“En casa del pobre, dura poco la alegría”

Refranero popular

El 7 de octubre, el Gobierno de Coalición Progresista (GCP) aprobó el borrador de presupuestos para 2022: un pacto PSOE-Unidas Podemos que debe negociar con el resto soberanista de la mayoría parlamentaria que le sostiene, con 40.000 millones de euros en inversiones y transferencias, gracias a los fondos europeos, y 24.000 millones de gasto social. Unos presupuestos expansivos sin precedentes y con márgenes amplios para los acuerdos.

El 14 de octubre, tras el ya habitual abucheo en el desfile militar de la fiesta nacional del 12, Pedro Sánchez alcanzó un principio de acuerdo con Pablo Casado para renovar de forma bipartidista PSOE-PP las distintas instituciones judiciales pendientes de renovación, a excepción del Consejo del Poder Judicial. Y, como era de prever, ello implicaba mantener las mayorías conservadoras en los órganos esenciales, como el Tribunal Constitucional o el Supremo, a cambio de concesiones menores en las minorías progresistas de los mismos o el Defensor del Pueblo.

A pesar de algunas nubes en el horizonte -como la debilidad de la recuperación económica y las tensiones entre socios de gobierno y la presión externa de la derecha social y política para aplicar el programa del GCP-, Pedro Sánchez parecía haber alcanzado su objetivo cesarista y arbitrar desde la cumbre, con sendos pactos a izquierda y derecha, el horizonte político abierto para la mitad final de la legislatura. La crisis estructural del Régimen del 78, con su retahíla interminable de escándalos sobre el rey emérito, el vodevil de los múltiples casos Villarejo, los espectáculos de una administración de justicia caducada y esperpéntica, los flujos, reflujos y desencuentros del procés catalán, quedaba pospuesta a la distribución del maná de los fondos europeos.

Dos alternativas de gestión del régimen del 78

Si había alguna duda, la temporada de reuniones y convenciones, acabó por confirmarlo. El más importante, el 40 Congreso del PSOE, reunificaba a todas sus familias y barones tradicionales bajo la égida de Pedro Sánchez: los que habían hecho posible el gobierno Rajoy con su abstención, llevándose por delante al propio Sánchez, y los que le habían restaurado y apoyado en sus diferentes estrategias para construir una coalición de gobierno alternativa al PP y la derecha. Sánchez quedaba santificado como el único capaz de gestionar la crisis del régimen del 78 desde una lectura progresista de su constitución, es decir desde el arbitraje posible de los distintos intereses sociales contrapuestos y polarizados por las crisis acumuladas desde la Gran recesión de 2007 y del Covid-19, pero en los límites impuestos por el sacrosanto consenso de Bruselas.

Se lo había puesto fácil la Convención del Partido Popular, una encadenación de escenificaciones políticas a la americana en fines de semana, con el objetivo de centrar en el espacio político de la derecha extrema su alternativa a la coalición de izquierdas. Bajo el acoso de Isabel Ayuso, de gira por EEUU para robar cámara, un Aznar dedicado a recordar lo mucho que le queda por aprender a su pupilo y el dirigente de Vox, Abascal, que le bastó recordar las cuatro reglas aritméticas para dejar claro que el próximo gobierno de la derecha sería con él…o no sería. Entre unos y otros no dejaron duda de que su alternativa tenía diferentes lecturas, a cada cual más reaccionaria, de una gestión deconstituyente de la crisis del régimen del 78 que devolviera al armario cualquier desarrollo de derechos sociales o de descentralización administrativa a través del estado de las autonomías, a favor del reforzamiento de los pilares institucionales de la hegemonía de las clases dominantes: la monarquía, la judicatura, la iglesia. Es decir, todas las instituciones excluidas del sufragio universal por principio.

La evolución del bipartidismo PP-PSOE, apoyado previa negociación por los partidos de la burguesía catalana (CiU) o vasca (PNV) en los momentos de erosión electoral, hasta los actuales dos bloques poli-partidistas de derecha extrema y centro izquierda, con apoyo o abstención de las distintas fuerzas soberanistas vascas y catalanas, alimenta esta polarización de proyectos políticos en base al principio de la táctica del mal menor, pero siempre en el marco doble de la aceptación de los límites impuestos por el régimen del 78 y el consenso de Bruselas de la Unión Europea. Por eso, las diferencias en las encuestas, también polarizadas en cuanto a sus resultados, entre las de empresas privadas y la pública del CIS, pueden mostrar periódicamente diferencias de hasta nueve puntos, situando temporalmente a la cabeza al PP (las privadas) o al PSOE (el CIS), pero coinciden en la tendencia general de una continuada movilización del electorado de la derecha, que tiende a concentrarse en el PP y Vox, y una paulatina desmovilización de las izquierdas, con especial efecto en Unidas Podemos y el desperdigamiento en escisiones y alianzas fallidas.

Lo importante por el momento, sin embargo, es la conclusión de que descartada una gran alianza PSOE-PP, imposible en las circunstancias de la actual polarización, el reino es ingobernable sin el apoyo de las fuerzas soberanistas e independentistas, que solo pueden inclinar la balanza en un sentido. Esta es la base material de la política del mal menor de las izquierdas: el intento de una ruptura del régimen en la periferia implicaría una ruptura reaccionaria en el centro que la ahogaría, con el precedente de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Y ello, aunque hace imprescindible la presencia de Unidas Podemos en el gobierno, refuerza el cesarismo de Pedro Sánchez.

