Desde el año 2012 la manifestación del 11 de Septiembre, día nacional de Cataluña, es la de mayor participación ininterrumpida de toda Europa. En números absolutos. Y proporcionalmente la equiparación con zonas geográficas próximas es muy chocante. Para hacernos una idea, es como si en el reino de España se realizara una manifestación con una participación de entre 3,7 y 7,4 millones según tomemos las cantidades de medio millón o el millón entero en el caso catalán. La del año 2019 congregó a más de medio millón, según la guardia urbana, y en otros años la cifra ha pasado holgadamente del millón. Aún si descontáramos algunos cientos de miles, incluso algún millón, por razones de lejanía geográfica del lugar en donde se realizase esta hipotética manifestación en el reino de España (en Cataluña se realizan las concentraciones en Barcelona a bastante más de 100 quilómetros de muchas localidades) alcanzar los 4, 5, 6 ó 7 millones es algo que está lejos de la realidad. Para guardar las proporciones.
Este 11-S era el segundo de la resistencia antirepresiva. Buena parte de la población partidaria del derecho a la autodeterminación, alrededor del 80% según repetidas encuestas, y más aún el 50% de la población, punto arriba o abajo, que está a favor de la independencia, tiene asumido que la situación política catalana es muy diferente a la vivida entre 2012 y 2017. Si los 11-S de aquellos años fueron de alegría y euforia —en muchos casos completamente infundada, y en no pocos alentados por unos políticos que fomentaban el “independentismo mágico”, como si delante no hubiera, como recordó varias veces Josep Fontana en los últimos años de su vida, un estado con ejército, sistema judicial y ganas de reprimir—, los de 2018 y 2019 han sido de aceptación de que la resistencia debe ser larga y la lucha antirepresiva exige fondo. Es perfectamente legítimo, como ha hecho especialmente la prensa española monárquica, mantener que este 11-S tuvo una asistencia de un 40% menos que el año anterior —lo que, sea dicho de paso, supone aceptar que el año pasado fue de un millón, cantidad muy reacia a ser reconocida por la misma prensa en su momento—, como lo es constatar que 600.000 personas en una situación nada eufórica como era la de años anteriores, no es una cantidad que se pueda despreciar.
Pero también es constatable que este 11-S refleja que se ha ido aposentando una cierta convicción: las grandes manifestaciones siguen siendo necesarias, pero los gobiernos españoles (ayer del PP, hoy del PSOE[1], los dos tradicionales partidos dinásticos) las seguirá menospreciando. Y, sigue esta convicción, deben hacerse otras muchas cosas además de la habitual manifestación de masas del 11-S.
Y otra convicción más o menos extendida: las elecciones tampoco bastarán. Imaginemos algo que es imposible de darse en la realidad: que todos los diputados y diputadas catalanes fueran partidarios del derecho a la autodeterminación porque casi el 100% de la población lo fuera. En unas elecciones para las Cortes españolas, representaría 48 diputados (de 350) y 24 senadores y senadoras (de 265). Muy pocas fuerzas. Pero situación bien distinta es que la monarquía pudiese aguantar la resistencia continua no ya del 100% sino del 80% de la población de Cataluña a favor del derecho de autodeterminación (el de “todos los catalanes” es pura demagogia y no de las más sofisticadas como el propio Sánchez sabe de sobra). Y aquí radica una de las diferencias importantes. La parte de la población que apoya el independentismo en alguna de sus múltiples expresiones política es una parte importante pero parcial de la población soberanista, y es la que se ha movilizado estos años. La población soberanista pero no independentista ha permanecido en gran parte pasiva. Es la diferencia entre el 50% y el 80%. Que el lema elegido por la ANC (Assemblea Nacional Catalana) para la manifestación de este 11-S fuera “Objetivo independencia” seguramente no fue lo más idóneo para motivar a los sectores soberanistas no independentistas.
Ante una situación así, qué duda cabe que deben buscarse alianzas con fuerzas políticas españolas que defienden, aunque sea con la boca pequeña, el derecho de autodeterminación. Descartada cualquier veleidad armada, como parece muy razonable hacerlo por muchos motivos políticos y morales, no queda otra que la resistencia prolongada y ganar aliados fuera de Cataluña.
