Una cadena de decisiones judiciales en las últimas semanas ha vuelto a situar en primer plano la grave crisis que atraviesa el poder judicial y la administración de la justicia en el Reino de España.
La puesta en libertad de los miembros de la autodenominada “Manada” roza la provocación y ha desatado una comprensible movilización por los derechos de las víctimas de la violencia de género. El art. 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “si fuera condenado el investigado o encausado, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando esta hubiera sido recurrida”. No existe, por lo tanto, fundamento jurídico alguno para la decisión adoptada por el tribunal. La única posible explicación hay que buscarla en los prejuicios ideológicos de quienes han intentado rebajar la gravedad de los hechos juzgados calificando una violación en grupo en mero “asalto” sexual.
Dadas las deficiencias en la formación de jueces y fiscales en lo relativo a los delitos relacionados con la violencia de género, denunciados desde hace años por el movimiento feminista, cualquier cosa era esperable. Pero la falta de credibilidad jurídica de las sentencias y decisiones judiciales no se limitan a este campo. Se trata en realidad de un problema muy generalizado, como se ha podido constatar, por poner algunos ejemplos, en el caso Noos -que afecta a exmiembros de la Familia Real-, el laberíntico procedimiento de los distintos casos de corrupción del PP, en el archivo de la querella por el proyecto Castor contra cinco ministros de Zapatero y Rajoy, el rechazo por el juez de la petición de la fiscalía anticorrupción de imputar a Rato por comisiones cobradas en Bankia, o la dureza por otra parte de la condena en el caso de las agresiones contra miembros de la Guardia Civil en Altsasua….
Hay muchas razones para esta generalizada disfuncionalidad de la administración de justicia. En cualquier otro estado miembro de la UE la reciente huelga de jueces y secretarios de tribunales, aún bajo el Gobierno Rajoy, hubiera supuesto un importante aviso sobre las condiciones materiales en las que se supone que se ejerce justicia. La administración de justicia en el Reino de España responde a un modelo organizativo del siglo XVIII que, con el régimen del 78, lejos de haberse modernizado, ha acentuado sus caracteres más retrógrados y clasistas.
La administración de la justicia, el poder judicial que estructura su autonomía, los altos cuerpos de funcionarios que los componen no responden a ningún criterio democrático. El poder judicial responde a un reparto de cargos en la composición de sus órganos entre organizaciones corporativas que responden al bipartidismo político en crisis del régimen del 78 y que, además, el PSOE cedió en buena medida a PP. El origen social de jueces, fiscales y secretarios de juzgados responde a una minoría que no representa ni el 20% de la población del país. Y su ideología conservadora, reforzada por unos códigos y una formación aún más conservadores, hace mucho tiempo que no se corresponden con el sentido de la justicia, la visión de la realidad social y la aspiración al bien común de la mayoría de los ciudadanos, en cuyo nombre constitucionalmente actúan los tribunales.
Para los marxistas, el carácter de clase del aparato del estado y, muy especialmente, de la administración de la justicia aparece como una verdad evidente. En el caso del Reino de España, además, acarrea por su rancio conservadurismo y su carencia de medios, graves disfuncionalidades sociales, políticas y económicas.
¿Es posible una reforma de la administración de la justicia que permita su democratización, su sometimiento a la soberanía representada en las instituciones parlamentarias, su modernización técnica? La respuesta es, no. Y ello es otra de las causas de la crisis estructural del régimen del 78, más aun cuando los gobiernos centrales y autonómicos del PP han hecho de la judicialización de la política una barrera defensiva ante la perdida de su mayoría electoral.
El escándalo de la “Manada” ni es el primero ni, desgraciadamente, será el último.