Juicios para la historia (y VIII). Fidel Castro: La historia me absolverá

Ha finalizado el proceso a los dirigentes independentistas catalanes. Los fiscales mantienen la petición de largas condenas y los procesados se han reafirmado en sus convicciones: no hubo acciones violentas, se hizo política, y hay que volver a la política, y se declararon firmes convencidos de que la resolución del conflicto necesita que el pueblo vote y pueda ejercer el derecho de autodeterminación. “Ho tornarem a fer” (Lo volveremos a hacer) dijo Jordi Cuixart en su alegato final. Es una exigencia democrática que sean puestos en libertad y que la sentencia sea absolutoria. Durante los meses que ha durado el juicio hemos publicado esta serie de artículos para mostrar algunos ejemplos de juicios que acabaron volviéndose contra los juzgadores, que desnudaron a los gobiernos y a la justicia y se convirtieron en una palanca para la defensa de las libertades y el desarrollo de movimientos de masas. La sentencia del Tribunal Supremo marcará un antes y un después para la justicia española y para este régimen. Habrá que estar preparados.

El 31 de diciembre de 1958, unos 300 combatientes comandados por el Che Guevara ocuparon la ciudad de Santa Clara, en el centro de la isla de Cuba, y determinaron la caída del régimen del dictador Batista. El desmoronamiento fue de tal calibre que en poco más de 24 horas pudieron alcanzar La Habana, distante unos 250 Km, que los recibió el 2 de enero de 1959 con una huelga general que había paralizado la ciudad. La realidad debió parecerse bastante a las imágenes de El Padrino III, la población ocupando las calles y los edificios públicos, mientras que los militares, los ricos y gánsteres huían en barcos o en aviones de un país que habían convertido en su propiedad privada y en un burdel y salón de juego. En esos días Fidel Castro ocupó la ciudad de Santiago y el 8 se presentó en La Habana. La revolución había vencido.


La lucha había empezado mucho antes, exactamente el 26 de julio de 1953, cuando un grupo de jóvenes armados asaltó el cuartel Moncada en Santiago. La acción no tuvo demasiado éxito y la represión que se desató fue brutal. Se decretó el estado de sitio en la zona, se suspendieron las garantías constitucionales en todo el país y se impuso una dura censura. Murieron 68 revolucionarios, la mayoría asesinados a sangre fría lejos del cuartel, 32 fueron juzgados y 48 lograron escapar. De los que tomaron parte en el asalto, la mayoría eran obreros industriales, trabajadores agrícolas y dependientes de comercio. Los demás representaban una variada gama de profesiones: había un relojero, un maestro, un taxista, un médico, un dentista, un dependiente de librería, un deshollinador, tres carpinteros, un carnicero, un vendedor de ostras y un enfermero.


La represión desatada, con centenares de detenidos y asesinatos a quemarropa produjo el resultado contrario al que buscaba el gobierno. En vez de miedo surgió la protesta y la solidaridad con los perseguidos y lo que creció fue el sentimiento contra la dictadura. El régimen de Batista se impuso tras un golpe de Estado en 1952 y se sostenía por la corrupción generalizada, la dura represión militar y policial y por el apoyo directo del imperialismo norteamericano. Desde el primer momento apoyó el golpe y tal como reproduce Hugh Thomas en su libro Cuba. La lucha por la libertad: “Willard Beaulac, el embajador norteamericano en La Habana, visitó al nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Campa, para comunicarle que Estados Unidos reconocía a su gobierno. Un paso menos oficial, pero no menos significativo y bien acogido, fue la visita que hicieron unos funcionarios de la United States Steel Co. a Ernesto de la Fe, ministro de Información, para decirle que el capital norteamericano “respondía favorablemente” al reconocimiento de Batista por parte de Estados Unidos; aseguraron al ministro que el capital norteamericano podía suministrar a Cuba todo lo que necesitara”. No hacen falta más palabras.


