“Un golpe de estado muy británico”, así es como ha definido el recorte de las sesiones del Parlamento el líder adjunto de los laboristas, John McDonnell. Aprovechando la falta de constitución escrita, Boris Johnson ha recortado al limite los días de reunión de los parlamentarios británicos para que no puedan votar por quinta vez contra un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Alude para ello, tras el consentimiento protocolario de la Reina, que amplia así su margen de maniobra para un último intento de negociación con la Unión Europea, haciendo creíble que nada impedirá una salida traumática del Reino Unido si la UE no hace las concesiones que le exige Johnson.
La ruptura de todos los acuerdos existentes entre el Reino Unido y la UE, sin que hayan sido ratificados unos acuerdos para la ruptura, suponen un auténtico desastre social y económico que afecta a ambas partes. La ruptura del mercado único y de la libertad de tránsito de personas supondría, según el Banco de Inglaterra, la entrada en recesión de la economía británica y una pérdida del un punto del PIB de la UE. El punto de fricción más importante de esta ruptura sin acuerdo sería la frontera que volvería a dividir al Norte y el Sur de Irlanda, dinamitando los acuerdos de paz de Irlanda del Norte. En el caso del Reino de España supondría que Gibraltar y el Campo de Gibraltar volverían a quedar divididos por una frontera física, ya que no entrarían en vigor los memoranda negociados en el paquete de acuerdos firmados con Theresa May, que no fueron ratificados por el Parlamento británico.
Miles de personas se manifestaron en las calles de Londres y otras ciudades británicas para protestar por el golpe de estado anti-parlamentario de Johnson. Pero el arcaico y antidemocrático sistema político del Reino Unido permite legalmente este tipo de maniobras al carecer de una constitución escrita. De hecho, el primer recurso legal de urgencia presentado por el Partido Nacionalista Escocés ha sido rechazado por el juez, que no lo analizará hasta el martes 3 de septiembre.
La antidemocrática medida de Johnson, que supone situar a un gobierno minoritario conservador y a un dirigente que no ha pasado por las urnas y solo cuenta con el apoyo de 90.000 afiliados a su partido (y de Trump…) por encima del Parlamento, la única instancia de legitimidad democrática del sistema abre una crisis constitucional. Pero al mismo tiempo plantea claramente la disyuntiva de los conservadores: Brexit o catástrofe electoral.
Johnson no puede sobrevivir como candidato si no impone un Brexit con o sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Conservadores y unionistas del Ulster, la mayoría, han rechazado los acuerdos alcanzados por Theresa May. Y los laboristas de Jeremy Corbyn podrían reunir una mayoría suficiente en los próximos días, antes de que se disuelva el Parlamento, para encabezar un gobierno provisional que convoque elecciones, con un aplazamiento de la UE de la fecha de ruptura con el Reino Unido, para intentar una nueva ronda de negociaciones.
Todo acontece en medio de una fuerte inestabilidad política en Italia, con la caída de Salvini tras intentar forzar elecciones; en el Reino de España, por la incapacidad de Sánchez de formar gobierno; de Francia, con Macron acosado por el movimiento de los “chalecos amarillos”….A las puertas de una nueva recesión económica, la estabilidad política del neoliberalismo y las políticas de austeridad es ya insostenible y amenaza estructuralmente la capacidad de gobernar como siempre de las clases dominantes, como ha demostrado la reunión del G7 en Biarritz.
Sin que por el momento se vislumbre aun en el horizonte una alternativa de los de abajo, aunque crezca día a día su resistencia y su desengaño político.