El cierto aire sombrío que recorrió las sedes de las principales organizaciones políticas debido al avance de Vox hasta los 52 diputados tras las elecciones del 10-N se tornó, el martes, en nerviosa esperanza. Ese día PSOE y Unidas Podemos firmaron un preacuerdo de 10 puntos para un gobierno de coalición para el que aún necesitan sumar más apoyos, pero que persigue investir de nuevo a Pedro Sánchez como presidente.
Todo fue rápido. El lunes al mediodía, llamada de Sánchez a Iglesias; por la tarde, reunión; el martes por la mañana, firma. Entre los días 22 y 24 referéndums entre las respectivas bases y, si todo sale bien, investidura entre el 16 y 20 de diciembre próximos.
Sánchez señala en una carta que ha remitido a los suyos que el preacuerdo garantiza lealtad institucional en los asuntos económicos y territoriales capitales. Por su lado, Iglesias ha enviado también una misiva a sus bases, pide paciencia y justifica la necesidad de renuncias. Más allá de estos escritos, del acuerdo presupuestario entre PSOE y Unidas Podemos (que no vio la luz en primavera) y los 10 puntos que se firmaron el martes, no hay más. Dichos 10 puntos, lejos de ser una concreción, están llenos de generalidades ambiguas salvo en dos de sus puntos que, precisamente, no dan muy buena espina y que además condicionan de manera muy clara el resto. Nos referimos al punto 9, que reduce todo posible diálogo sobre la resolución del problema democrático nacional existente en el reino -cuyo ariete es ahora Catalunya- al marco de una constitución -la del 78- que no se quiere cambiar y que no admite el derecho a decidir; y al punto 10, que supedita todo avance en la recuperación de derechos sociales al marco de férrea estabilidad presupuestaria pactada con Bruselas.
Sin duda alguna, el fracaso de la línea que llevó a Sánchez a convocar elecciones, dado que pensaba con ellas tener más margen de maniobra, y el miedo a un Vox que marca el paso a toda la derecha han obrado el milagro de la llamada de Pedro a Pablo y la secuencia de unos acontecimientos que, de momento, levantan una propuesta de gobierno que impide en lo inmediato el paso a la derecha, pero que todavía no garantiza más síes que noes. No era la única salida; había también la posibilidad de dar los votos, garantizar el gobierno a Sánchez y quedarse fuera del Consejo de Ministros. El resultado práctico era el mismo, y la ventaja habría sido la posibilidad de agrupar con tiempo un frente político y social alrededor de las fuerzas que forjaron la moción de censura que terminó con el gobierno de Rajoy.
Dicha moción constituyó una mayoría plural y diversa (con más síes que noes) que cerraba el paso a la derecha, apuntaba a desmontar el “legado Mariano”, empezando por la Ley mordaza, la reforma laboral o la LOMCE, y al diálogo igualitario y sin condiciones en Catalunya, apoyado en el derecho a decidir. Esa mayoría que señalaba y señala objetivamente un camino hacia la orilla externa de la Constitución del 78 y más allá sigue aún en el Congreso y se ha visto reforzada por los resultados del 10-N. A esa mayoría, si se concretara, habría que dirigirse para plantar cara a Vox y garantizar derechos para la ciudadanía. Al firmar los 10 puntos del preacuerdo, esa posibilidad, cuando menos, se retrasa y compromete también ahora, en ese alejamiento, a Unidas Podemos. Habrá que estar atentos.