Lo que queda de legislatura como período pre-electoral

En cualquier caso, la aprobación del borrador del presupuesto por el GCP y la apertura de negociaciones entre el PSOE y el PP para la renovación de las altas instituciones judiciales, defensor del pueblo, Tribunal de Cuentas…precipitó antes de votarse parlamentariamente los primeros y llegarse a un acuerdo definitivo sobre los segundos tal estado de ansiedad preelectoral, que volvieron a dar una oportunidad de manifestarse a los “espíritus animales” de la crisis estructural del régimen del 78.

El primero de ellos, en el debate provocado al interior del GCP por las presiones externas de la patronal en relación con la derogación de la reforma laboral. Tras el discurso de Pedro Sánchez ante el Congreso del PSOE el asunto parecía zanjado y Yolanda Díaz, ministra de trabajo y candidata in pectore de Unidas Podemos, así lo entendió al celebrarlas. Pero en menos de una semana, Unidas Podemos exigía la convocatoria urgente de la mesa de gestión de la coalición de gobierno, acusando a la Vicepresidenta primera Nadia Calviño de ingerir en el diálogo social y querer coordinar a todos los ministerios implicados en la nueva reforma laboral, incluyendo Trabajo. Yolanda Díaz, en el Congreso de Comisiones Obreras celebrado esta semana, con los delegados puestos en pie apoyándola, reiteró el compromiso de cumplir con el programa firmado de gobierno y derogar la contrarreforma laboral del Partido Popular “a pesar de todas las resistencias”.

El segundo de ellos, ha sido la retirada del escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por decisión de la presidenta socialista del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Tras la condena de Rodríguez por el Tribunal Supremo por la presunta patada a un policía en una protesta social en 2014 y la sustitución de la pena de prisión por una multa de 540 euros, Batet consultó al Tribunal Supremo sobre el alcance de la inhabilitación implícita, tras un informe previo de los letrados de Cortes en el sentido de que no afectaba a la titularidad de su escaño y defendía la autonomía parlamentaria. La respuesta del juez Marchena merece ser leída, porque es toda una concepción del funcionamiento de las instituciones del régimen de 78 y su relación con la soberanía popular. Pero la respuesta de Unidos Podemos, lejos de la defensa de su diputado, fue dejarle solo en la querella por prevaricación contra Batet y la consecuencia la ruptura de este con Unidas Podemos.

Las disyuntivas de la participación de Unidas Podemos en el gobierno

El problema de la estrategia de participación de Unidas Podemos en el Gobierno es que implica la gestión cotidiana del mal menor. En nombre de él, tanto Pablo Iglesias, primero, como Yolanda Díaz, después, han marcado la línea roja de la consecución del programa de gobierno pactado con Sánchez. Pero las interpretaciones, es decir la presión de los intereses sociales contrapuestos, han sido determinantes a la hora de la redacción y alcance real no solo de las medidas del pretendido “escudo social”, sino también de la Ley de la Vivienda, la Ley de Autodeterminación de Género e incluso leyes preparadas por los ministerios socialistas, como la Ley de Memoria Democrática.

Detrás de la pérdida del escaño de Alberto Rodríguez no estaba el acuerdo de gobierno, sino el enfrentamiento con el poder judicial, que ha hecho del acoso a Unidas Podemos una de sus tácticas para debilitar e intentar fracturar al GCP. Lo que se intenta criminalizar es precisamente la memoria de la resistencia social del 15 M, como ocurre con los casi 3.000 imputados por participar de una manera u otra en las movilizaciones del procés catalán. Hay distintas versiones de lo ocurrido, pero que Alberto Garzón no lo haya entendido así y haya calificado de “acción jurídica a título personal” la querella de Rodríguez contra Batet, el mismo día que Yolanda Díaz defendía la derogación de la contrarreforma laboral del PP en el Congreso de CCOO, es un ejemplo patente de la lectura de la correlación de fuerzas de unos y otros en Unidas Podemos y su aplicación consecuente de la táctica del mal menor.

En definitiva, la operación política encabezada por Yolanda Díaz de reconstruir el espacio político electoral a la izquierda del PSOE en un “frente amplio”, del que deben quedar excluidos los “personalismos y egos”, depende ante todo del balance de la gestión de gobierno de Unidas Podemos. Y de acuerdo con las encuestas, la erosión por la desconfianza no supera aún más de tres puntos, pero es una tendencia difícil de remontar. Más cuando el funcionamiento del “frente amplio” ofertado parece excluir la democracia participativa que exigen los movimientos sociales, sobre todo tras la evolución interna negativa de Podemos a medida que se ha incrustado en la administración institucional.

Con la derogación de la reforma laboral, el proyecto más importante del ministerio con mayor contenido en manos de Unida Podemos, que cuenta con el apoyo explícito de los sindicatos CCOO y UGT, el pulso permanente en el interior de GCP parece haber tocado hueso. Pedro Sánchez tendrá que arbitrar entre Nadia Calviño, que expresa los intereses de las distintas patronales que se han levantado del diálogo social en este tema, y Yolanda Díaz, de cuyo balance político en este asunto depende en buena parte la credibilidad de su proyecto de “frente amplio”, y el apoyo activo de los sindicatos al GCP. Antes de que se hayan aprobado los presupuestos, el escenario político de la larga precampaña electoral de las izquierdas puede acabar siendo la derogación de la reforma laboral.

Su resultado puede ser esencial ante las políticas de ajuste anunciadas por la Comisión Europea para los presupuestos de 2024. Sin recuperar la capacidad de negociación colectiva mermada por la contrarreforma laboral del PP, los sindicatos no contarán con los instrumentos necesarios para defender los salarios y luchar contra la precariedad. Y un cambio sustancial negativo de la correlación de fuerzas entonces puede desarticular la base social de las izquierdas y hacer imposible una coalición electoral como la que hoy existe.

Gustavo Buster es co-editor de Sin Permiso.