Y aquí el debate sobre unilateralismo y acuerdo pactado es inevitable, pero tampoco tan insalvable como hasta ahora parecen defender los partidarios de cada una de estas posiciones. Gobierno, ejército, poder judicial y demás instituciones de la monarquía históricamente negadoras de la soberanía de Cataluña difícilmente admitirán la negociación de lo que importa, el referéndum de autodeterminación, si en Cataluña no hay una resistencia masiva y constante, y evidentemente esta situación puede tomar muy diversas formas, que ponga en auténticos problemas a estas instituciones. Problemas internos y externos, dentro de las fronteras del reino y fuera de ellas. La legalidad vigente que se intenta cambiar parcialmente debe ser también importunada y contestada. O ¿es concebible una lucha contra determinada legalidad que no suponga una cierta desobediencia a dicha legalidad? La magnitud de esta desobediencia depende, una vez más, de la magnitud de las fuerzas que la apoyan. El sufragio universal, una de las muchas conquistas del movimiento obrero, no se consiguió respetando la legalidad del sufragio censitario; el derecho de huelga se consiguió contra la legalidad vigente de la prohibición del derecho de huelga; el derecho al aborto se consiguió contra la legalidad vigente de la prohibición del aborto, etc. La movilización y la negociación o el acuerdo, aunque sea parcial, han ido históricamente juntos en estos ejemplos y otros que podrían añadirse. Solamente cuando una de las partes es muy desproporcionadamente fuerte puede imponer sus condiciones a la otra parte si está neutralizada. Y el estado monárquico español es indudablemente más fuerte en fuerzas represivas que la movilización catalana por la autodeterminación, pero la resistencia popular ha cambiado en multitud de ocasiones esta desproporción de fuerzas. La represión pura y dura no se puede aguantar indefinidamente.
El gobierno y las distintas instituciones españolas están haciendo el cálculo de que el proceso de resistencia por la autodeterminación se debilite notablemente. Es una apuesta que viene de largo —¿recuerdan el soufflé que siempre había de desinflarse en poco tiempo?—. Es una hipótesis que como todas las que merezcan el nombre de tal puede verificarse en el futuro. Puede dar en el blanco. Pero también puede resultar fallida. Eso también lo saben los que realizan la “hipótesis del debilitamiento”.
Pocas horas antes de este 11-S, Oscar Camps, director de Open Arms, y Carola Rackete, la capitana de barco que desafió al xenófobo italiano Salvini, fueron premiados con la Medalla de Honor del Parlamento de Cataluña. Hecho que pasó muy desapercibido en el reino de España más allá de Cataluña. Cuando el entrenador de futbol Pep Guardiola se dirigió a ellos en el mismo acto les pidió: “En alta mar, rescatar no es un permiso, sino un deber y una obligación”. Carola Rackete, que sabe lo que es desafiar determinadas leyes, declaró: “Sabemos que las leyes son un acuerdo social y pueden cambiar cuando cambia la sociedad, como ocurrió con el esclavismo y el sufragio universal; las leyes no determinan lo que es moralmente correcto.” Otra muestra sobre el desafío a las leyes y la justicia de hacerlo en determinados casos.
«Durante siete años consecutivos, ocho contando con la Diada de 2019, que, previsiblemente será similar, más de un millón de ciudadanos, con formatos diversos, han salido a la calle a expresar que no consideraban aceptable la fórmula «inventada» en 1978 para la integración de las «nacionalidades» en el Estado, consistente en el pacto entre el Parlamento de la «nacionalidad» y las Cortes Generales y la celebración de un referéndum sobre el contenido de dicho pacto. El Estatut vigente no es el que se pactó entre el Parlament y las Cortes Generales y fue refrendado por los ciudadanos de Catalunya, sino que es el Estatuto que el PP ha impuesto a través del Tribunal Constitucional.»
