Recordemos que para echar al PP se necesitó el voto de las izquierdas de todo el Estado, PSOE, Podemos, En Marea, En Comú Podem, Compromís, ERC y Bildu. También el apoyo de los representantes políticos de la burguesía vasca, PNV, y catalana, PDCat. Se produjo una alianza, por más que sea circunstancial, entre todas las izquierdas (las moderadas, las transformadoras y las independentistas) y los partidos de la burguesía catalana y vasca. Una buena alianza para un fin concreto: desalojar al PP de La Moncloa.
Los socialistas, que hasta pocos días antes acusaban a los independentistas catalanes y vascos de todas las barbaridades posibles, no tuvieron ningún problema en aceptar sus votos para derrotar a Rajoy. ¡Bien hecho! Esperemos que sirva de lección para el futuro, al menos respecto a las barbaridades. En mayo, Sánchez acusaba a Torra, president de la Generalitat, de “racista y supremacista” y en este mes de julio se ha reunido con él para dialogar sobre Catalunya.
Quienes soportaron la aplicación del 155 en Catalunya, apoyado por los socialistas, también consideraron que lo mejor era sacar a M. Rajoy de en medio y por eso votaron a Sánchez sin condiciones. El diputado de ERC, Joan Tardà, lo dijo bien claro: “Nuestro voto no es de apoyo a Sánchez, es de rechazo a Rajoy”.
Derechos sociales y nacionales
La configuración del Estado español hace imposible que en el debate político y en la movilización social exista solo el dilema entre derecha e izquierda, entre explotadores y explotados. La existencia de varias naciones en el Estado implica que también está presente el problema democrático nacional, que a menudo se enmascara bajo la denominación de conflicto territorial. Y no solo por el actual conflicto catalán, sino que ha sido y será hasta que no se resuelva democráticamente, uno de los problemas agudos en las crisis políticas de la historia de España, tanto en el siglo XX como en lo que llevamos del siglo XXI. El agotamiento del actual Estado de las Autonomías y los continuos conflictos por su reparto presupuestario es otra expresión de ese problema. La lucha de clases no se expresa solo por el enfrentamiento entre burgueses y clase trabajadora, sino que arrastra los problemas no resueltos del desarrollo histórico del Estado español.
La derecha centralista lo ha interpretado bien y lo ha utilizado ventajosamente, unas veces para enfrentar a los pueblos entre sí y otras para comprar a las burguesías catalana o vasca para sus necesidades de gobernabilidad. Lamentablemente, la izquierda se presenta dividida frente a este problema, el PSOE tiene una posición centralista y antidemocrática, como se ha visto con su apoyo a la aplicación del artículo 155, Podemos e IU apoyan el derecho a decidir, aunque muchas veces con la boca pequeña y no suelen ser partidarios de aliarse con las izquierdas soberanistas o independentistas catalana, vasca o gallega. Lo que sugiere la votación que echó a Rajoy es que una sólida alianza entre todas las izquierdas es el punto de partida para cualquier cambio de izquierdas y democrático.
Desde la transición, el Reino de España ha necesitado una alianza política entre la burguesía española y/o la burguesía vasca y catalana para mantener la gobernabilidad del Estado. Salvo los momentos de mayorías absolutas, todas las legislaturas han necesitado el apoyo de la burguesía catalana (CiU) o de la burguesía vasca (PNV) para lograr una cierta estabilidad. Incluso cuando hubo mayorías absolutas, del PSOE (1982-1989) y del PP (2000-2004 y 2012-2016) fue necesario el apoyo de CiU y/o PNV para la aprobación de numerosas leyes.
Pese a lo que diga el PP y C’s, el Reino de España es un Estado en el que coexisten diversas naciones, España, Catalunya, País Vasco y Galicia. Un Estado que aparenta mucha fuerza, basada en la Monarquía, el Ejército, la Justicia y en cierta confianza de la población, cada vez menor, pero con una burguesía y un aparato del Estado que no tiene capacidad de gobernar por sí mismo, sino que necesita de la alianza con las burguesías de los territorios que no quiere reconocer como naciones y a quienes impide ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Es una de las contradicciones profundas de este régimen.
Cierto que las burguesías, sean española, catalana o vasca, suelen ponerse de acuerdo, especialmente en las políticas económicas y en la defensa del orden, pero a veces entran en disputa entre ellas, ya sea por el reparto de los Presupuestos del Estado, por la presión de sus pueblos o por crisis políticas. Por ejemplo, durante la etapa en la que hubo terrorismo en el País Vasco el aliado predilecto para la gobernabilidad era la Convergencia de Pujol. Cuando la rebelión catalana ha puesto en crisis al Estado, el PNV salvó por dos veces al PP aprobando sus Presupuestos, hasta que ya era imposible darle un nuevo apoyo y le dejó caer.
