, sigue sin resolver los problemas de fondo: la financiación de un Estado de Bienestar comparable al de la media de zona euro y con capacidad real distributiva, la modernización de la obsoleta administración pública y la cuestión nacional. Sin abordar estos temas, el Estado de las Autonomías, en crisis permanente, solo puede dar los espectáculos anodinos de las Conferencias de Presidentes, en las que al final todos aspiran a un régimen concertado como el vasco y el navarro, que son las excepciones y no la norma del Régimen del 78.