No son palabras dichas o escritas por una persona partidaria de la independencia de Cataluña. Ni mucho menos. Fueron escritas por el catedrático sevillano de Derecho Constitucional Pérez Royo dos días antes de este 11-S.
La sentencia contra los presos y presas políticos catalanes se espera que se haga pública —porque decidida son muchos los que en Cataluña piensan que ya lo era antes del juicio— en breve. También se espera que sea muy dura. Cualquier cosa que no sea la absolución, se considerará injusta por una gran parte de la población catalana, no solamente la independentista. Recientemente, en una entrevista Xavier Domènech, antiguo dirigente de En Catalunya Podem declaraba: “La sentencia es de las más bestias que habrá vivido este país”. Y a continuación, refiriéndose a las más que probables elecciones españolas y catalanas en los próximos meses:
«Estas elecciones deberían ser el gran plebiscito sobre la amnistía, que es un concepto con un significado históricamente importante: durante el antifranquismo, no se reclamaba el indulto, sino la amnistía, que es el reconocimiento de que no había delito. Esto se convirtió en el gran eje de movilización de masas, porque era una reivindicación defensiva pero, al mismo tiempo, su aprobación cambiaba el marco político-. Ahora es el que une más el conjunto de la sociedad catalana, y, si hay una gran victoria en Cataluña, sitúa claramente la gobernabilidad de España en manos de ello. Creo que los primeros que tomen esta bandera serán los que acertarán las elecciones.»
La situación económica no apunta precisamente a un horizonte luminoso, como el mismo presidente del Banco Central Europeo declaró el día después del 11-S. Hasta un político como Felipe González declaró que la gente no soportaría otra crisis económica. Los custodios del régimen están preocupados. Con una sentencia que causará indignación no solamente en Cataluña, con una situación económica que será lluvia sobre terreno muy mojado[2], con unas elecciones en perspectiva que pueden ser explosivas… hay motivos para que los guardianes del régimen del 78 se preocupen. Un régimen cuyos dos de sus grandes pilares son la monarquía borbónica y la unidad indisoluble de la nación española. Es decir, un régimen que se ha construido contra cualquiera veleidad republicana y contra también el derecho a la autodeterminación. Se ha defendido muchas veces en Sin Permiso: la represión legal y política de la lucha por la autodeterminación catalana tendrá, ya está teniendo en realidad, consecuencias para las libertades democráticas no tan solo en Cataluña sino en todo el reino de España. Esta es la razón principal que la resistencia ante esta represión, una componente de la cual será la lucha por la amnistía de los presos políticos y los exiliados, no solamente sea un “asunto catalán”. Las próximas semanas serán decisivas.
[1] La portavoz del Partido Socialista de Cataluña, Eva Granados, declaró recientemente: “No debe ser la ciudadanía quien dirima una cuestión tan importante como la autodeterminación”. Este es el nivel. Nivel que está en consonancia con declaraciones tipo Albert Rivera de que el 11-S es una manifestación de odio y con las de Pedro Sánchez sobre que hay que resolver el “clima de convivencia en Cataluña” y que el 11-S tiene que ser de “todos los catalanes” (¿se imaginan? Republicanos y borbónicos unidos en un acto: pura magia). Innecesario es apuntar declaraciones adicionales de dirigentes del PP o de otros del PSOE o de Ciudadanos porque las anteriores son una muestra suficiente, y no precisamente de la peor y más desfavorable a los declarantes, sobre el nivel intelectual y político de determinadas fuerzas políticas cuando tratan de la realidad catalana.
[2] Para la población no rica. En los últimos años ha habido un incremento de ricos en el reino de España. Efectivamente, “El patrimonio de los ricos se dispara en más de 130.000 millones de euros y se incrementa un 24,5% en los primeros cuatro años de ‘brotes verdes’ mientras las mejora de las rentas de los hogares no alcanza el 9% y la tasa de pobreza permanece prácticamente congelada para seguir afectando a más de la quinta parte de las familias.” (https://www.publico.es/economia/impuesto-patrimonio-aumenta-desigualdad-fortunas-crecen-triple-renta-familias.html)Daniel Raventós es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, «Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa» (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, «Against Charity» (Counterpunch, 2018) recientemente editado en castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).
