Las imágenes de bebés muertos en brazos de los guarda costas libios y de refugiados descalzos corriendo entre las rocas de la costa cercana a Trípoli muestran que lo acordado dos días antes no garantiza la vida de las personas que huyen de la guerra ni sus derechos. Tampoco que sirva para ordenar el flujo de refugiados en el continente y menos aún para certificar la supuesta seguridad que se persigue con ello.
Muchos eran los temas que había de tocar la cumbre, pero nada nuevo y distinto acabó resolviéndose: reglamento de Dublín, movimientos de refugiados dentro de la UE, política común de asilo, llegadas de pateras y situación en el Mediterráneo. Los jefes de Estado y de gobierno que suscribieron el acuerdo del Consejo conocen y reconocen también, como demostró el tono de sus declaraciones posteriores, que lo firmado solo profundiza y avanza en la ya reconocida crisis en la UE. De hecho y desde hace lustros, el denominado “control de los flujos migratorios” que rige los pasos de los diferentes gobiernos de la UE independientemente del color político que posean, se han saldado con una clamorosa falta de éxito.
El documento final de la Cumbre y los datos que recoge podrían, aparentemente, contradecir esa percepción de fracaso al señalar que el flujo de llegadas al territorio UE se ha reducido en un 95% en relación con 2015. Decimos podrían, porque el texto menciona a la vez que nos hallamos ante un nuevo repunte de las cifras. Lograr durante tres años una reducción de solicitudes de protección y llegadas solo ha significado transformar el Mediterráneo en una enorme fosa común para más de 33 mil personas y convertir la frontera sur europea en la más peligrosa del mundo.
De lo anterior se concluye que la única forma que han “encontrado” en estos años los gobiernos de la UE para minorar temporalmente las llegadas ha sido saltarse leyes, provocar muertes y establecer acuerdos con terceros países que como Turquía o los señores de la guerra libios. No existe balance en el texto de la cumbre del precio pagado y de la realidad mortal y profundamente antidemocrática que se ha generado. Bien al contrario, esta vía brutal de ejercer el control fronterizo se mantiene y ratifica en el documento final que establece la liberación de nuevas partidas de dinero con 3000 millones de euros para Turquía y 500 millones para el fondo fiduciario de emergencia para África. El documento afirma que es necesario acelerar los retornos de aquellas personas que no puedan solicitar protección internacional, a los que tilda de inmigrantes ilegales, como si los solicitantes susceptibles de protección internacional pudieran salir “legal y tranquilamente” de los países que los que huyen.
A estas alturas, resulta conocido que las devoluciones son, muchas veces, simplemente inaplicables. Por un lado, porque los Estados que, supuestamente, deben acoger de vuelta a los retornados no desean reconocerlos como propios; por otro, porque en el seno de la UE no funcionan los traslados. Y finalmente, porque existe resistencia de los afectados. A pesar de todo, la Unión destina más fondos dentro de las partidas para el asilo y el refugio a la devolución de personas y al control de fronteras que a la acogida como tal. Por ejemplo, entre 2007 y 2014, el Reino de España asignó 9 veces más dinero al retorno que a las llegadas. En 2015 La propia UE, en el momento máximo reciente de arribos por Grecia e Italia, recibió a un millón y medio de personas, lo que no le impidió, a la vez, dictar más de medio millón de órdenes de expulsión. Sin ir más lejos, y tal y como asegura Christine Petre, portavoz de la OIM en Libia, cerca de 10.200 inmigrantes han sido llevados de regreso a Libia en lo que va de 2018, más de 2.000, la semana pasada.
La devolución representa un mecanismo perverso, muy caro y que no funciona. Ante la incapacidad de efectuarla en más del 50% de los casos, miles de personas se ven abandonadas en el más absoluto limbo legal y, en consecuencia, quedan en manos de las redes ilegales, que, cínicamente, se afirma querer combatir. La persona afectada por estas órdenes se halla sin papeles y, en consecuencia, sin posibilidad de obtener mínimos para su supervivencia, ni casa, ni trabajo, ni salud, ni un simple teléfono móvil puede ser por él usado si antes para ello no recurre a medios ajenos a la ley para conseguirlo.
La Unión, que ve como desde hace tiempo ni siquiera el reglamento de Dublín le resulta aplicable en estricto senso, va a estudiar el establecimiento de plataformas regionales de desembarco de personas inmigrantes. En román paladino ello implica la creación de nuevos centros de internamiento en los que se impedirá la movilidad de las personas solicitantes. Se construyan donde se construyan y los pague quien los pague, voces autorizadas ya sostienen que tales centros pueden hallarse en abierta contradicción con la propia convención de derechos de las personas refugiadas.
La declaración final de la cumbre también asegura que se podrán medios para “desbaratar los incentivos que empujan a las personas a embarcarse”. A la luz de lo decidido, solo podemos concluir que tal afirmación no es cierta. Resolver los problemas que implica la migración masiva de personas en todo el planeta, incluida Europa, no pasa por vulnerar los derechos que impidan su circulación, sino por profundizarlos, o sea por tocar elementos claves de una globalización capitalista que agrava las desigualdades y extiende la violencia en todas sus facetas. Hoy ese movimiento poblacional, consustancial y estructuralmente unido al capitalismo, no pasa sobre todo por Europa y los EEUU, sino por los países empobrecidos que soportan más del 86% de los cerca de 70 millones es personas refugiadas que existen en el mundo.
Carlos Girbau