Que 8.000 mossos y 1.000 policías nacionales, más del doble de las fuerzas que tomaron Madrid con ocasión de la copa Libertadores de fútbol (75.000 personas), vayan a velar por la tranquilidad de la última reunión del año del Consejo de Ministros (unas 50 personas entre ministros y acompañantes), ya nos indica que el viaje a Barcelona no parece preparado, a estas alturas, para arreglar las cosas. La gente espera diálogo, pero con tanta protección policial, con tanto reparo, la cosa no pinta bien.
Sánchez intenta camuflar la dureza del Estado borbónico, la fuerza bruta de policías y cárceles, y la menos evidente de las resoluciones judiciales y procedimientos, con anuncios como la subida del salario mínimo que, no por imprescindibles, dejan de representar poco más que una hoja de parra con la que tapar las vergüenzas del régimen del 78. Un régimen y un entramado legal incapaces de resolver los serios problemas de empobrecimiento que sufre el 21,5% de su población, el desempleo crónico de cerca del 20%, la despoblación de más del 50% del territorio, los desahucios, la desigualdad galopante, la opresión sobre la mujer o la deuda del 100% del PIB que beneficia a la banca y los rentistas. A una década del estallido de la crisis y tras 4 años de recuperación y crecimiento económico, los pensionistas continúan llenando calles exigiendo blindar una pensión digna, los sanitarios y profesores se movilizan y el tejido productivo junto con los salarios, siguen retrocediendo. No es por el camino de una constitución agotada e incapaz de satisfacer a la mayoría como vamos a lograr resolver ni la pobreza ni la cuestión nacional en el reino.
Por su parte, el president de la Generalitat catalana, Quim Torra, prefiere dibujar escenarios para la independencia. Vías que se quedan cada vez más vacías y alejadas de una sociedad que, únicamente, puede ver la imprescindible república que se anuncia como un paso práctico y cierto en la mejora de sus condiciones de vida. Sin esa mejora real, sin ese avance material en la libertad efectiva de la mano del fin de los recortes que impusieron el PP y CIU, todo lo demás queda en una nebulosa y no gana la imprescindible mayoría social necesaria para imponerla.
Sánchez logró su acceso a la Moncloa al sumar el desigual grupo de todas las fuerzas políticas que, de una u otra manera, marcaban los límites del régimen constitucional, que desnudaban sus incapacidades, que señalaban la necesidad de ir más allá. Todas esas fuerzas querían más libertad y más peso de la gente y de sus necesidades. Un espíritu republicano resumido en el derecho a decidir de la población sobre todas las cuestiones que le afectan. El diálogo es imprescindible para encarar positivamente la situación política y dentro de ella, la situación en Catalunya. Pero como demostró el éxito de la moción de censura, ese diálogo solo puede avanzar si parte de romper con la herencia del PP, con todo lo que Rajoy representó, empezando por el 155, siguiendo por las leyes mordaza, la lucha por la igualdad, los derechos de los refugiados, las pensiones, la sanidad o la reforma laboral. Todo lo que no se inicie a partir de esa nueva realidad que se dejó entrever esos días de la moción, hará imposible los acuerdos.
Entenderse es lo que la población espera de Sánchez y Torra. Pero para ese entendimiento es necesario que Sánchez mire a quien le dio la investidura. Solo habrá una verdadera mejora social y política si se avanza hacia la libertad que nos aparta del empobrecimiento, la desigualdad, el poder de la banca o la corrupción. Una libertad republicana construida contra los recortes sociales y sobre la garantía de los derechos para la mayoría, incluido, de manera inexcusable, el derecho a decidir de los pueblos del reino.