Desde el año 2012 la manifestación del 11 de Septiembre, día nacional de Cataluña, es la de mayor participación ininterrumpida de toda Europa. En números absolutos. Y proporcionalmente la equiparación con zonas geográficas próximas es muy chocante. Para hacernos una idea, es como si en el reino de España se realizara una manifestación con una participación de entre 3,7 y 7,4 millones según tomemos las cantidades de medio millón o el millón entero en el caso catalán. La del año 2019 congregó a más de medio millón, según la guardia urbana, y en otros años la cifra ha pasado holgadamente del millón. Aún si descontáramos algunos cientos de miles, incluso algún millón, por razones de lejanía geográfica del lugar en donde se realizase esta hipotética manifestación en el reino de España (en Cataluña se realizan las concentraciones en Barcelona a bastante más de 100 quilómetros de muchas localidades) alcanzar los 4, 5, 6 ó 7 millones es algo que está lejos de la realidad. Para guardar las proporciones.
Este 11-S era el segundo de la resistencia antirepresiva. Buena parte de la población partidaria del derecho a la autodeterminación, alrededor del 80% según repetidas encuestas, y más aún el 50% de la población, punto arriba o abajo, que está a favor de la independencia, tiene asumido que la situación política catalana es muy diferente a la vivida entre 2012 y 2017. Si los 11-S de aquellos años fueron de alegría y euforia —en muchos casos completamente infundada, y en no pocos alentados por unos políticos que fomentaban el “independentismo mágico”, como si delante no hubiera, como recordó varias veces Josep Fontana en los últimos años de su vida, un estado con ejército, sistema judicial y ganas de reprimir—, los de 2018 y 2019 han sido de aceptación de que la resistencia debe ser larga y la lucha antirepresiva exige fondo. Es perfectamente legítimo, como ha hecho especialmente la prensa española monárquica, mantener que este 11-S tuvo una asistencia de un 40% menos que el año anterior —lo que, sea dicho de paso, supone aceptar que el año pasado fue de un millón, cantidad muy reacia a ser reconocida por la misma prensa en su momento—, como lo es constatar que 600.000 personas en una situación nada eufórica como era la de años anteriores, no es una cantidad que se pueda despreciar.
Pero también es constatable que este 11-S refleja que se ha ido aposentando una cierta convicción: las grandes manifestaciones siguen siendo necesarias, pero los gobiernos españoles (ayer del PP, hoy del PSOE[1], los dos tradicionales partidos dinásticos) las seguirá menospreciando. Y, sigue esta convicción, deben hacerse otras muchas cosas además de la habitual manifestación de masas del 11-S.
Y otra convicción más o menos extendida: las elecciones tampoco bastarán. Imaginemos algo que es imposible de darse en la realidad: que todos los diputados y diputadas catalanes fueran partidarios del derecho a la autodeterminación porque casi el 100% de la población lo fuera. En unas elecciones para las Cortes españolas, representaría 48 diputados (de 350) y 24 senadores y senadoras (de 265). Muy pocas fuerzas. Pero situación bien distinta es que la monarquía pudiese aguantar la resistencia continua no ya del 100% sino del 80% de la población de Cataluña a favor del derecho de autodeterminación (el de “todos los catalanes” es pura demagogia y no de las más sofisticadas como el propio Sánchez sabe de sobra). Y aquí radica una de las diferencias importantes. La parte de la población que apoya el independentismo en alguna de sus múltiples expresiones política es una parte importante pero parcial de la población soberanista, y es la que se ha movilizado estos años. La población soberanista pero no independentista ha permanecido en gran parte pasiva. Es la diferencia entre el 50% y el 80%. Que el lema elegido por la ANC (Assemblea Nacional Catalana) para la manifestación de este 11-S fuera “Objetivo independencia” seguramente no fue lo más idóneo para motivar a los sectores soberanistas no independentistas.
