Desde el lunes 15 hasta el 25 de junio se ha desarrollado una cumbre de la patronal CEOE en la que los más importantes empresarios han presentado sus propuestas para la reconstrucción tras la pandemia. No encontrará el lector sorpresas ni iniciativas novedosas sino más bien la repetición de ideas que desde hace años venimos escuchando: mantener las leyes que les han ido bien (especialmente la reforma laboral) menos impuestos, mayor flexibilidad y que el dinero público les llegue lo más rápido posible y con las menores limitaciones posibles.
Unos cuantos ejemplos serán suficientes. Pablo Isla, de Inditex, pidió que no se revierta la reforma laboral ni se suban impuestos: «No hay que revertir reformas que se han mostrado eficaces”. El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, expresó que “necesitamos un plan de reactivación basado en la ortodoxia económica, un marco laboral estable y una política fiscal que no eleve la presión sobre empresas y particulares”. José Miguel Guerrero, presidente de Confemetal, exigió al gobierno más ayudas y menos impuestos para mantener abiertas las empresas, algo que considera “clave para evitar una crisis social tras la crisis sanitaria”. Ismael Clemente, de Merlin Properties, pidió medidas de liberalización de su actividad, la inversión de activos inmobiliarios. Desde el sector de seguros, Huertas (Mapfre) y Pilar De Frutos (patronal Unespa) insistieron en mantener, e incluso aumentar, los apoyos fiscales que hay para el ahorro, especialmente para los planes de pensiones privados. Desde Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, advirtió que imponer al sector bancario más impuestos o requerimientos que puedan afectar a su rentabilidad “es muy contraproducente”. Y para completar el panorama, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reclamó en su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, mayor flexibilidad para que las empresas puedan aplicar descuelgues de los convenios colectivos; permitir mayor movilidad funcional y geográfica de los trabajadores y poder incrementar la distribución irregular de la jornada y, cómo no, una mayor moratoria fiscal para las empresas. Él mismo declaró: “No hay que ir hacia la nueva normalidad, sino volver a la vieja tan pronto como sea posible”. Todo un programa. Nada nuevo bajo el sol, la nueva normalidad es simplemente volver a las viejas recetas. Unai Sordo, de CCOO, respondió: “si el mensaje fuerza de la ‘elite empresarial’ es incidir en la caída salarial -reforma laboral- y la falta de corresponsabilidad fiscal -75.400 millones de menos al año- apaga y vámonos”.
La crisis ha puesto casi todo patas arriba y están en cuestión muchas de las normas que parecían evidentes. El FMI avisa de que la economía española puede ser una de las más perjudicadas. El descenso del PIB podría superar el 15%. La desigualdad, que ya era enorme, será insoportable. La pobreza es una realidad en muchas ciudades y barrios obreros. Aunque mientras duren los ERTE,s las cifras del paro estarán contenidas la repercusión sobre el empleo será brutal. Por eso mismo, aún resultan más odiosas y provocadoras las posiciones mayoritarias de la patronal. Su estrechez de miras y su cortoplacismo les impide reconocer que la magnitud del desastre es de tal envergadura que las cosas no podrán ser igual, que el verdadero problema, al que no tienen respuesta, consiste en sus dificultades como clase capitalista para afrontar un futuro que será diferente.
No hay que engañarse, esto es lucha de clases. Es tentadora, y muy engañosa, la idea de que todos juntos podemos salir de la crisis, pero ni el punto de partida es el mismo ni lo son los intereses. La mayoría solo tienen la fuerza de trabajo, sea manual o intelectual, sean asalariados o autónomos, apenas tienen ahorros, cuando no una hipoteca o un alquiler elevado; mientras que unos pocos disponen de grandes fortunas, que han aumentado exponencialmente en estos meses (en estos tres últimos meses las 23 personas más opulentas del reino han aumentado su riqueza un 16%). Mientras, entre la población no rica se han perdido 3 millones 800 mil empleos y otros 3 millones 400 mil continúan colgados del frágil hilo de los ERTE. La mayoría ha aprendido que es necesario reforzar lo público, lo básico y común a todas y todos; para otros es una ocasión de seguir acumulando, para que lo suyo, lo privado, se imponga por encima de lo colectivo. Los empresarios lo presentan como si fuera la única manera de crear empleo o riqueza, cuando el empleo y la riqueza solo es producto del trabajo y lo que hacen es apropiarse de una parte de ese trabajo.
Entre crispación y acuerdos
La cumbre de la CEOE ha evidenciado que de momento no coincide la crispación que generan las derechas y las necesidades inmediatas de la clase capitalista. A pesar de que hubo algunas críticas al gobierno, en general el tono de los empresarios fue distinto al del PP y Vox. La mayoría han reconocido que los ERTE,s ha sido una buena decisión, que los préstamos ICO ha facilitado la liquidez, algunos hasta que la renta mínima ha sido positiva, por eso prefieren ahora un acuerdo que pueda proporcionar paz social y, sobre todo, recibir el dinero del Estado y especialmente del que pueda llegar de Europa. Eso es lo que determina su posición.
