Es importante que la población trabajadora comience a diseñar sus propios planes. A definir cómo quiere que sea esa “nueva normalidad” a la que se nos convoca. La patronal de Nissan y Alcoa ya han dicho cómo entienden que debe construirse el nuevo paradigma: cerrando plantas y despidiendo a miles de personas. En otras palabras, empobreciendo a la gente, a las comunidades en la que ésta vive y destruyendo tejido productivo.
Con buena parte de la capacidad productiva suspendida y mantenida gracias al esfuerzo de toda la población (con dinero público) por medio de unos ERTE que afectan a casi 4 millones de trabajadores, no es de recibo que la desescalada que se nos quiera imponer se base en más privaciones. Contra ello, el plan de los trabajadores de Nissan representa una apuesta por el vehículo eléctrico como garantía de futuro de las plantas y de los puestos de trabajo.
Por su parte, los trabajadores de Alcoa defienden, ante el desmantelamiento al que se enfrentan, la puesta de la empresa bajo control del Estado. La directriz europea que, en este momento permite a los gobiernos intervenir compañías en riesgo y garantizar por unos años no sólo el empleo, sino tiempo para rediseñar el futuro de las empresas, se dibuja como la solución inmediata para los segundos y posible para los primeros. En cualquier caso, extender la solidaridad y el apoyo supone ahora la condición básica.
Alrededor de 850 mil personas que se hallan en pobreza extrema puedan empezar a cobrar ya una pequeña cantidad de dinero de manera regular gracias al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Un ingreso que si bien aliviará a una pequeña parte de quienes menos tienen, seguirá sin resolver el empobrecimiento en el que se halla más del 22% de la población. Dicho de otra manera: el IMV no constituye un plan contra la pobreza, sino un parche muy parcial para uno de sus efectos. El coste que supone, 3 mil millones, es 20 veces inferior a los 60 mil millones que aún deben los bancos por su rescate.
Esta semana, con la votación de su sexta y última prórroga, el plan de la desescalada cruzará otro Rubicón en el Congreso. El gobierno de Coalición Progresista cuenta con los apoyos que así se lo van permitir. El PP junto a Vox continúan su “escalada”, con el apoyo indisimulado de un número cada vez mayor de medios de comunicación, a ver quién la dice más gorda. Su objetivo está claro: cargarse al gobierno. Otros poderes del Estado, tal y como lo demuestran los bulos fabricados por jefes de la Guardia Civil y sectores del poder judicial con Pérez de los Cobos como ariete, se encuentran también en las mismas. Hay muchos nervios.
Las clases dominantes y sus servidores en el aparato del Estado son cada vez más conscientes de que los mecanismos del régimen del 78, tal y como están, no permiten asestar el duro golpe a los derechos y al nivel de vida del pueblo trabajador que se exige salvar sus beneficios.
Por su parte, el pueblo debe ser también consciente de que tampoco los instrumentos del régimen y su constitución le valen para acometer aquellos cambios que son imprescindibles para garantizar terminar con la pobreza, blindar la sanidad, la educación, los suministros o la vivienda. Los oprimidos necesitamos dibujar un plan que anunciando repúblicas y libertades nos dé por derecho aquello que hoy no se nos garantiza.