Ante una situación así, qué duda cabe que deben buscarse alianzas con fuerzas políticas españolas que defienden, aunque sea con la boca pequeña, el derecho de autodeterminación. Descartada cualquier veleidad armada, como parece muy razonable hacerlo por muchos motivos políticos y morales, no queda otra que la resistencia prolongada y ganar aliados fuera de Cataluña.
Y aquí el debate sobre unilateralismo y acuerdo pactado es inevitable, pero tampoco tan insalvable como hasta ahora parecen defender los partidarios de cada una de estas posiciones. Gobierno, ejército, poder judicial y demás instituciones de la monarquía históricamente negadoras de la soberanía de Cataluña difícilmente admitirán la negociación de lo que importa, el referéndum de autodeterminación, si en Cataluña no hay una resistencia masiva y constante, y evidentemente esta situación puede tomar muy diversas formas, que ponga en auténticos problemas a estas instituciones. Problemas internos y externos, dentro de las fronteras del reino y fuera de ellas. La legalidad vigente que se intenta cambiar parcialmente debe ser también importunada y contestada. O ¿es concebible una lucha contra determinada legalidad que no suponga una cierta desobediencia a dicha legalidad? La magnitud de esta desobediencia depende, una vez más, de la magnitud de las fuerzas que la apoyan. El sufragio universal, una de las muchas conquistas del movimiento obrero, no se consiguió respetando la legalidad del sufragio censitario; el derecho de huelga se consiguió contra la legalidad vigente de la prohibición del derecho de huelga; el derecho al aborto se consiguió contra la legalidad vigente de la prohibición del aborto, etc. La movilización y la negociación o el acuerdo, aunque sea parcial, han ido históricamente juntos en estos ejemplos y otros que podrían añadirse. Solamente cuando una de las partes es muy desproporcionadamente fuerte puede imponer sus condiciones a la otra parte si está neutralizada. Y el estado monárquico español es indudablemente más fuerte en fuerzas represivas que la movilización catalana por la autodeterminación, pero la resistencia popular ha cambiado en multitud de ocasiones esta desproporción de fuerzas. La represión pura y dura no se puede aguantar indefinidamente.
El gobierno y las distintas instituciones españolas están haciendo el cálculo de que el proceso de resistencia por la autodeterminación se debilite notablemente. Es una apuesta que viene de largo —¿recuerdan el soufflé que siempre había de desinflarse en poco tiempo?—. Es una hipótesis que como todas las que merezcan el nombre de tal puede verificarse en el futuro. Puede dar en el blanco. Pero también puede resultar fallida. Eso también lo saben los que realizan la “hipótesis del debilitamiento”.
Pocas horas antes de este 11-S, Oscar Camps, director de Open Arms, y Carola Rackete, la capitana de barco que desafió al xenófobo italiano Salvini, fueron premiados con la Medalla de Honor del Parlamento de Cataluña. Hecho que pasó muy desapercibido en el reino de España más allá de Cataluña. Cuando el entrenador de futbol Pep Guardiola se dirigió a ellos en el mismo acto les pidió: “En alta mar, rescatar no es un permiso, sino un deber y una obligación”. Carola Rackete, que sabe lo que es desafiar determinadas leyes, declaró: “Sabemos que las leyes son un acuerdo social y pueden cambiar cuando cambia la sociedad, como ocurrió con el esclavismo y el sufragio universal; las leyes no determinan lo que es moralmente correcto.” Otra muestra sobre el desafío a las leyes y la justicia de hacerlo en determinados casos.
«Durante siete años consecutivos, ocho contando con la Diada de 2019, que, previsiblemente será similar, más de un millón de ciudadanos, con formatos diversos, han salido a la calle a expresar que no consideraban aceptable la fórmula «inventada» en 1978 para la integración de las «nacionalidades» en el Estado, consistente en el pacto entre el Parlamento de la «nacionalidad» y las Cortes Generales y la celebración de un referéndum sobre el contenido de dicho pacto. El Estatut vigente no es el que se pactó entre el Parlament y las Cortes Generales y fue refrendado por los ciudadanos de Catalunya, sino que es el Estatuto que el PP ha impuesto a través del Tribunal Constitucional.»