La Causa 37/1953, el sumario contra los asaltantes, se inició el 21 de septiembre de 1953. La periodista cubana Marta Rojas describió el ambiente: “La víspera del juicio fue un día lleno de fatales presagios, los rumores en la ciudad eran, entre otros, que a los acusados se les iba a aplicar la Ley de fuga porque el gobierno no podía permitir que en la Audiencia se dijesen las verdades. Las gestiones que hicimos los periodistas cerca del excoronel Chaviano para que permitiera la entrada de fotógrafos al Palacio de Justicia no tuvieron el menor éxito”. Ella misma relata la entrada de los prisioneros: “A todos los condujeron esposados a la Sala de Justicia. El ruido metálico que sobresaltó al público había sido producido por las cadenas cromadas que aprisionaban más de cien muñecas. Fidel hizo un alto para tratar de hablarle al tribunal, y los guardias, en actitud de zafarrancho de combate, rastrillaron sus armas. Había doscientos de ellos dentro de la Sala del Pleno, un aposento rectangular de quince metros de largo por siete de ancho, y muchos más afuera. Harían un total de seiscientos los guardias que ocupaban la manzana donde estaba situado el Palacio de Justicia”.


En las primeras sesiones se tomó declaración a los acusados, pero a partir de la tercera sesión el juicio continuó sin la presencia de Fidel Castro. Sin importarles la arbitrariedad judicial, se le apartó del juicio principal queriendo demostrar que estaba enfermo. Gracias a la colaboración de los médicos se desmontó el montaje. Castro lo explicó así: “esa misma tarde había estado en la prisión el coronel Chaviano y les dijo (a los médicos) que yo “le estaba haciendo en el juicio un daño terrible al gobierno”, que tenían que firmar un certificado donde se hiciera constar que estaba enfermo y no podía, por tanto, seguir asistiendo a las sesiones”. El proceso al resto de los acusados continuó hasta el 6 de octubre. Fueron condenados a penas de entre diez y trece años.

La defensa y el programa para una revolución

Al acabar esa parte del juicio se juzgó a Fidel Castro. Tuvo que defenderse él mismo, pues el régimen puso todas las trabas posibles para impedir que le defendiera el decano del Colegio de Abogados, el doctor Jorge Pagliery. No existen muchas informaciones de esta parte del juicio, pues solo permitieron la entrada de dos letrados, seis periodistas, nada sospechosos de independencia profesional, y en la sala y ocupando los pasillos alrededor de cien policías y militares. Además de hacerse responsable del asalto al cuartel y de defender su acción como necesaria para la lucha contra la tiranía, expresó el derecho a la rebelión “como un principio universalmente reconocido y nuestra Constitución de 1940 lo consagró expresamente en el párrafo segundo del artículo 40: ‘Es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente’”. “El derecho de rebelión -dijo también- contra el despotismo, señores magistrados, ha sido reconocido, desde la más lejana antigüedad hasta el presente, por hombres de todas las doctrinas, de todas las ideas y todas las creencias”.


En su discurso, que posteriormente en la prisión convertirá en un folleto, sintetizó el programa político que servirá de guía para la revolución cubana. Se trata de lo que él mismo llamó las leyes revolucionarias que habría que implantar a la caída de la dictadura de Batista.

La primera ley revolucionaria devolvía al pueblo la soberanía y proclamaba la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado, en tanto el pueblo decidiese modificarla o cambiarla.


La segunda ley revolucionaria concedía la propiedad inembargable e intransferible de la tierra a todos los colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupasen parcelas de cinco o menos caballerías de tierra, indemnizando el Estado a sus anteriores propietarios a base de la renta que devengarían por dichas parcelas en un promedio de diez años.

La tercera ley revolucionaria otorgaba a los obreros y empleados el derecho a participar del 30% de los beneficios en todas las grandes empresas industriales, mercantiles y mineras, incluyendo centrales azucareras.

La cuarta ley revolucionaria concedía a todos los colonos el derecho a participar del 55% por ciento del rendimiento de la caña y cuota mínima de cuarenta mil arrobas a todos los pequeños colonos que llevasen tres o más años establecidos.