Los acuerdos para prorrogar los ERTE,s hasta el 30 de septiembre y la declaración que se está negociando en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de Diputados van en esa dirección. Pero la cuestión decisiva es el contenido de los pactos y/o acuerdos. Los empresarios piden y piden -qué hay de lo mío, fue un denominador común en la cumbre-. Sirva como ejemplo los titulares de un conocido diario económico: “Constructoras demandan un plan de infraestructuras con iniciativa privada” (o sea dinero público gestionado por empresas privadas) “Los promotores piden avales públicos para el acceso de los jóvenes a la vivienda” (Lo mismo) “4.250 millones para salvar el turismo” (El dinero que ofrece el gobierno para el sector)
La ecuación de pedir dinero al Estado y a Europa no cuadra con exigir que no se suban los impuestos de los más ricos. ¿Quién paga? ¿Nuevas medidas de austeridad? ¿Una deuda insoportable? Esos mismos dirigentes de la derecha y de las patronales que atacaban la deuda pública, que pedían adelgazar el Estado, que clamaban porque sólo la iniciativa privada podía tirar adelante la economía, ahora andan desesperados pidiendo dinero público, pero para seguir manteniendo sus negocios y beneficios.
Los acuerdos serán útiles si responden a las necesidades de la mayoría y lo difícil es imaginar unos acuerdos que concilien los intereses de la población trabajadora con los de los capitalistas, o los intereses de las izquierdas con los de las derechas. Es una lección básica de lucha de clases. Y no suena muy bien lo que se oye. Parece que no habrá impuestos sobre las grandes fortunas ni que se vaya a derogar la reforma laboral, dos de los temas políticos y sociales claves.
Lo más probable es que las derechas y los intereses de las patronales combinen las dos políticas, la crispación para dividir y debilitar al gobierno y tener movilizados a los sectores más reaccionarios, y la exigencia de acuerdos para atar en corto a gobierno y sindicatos y sacar el máximo del dinero público. La única manera de romper esa diabólica combinación es la movilización social que exija lo que es necesario para la mayoría: un plan de rescate social, inversión en sanidad y enseñanza pública, una renta básica universal, vivienda digna y derechos y libertades. Un programa de respuesta a la crisis que ya hemos expuesto en Sin Permiso.
Como los capitalistas saquean el Estado
La crisis ha obligado a los gobiernos y a la Unión Europea a dedicar miles de millones para afrontar la situación. La propaganda vende el discurso de que se hace para ayudar a la población más desprotegida, pero eso es solo una pequeña parte de la verdad. El grueso de esas aportaciones multimillonarias se dedicará a salvar empresas y a inyectar recursos en el sistema financiero, o sea, otra vez los bancos. Suelen decir, en la cumbre de la CEOE se ha escuchado a menudo, que solo la iniciativa privada puede crear empleo, que las empresas son imprescindibles para salir de la crisis (las empresas sí, pero no necesariamente privadas) y por eso consideran como normal y evidente que ellos deben ser los depositarios del esfuerzo económico general de la sociedad, expresado en los créditos o en la deuda pública que se generará.
Así es el funcionamiento del sistema capitalista. En la crisis del 2008 se salvó a la banca y todavía debe unos 60.000 millones, que nadie les reclama y que forma parte de la deuda de toda la nación. Directa o indirectamente se sigue haciendo lo mismo. El que fue concejal por Ahora Madrid, Carlos Sánchez Matos ha publicado un twit en el que explica el negocio de los bancos con el dinero que presta el BCE a interés cero y que luego cobra hasta el 4,5% por los préstamos ICO, sin apenas riesgo ya que el Estado cubre el 80% del riesgo. Sánchez Matos calcula que en cinco años la banca puede obtener unos 13.000 millones de beneficios a través de la línea de avales a las empresas. Con toda razón, el dirigente de la UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado una banca pública que ahorraría dinero y podría ayudar más barato a las empresas y a la ciudadanía.
No es solo la banca, puede ser también la construcción, los sectores industriales o las multinacionales que obtienen financiación, cuando no directamente ingresos a fondo perdido, o los muy afectados por el confinamiento, como el turismo. Lo normal (si algo así puede decirse en el sistema capitalista) sería que el dinero público destinado a empresas o sectores productivos fuera devuelto o que el Estado participara en determinadas empresas. No estamos hablando de expropiar a los grandes capitalistas, ni de nacionalizar la banca (todo llegará) sino de medidas básicas de defensa de la economía del país que no debería estar supeditada a los intereses privados de los capitalistas.