No son palabras dichas o escritas por una persona partidaria de la independencia de Cataluña. Ni mucho menos. Fueron escritas por el catedrático sevillano de Derecho Constitucional Pérez Royo dos días antes de este 11-S.
La sentencia contra los presos y presas políticos catalanes se espera que se haga pública —porque decidida son muchos los que en Cataluña piensan que ya lo era antes del juicio— en breve. También se espera que sea muy dura. Cualquier cosa que no sea la absolución, se considerará injusta por una gran parte de la población catalana, no solamente la independentista. Recientemente, en una entrevista Xavier Domènech, antiguo dirigente de En Catalunya Podem declaraba: “La sentencia es de las más bestias que habrá vivido este país”. Y a continuación, refiriéndose a las más que probables elecciones españolas y catalanas en los próximos meses:
«Estas elecciones deberían ser el gran plebiscito sobre la amnistía, que es un concepto con un significado históricamente importante: durante el antifranquismo, no se reclamaba el indulto, sino la amnistía, que es el reconocimiento de que no había delito. Esto se convirtió en el gran eje de movilización de masas, porque era una reivindicación defensiva pero, al mismo tiempo, su aprobación cambiaba el marco político-. Ahora es el que une más el conjunto de la sociedad catalana, y, si hay una gran victoria en Cataluña, sitúa claramente la gobernabilidad de España en manos de ello. Creo que los primeros que tomen esta bandera serán los que acertarán las elecciones.»
La situación económica no apunta precisamente a un horizonte luminoso, como el mismo presidente del Banco Central Europeo declaró el día después del 11-S. Hasta un político como Felipe González declaró que la gente no soportaría otra crisis económica. Los custodios del régimen están preocupados. Con una sentencia que causará indignación no solamente en Cataluña, con una situación económica que será lluvia sobre terreno muy mojado[2], con unas elecciones en perspectiva que pueden ser explosivas… hay motivos para que los guardianes del régimen del 78 se preocupen. Un régimen cuyos dos de sus grandes pilares son la monarquía borbónica y la unidad indisoluble de la nación española. Es decir, un régimen que se ha construido contra cualquiera veleidad republicana y contra también el derecho a la autodeterminación. Se ha defendido muchas veces en Sin Permiso: la represión legal y política de la lucha por la autodeterminación catalana tendrá, ya está teniendo en realidad, consecuencias para las libertades democráticas no tan solo en Cataluña sino en todo el reino de España. Esta es la razón principal que la resistencia ante esta represión, una componente de la cual será la lucha por la amnistía de los presos políticos y los exiliados, no solamente sea un “asunto catalán”. Las próximas semanas serán decisivas.
[1] La portavoz del Partido Socialista de Cataluña, Eva Granados, declaró recientemente: “No debe ser la ciudadanía quien dirima una cuestión tan importante como la autodeterminación”. Este es el nivel. Nivel que está en consonancia con declaraciones tipo Albert Rivera de que el 11-S es una manifestación de odio y con las de Pedro Sánchez sobre que hay que resolver el “clima de convivencia en Cataluña” y que el 11-S tiene que ser de “todos los catalanes” (¿se imaginan? Republicanos y borbónicos unidos en un acto: pura magia). Innecesario es apuntar declaraciones adicionales de dirigentes del PP o de otros del PSOE o de Ciudadanos porque las anteriores son una muestra suficiente, y no precisamente de la peor y más desfavorable a los declarantes, sobre el nivel intelectual y político de determinadas fuerzas políticas cuando tratan de la realidad catalana.
[2] Para la población no rica. En los últimos años ha habido un incremento de ricos en el reino de España. Efectivamente, “El patrimonio de los ricos se dispara en más de 130.000 millones de euros y se incrementa un 24,5% en los primeros cuatro años de ‘brotes verdes’ mientras las mejora de las rentas de los hogares no alcanza el 9% y la tasa de pobreza permanece prácticamente congelada para seguir afectando a más de la quinta parte de las familias.” (https://www.publico.es/economia/impuesto-patrimonio-aumenta-desigualdad-fortunas-crecen-triple-renta-familias.html)