Por definición, las izquierdas luchan contra las derechas, tanto la española, como la catalana o la vasca, con la excepción del PSOE que suele pactar con cualquiera de ellas. Acordó con el PP la reforma de la Constitución para pagar primero a los bancos o apoyó la aplicación del 155 en Catalunya. En el País Vasco, apoyó los Presupuestos del PNV y en Catalunya, antes de la crisis actual, era normal hablar de la socio-convergencia.
Riesgos
Hasta ahora hemos analizado la situación solo teniendo en cuenta la aritmética parlamentaria, que, de una forma u otra, es un reflejo, a veces deformado, del espíritu que hay en la calle, de su movilización y sus exigencias. La calle estaba harta de las políticas del PP y de su corrupción y parafraseando a Cicerón se preguntaba: ¿Hasta cuándo abusarás, Rajoy, de nuestra paciencia? La votación parlamentaria fue la respuesta.
La salida del PP del gobierno es una expresión del agotamiento de la alianza entre el PP, y lo que representa socialmente y en el aparato del Estado, con la Monarquía. Como se expresa en la crisis sucesoria del PP y también en la desorientación de C’s. La rebelión catalana y la intervención de Felipe VI tras los acontecimientos del 1 de octubre puso al descubierto, por si alguien tenía dudas, que el régimen actúa de parte y que se apoyaba en las políticas antisociales del PP y antidemocráticas en lo que respecta a Catalunya. ¿Quizás la Monarquía ya no representa esa especie de consenso social que parecía existir desde la Transición? El relevo de Juan Carlos I ya tuvo que hacerse para evitar una crisis mayor. La condena de Urdangarin y sus manejos, en los que parece evidente que participaban o controlaban gente de la Casa Real, o las recientes informaciones sobre operaciones fraudulentas o de blanqueo de dinero de Juan Carlos I, es leña añadida a esa imagen del régimen en la que la corrupción aparece en prácticamente todas las instituciones. Quizás, como en Catalunya se está planteando, habría que poner en marcha un movimiento republicano para cambiar el régimen político y poner en práctica políticas sociales favorables a las clases trabajadoras y democráticas, incluyendo el derecho a decidir.
Uno de los riesgos de la actual situación es que el PSOE intente rehacer una nueva alianza con la Monarquía. No sería la primera ocasión. Durante todos estos años desde la Transición el PSOE ha sido uno de los más activos sostenedores del régimen heredado del franquismo. Por eso, para cambiar radicalmente las políticas antisociales del PP, para que haya una profunda regeneración democrática en las instituciones y una salida democrática para Catalunya, Euskadi y Galicia… se necesitaría poner la república en el primer plano de los objetivos políticos. Y, sobre todo, reforzar todas las luchas y los movimientos sociales que son la base real para todo tipo de cambios políticos y sociales.
Alianzas
Aunque aún faltan unos cuantos meses para que se abra un nuevo proceso electoral, elecciones municipales, europeas y en numerosas autonomías, el debate sobre las alianzas y las candidaturas ya está en marcha. Las anteriores elecciones, especialmente las municipales, representaron un éxito importante cuando candidaturas por el cambio se hicieron con las alcaldías de Madrid, Barcelona, Santiago, Cádiz, Pamplona, Zaragoza, etc. Profundizar y ampliar el éxito de esas candidaturas, teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades, es imprescindible.
Evidentemente, la campaña municipal debe concentrarse en las alternativas que se presentan a los vecinos, pero las ciudades y los pueblos no viven al margen de lo que pasa en el conjunto del país, por eso será importante su relación con la situación general. La “sugestiva votación” a la que nos venimos refiriendo podría servir para escenificar potentes alianzas de cambio, de ruptura, de una perspectiva republicana en los municipios. Por ejemplo, en Catalunya se debate en algunos pueblos y ciudades la posibilidad de presentar candidaturas republicanas que incluyan independentistas y soberanistas. Una buena iniciativa que esperamos tenga eco.
Sin embargo, en Barcelona, diversos sectores del independentismo de derechas están presionando, parece que sin demasiado éxito, para presentar una candidatura única independentista contra Ada Colau.
En Galicia, con el importante éxito de las Mareas que se impusieron en Coruña, Santiago y Ferrol, se ha vuelto a abrir el debate sobre si deberían formarse solo candidaturas nacionalistas o de alianza entre nacionalistas y fuerzas de carácter estatal. La votación que echó a Rajoy vuelve a ser indicativa del tipo de alianzas que se necesitan, lo más amplias posibles, con la perspectiva de cambio social y de reconocimiento del ejercicio de los derechos nacionales, para derrotar a la derecha y abrir un período de ruptura y de consulta al pueblo sobre todos los problemas que le conciernen, también el del régimen político.
Si una alianza compleja y circunstancial permitió sacar al PP del gobierno, ¿por qué no profundizar en esa vía para abrir espacios de ruptura, constituyentes, republicanos?
Miguel Salas