La quinta ley revolucionaria ordenaba la confiscación de todos los bienes a todos los malversadores de todos los gobiernos y a sus herederos en cuanto a bienes percibidos por testamento de procedencia ilegal o de mal uso, mediante tribunales especiales con facultades plenas de acceso a todas las fuentes de investigación, de intervenir a tales efectos las compañías anónimas inscritas en el país o que operen en él donde puedan ocultarse bienes malversados y de solicitar de los gobiernos extranjeros extradición de personas y embargo de bienes. La mitad de los bienes recobrados pasarían a engrosar las cajas de los retiros obreros y la otra mitad a los hospitales, asilos y casas de beneficencia.

Se declaraba, además, que la política cubana en América sería de estrecha solidaridad con los pueblos democráticos del continente y que los perseguidos políticos de las sangrientas tiranías que oprimen a las naciones hermanas, encontrarían en la patria de Martí, cobijo y solidaridad. Estas leyes serían proclamadas en el acto y a ellas seguirían, una vez terminada la contienda y previo estudio minucioso de su contenido y alcance, otra serie de leyes y medidas también fundamentales como la reforma agraria, la reforma integral de la enseñanza y la nacionalización del trust eléctrico y el trust telefónico, devolución al pueblo del exceso ilegal que han estado cobrando en sus tarifas y pago al fisco de todas las cantidades que han burlado a la hacienda pública.
Un programa revolucionario, democrático y antiimperialista del que hoy en día, actualizando todo lo que sea necesario actualizar, tendríamos mucho que aprender. De una manera concentrada así lo expresó Castro: “El problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo; he ahí concretados los seis puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos, junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia política”.


Fue condenado a 15 años de prisión. [Vale la pena comparar esa condena con la que se pide a los dirigentes de la rebelión catalana. Una tiranía como la de Batista impuso 15 años por el asalto armado a un cuartel. Las leyes de la Monarquía española piden 25 años por un delito de rebelión, que no se ha demostrado y en la que no ha habido más violencia que la policial.] Fidel Castro y sus camaradas fueron amnistiados en mayo de 1955. Perseguidos y amenazados tuvieron que abandonar la isla, a la que volvieron en diciembre de 1956 en el desembarco del Granma, que significó el inicio del proceso revolucionario que acabó con la dictadura los primeros días de enero de 1959.


Fidel Castro acabó su discurso ante el tribunal diciendo: “En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no la ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos. Condenadme, no importa, La historia me absolverá”. La historia y los pueblos le absolvieron porque la revolución triunfó en Cuba y durante mucho tiempo fue un estandarte de los procesos revolucionarios, especialmente en Latinoamérica. No este el lugar para un balance del castrismo y la revolución cubana, pero no hay duda de que el futuro de la revolución cubana hubiera sido bien distinto si no hubiera existido el bloqueo imperialista y su aislamiento por el fracaso de otros procesos revolucionarios en el continente americano.

Nota de la redacción: Los siete anteriores artículos de esta serie «Juicios para la historia» pueden leerse en los siguientes enlaces:

http://www.sinpermiso.info/textos/juicios-para-la-historia-i-la-semana-tragica-y-el-fusilamiento-deferrer-i-guardia

http://www.sinpermiso.info/textos/juicios-para-la-historia-ii-yo-acuso-el-caso-dreyfus

http://www.sinpermiso.info/textos/juicios-para-la-historia-iii-el-proceso-1001

http://www.sinpermiso.info/printpdf/textos/juicios-para-la-historia-iv-la-revolucion-de-1905-ante-eltribunal

http://www.sinpermiso.info/textos/juicios-para-la-historia-v-el-proceso-de-burgos

http://www.sinpermiso.info/textos/juicios-para-la-historia-vi-sacco-y-vanzetti

http://www.sinpermiso.info/textos/juicios-para-la-historia-vii-1935-la-generalitat-en-el-banquillo

Miguel Salas Sindicalista y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso