Desnudado de toda demagogia electoral, el pacto de gobierno de la derecha tricéfala (PP, C’s y Vox) que desalojará al PSOE de Susana Díaz del gobierno de la Junta de Andalucía se reduce a pocas cosas, pero claras. Por un lado, profundizar las políticas neoliberales en todos los frentes en los que sea posible, blindando los privilegios de los más ricos y sus sectores afines (iglesia católica), a la vez que tomar al asalto y malbaratar el presupuesto público, transformado los servicios en áreas de negocio para los grandes capitales, cerrando servicios, privatizando y vaciando la recaudación por la vía de las exenciones fiscales. Los modelos de Madrid, Valencia, Baleares o Murcia dan la pauta.
Por otro lado, arremeterá contra la igualdad. Se quiere, sin disimulo, emplear las instituciones, incluido todo el aparato legal, judicial y represivo, como un ariete especialmente contra las mujeres (más del 50% de la sociedad) atacando las escasísimas medidas que las protegen contra la violencia machista y rechazando el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Pero también buscan acabar con la igualdad en las escuelas o ante la diversidad de modelos de familias y convivencia. Paralelamente, ya se anuncia la vulneración de las obligaciones legales de acogida a las personas refugiadas e inmigrantes que arriban a las costas del país.
Para acabar, no se le escapa a nadie que con este gobierno se pretende desgastar a toda la izquierda y sus plurales discursos a través de lanzar reproches constantes al gobierno socialiberal de Pedro Sánchez.
Semejante panorama preocupa no solo a la izquierda sino también al resto de fuerzas que, sin serlo, apoyaron la moción de censura que desalojó a Rajoy. Y no es para menos. Ocho meses después de aquella moción, todas las encuestas señalan que el tridente de franquistas, franquistas reconvertidos y amigos del IBEX tiene movilizados tres millones de votos más que las izquierdas. Las próximas citas electorales de mayo pueden marcar un giro nada deseable, pero ante el que no se sabe muy bien cómo responder.
El plan del tridente consiste en intentar congelar la lenta pero evidente crisis del régimen del 78 y su orden constitucional-monárquico sobre la base de encoger, sin miramientos, la democracia, aumentar la desigualdad, fragmentar más la sociedad y repartir palos a todos aquellos que no lo compartan (155 eterno, leyes mordaza y cárcel).
El plan de la izquierda contra esa involución generalizada, solo puede nacer de un doble camino: el de la acción en la calle y el de las alianzas políticas. En el primer campo, resultan muy positivas las noticias de movilizaciones que se van surgiendo: las de las mujeres del próximo 15E, especialmente en Andalucía, las de los pensionistas, la exitosa manifestación por el acercamiento de los presos vascos el fin de semana pasado en Bilbao, la huelga feminista para el 8 de marzo y el plan de movilizaciones sindicales que coincidirá con ésta última, pero que ya arranca con una asamblea en febrero y con el esfuerzo salarial en la negociación colectiva.
Ese frente de movilización de unidad y de acción en la calle se presenta como básico para despejar mentes, a la vez es esencial un campo de alianzas que permita trabajar por la mayoría que abrió la puerta al entierro del gobierno Rajoy y que actúe de base para el cambio real y profundo necesario en las políticas del reino. Una alianza plural y diversa que, para avanzar, debe ir más allá del régimen del 78 y su constitución. Sólo en ese marco dominado por el desarrollo general de la democracia, por el espíritu republicano y por el derecho de autodeterminación podrán las izquierdas sociales y políticas y las opciones defensoras del derecho a decidir hacer de su acción de calle una alternativa. Los presupuestos 2019 que se acaban de presentar representarán un test, al menos parcial, para ver si es posible lograrlo.