Pepe Álvarez ha puesto como ejemplo la situación de Alcoa, la empresa de aluminio que quiere cerrar en Lugo: “A nosotros no se nos pasa por la cabeza que dejemos de estar presentes en la transformación del aluminio. Es un elemento fundamental para embalaje de alimentos, coches”, matizando que debe ser el Estado el que defina cuáles son esos sectores estratégicos para que “directa o indirectamente” pueda “mantener un producto estratégico esencial”.
En este debate hay además otro problema esencial. Durante años el neoliberalismo desarrolló una intensa campaña para adelgazar al Estado, básicamente para que los ámbitos económicos públicos pasaran a manos privadas, y avanzó mucho apropiándose de buena parte del patrimonio estatal. Recordemos que se privatizó Telefónica, algunos bancos y cajas, lo privado entró con fuerza en la sanidad y enseñanza pública, pero esta crisis está demostrando que el capitalismo no puede sobrevivir sin chupar del Estado, o lo que es lo mismo, abusar del conjunto de la sociedad en provecho propio. La mayoría de los sectores productivos necesitan ahora del dinero público para poder continuar y, si las cosas no cambian, serán los capitalistas quienes saquearán el dinero público a costa del conjunto de la población. Lo que se revela claramente como una mentira es que el capital se siga reproduciendo sin la intervención constante del Estado. Abandonado al libre mercado, los capitales habrían ya perdido una gran parte de su valor a través de un reguero de quiebras y de pérdidas importantes. En ese sentido, esta crisis desnuda al sistema capitalista, muestra su carácter parasitario y obliga a pensar y reunir las fuerzas para avanzar hacia uno nuevo y diferente.
De los deseos a la lucha
El impacto de la pandemia ha sido tan brutal que al principio parecía que podían imponerse las ideas básicas de reforzar lo público, de mejorar la vida de la gente y en las ciudades, de dedicar los esfuerzos a lo común de todas y todos, pero la realidad de los hechos y lo que muestra esta cumbre de la CEOE es que los poderosos van a seguir a lo mismo que nos ha traído hasta aquí. Por eso hay que reaccionar, pasar de los deseos a la movilización, a exigir lo que la mayoría viene exigiendo: trabajo y condiciones dignas; una renta básica; inversión en sanidad y enseñanza; derechos y libertades. Y si todo esto se opone al sistema y al régimen político pues habrá que tomar nota y luchar para cambiarlo.
Dos elementos, que no son los únicos, concentran el debate: la derogación o no de la reforma laboral y si los más ricos deben pagar más impuestos. La reforma laboral es una de las razones del descenso salarial en el reino de España y de la precariedad. Mantenerla significa que muchas empresas puedan bajar los salarios dada la situación de crisis y despedir con mayor facilidad. Mantener la reforma representa también que en casos como los de Nissan o Alcoa no se necesite una resolución judicial para un expediente de regulación y facilita a las multinacionales que puedan abandonar el país en muchísimas mejores condiciones para los capitalistas. Es una urgente necesidad derogarla, como el gobierno de coalición prometió.
Solo si se hiciera caso al Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se podría recaudar mucho más. En un reciente informe explican que las empresas pagaron un 47% menos en impuestos en 2019, 21.000 millones de euros menos que en 2007, cuando ha habido un 23,3% de recuperación de los beneficios empresariales. Y eso pasa porque existe un régimen de exenciones que el gobierno podría derogar. Según Gestha, la recaudación del Impuesto de Sociedades es el único que no se ha recuperado desde el 2007, ya que la ley que lo regula permite que las grandes empresas eviten el pago de 24.375 millones en los últimos cuatro años. Denuncia también que las empresas evitan impuestos a través de dividendos y plusvalías que no tributan en el Impuesto de Sociedades, y estamos hablando de un importe total de 466.990 millones de euros.
Para convertir los deseos en realidad se necesita la movilización. La cumbre de la CEOE demuestra que los capitalistas están movilizados, como lo están las derechas. Las clases trabajadoras, los millones de personas afectadas y/o amenazadas por el paro, quienes tienen que recurrir a la ayuda mutua para comer o encontrar una vivienda, la juventud, a quien otra vez se le quiere negar el futuro, tienen que mostrar su potencial y su capacidad de respuesta. El 20 de junio hubo unas primeras movilizaciones por todo el país convocadas por unas 500 organizaciones que exigen un plan social más enérgico y exigente que el que está aplicando el gobierno. El 27 fueron los sindicatos quienes convocaron diversas acciones y concentraciones. Los sanitarios se manifiestan todas las semanas, como los de Nissan y Alcoa y muchas otras empresas defendiendo su trabajo. Para que la nueva normalidad no sean las recetas del pasado habrá que luchar y salir a la calle.
Miguel Salas