Madrid: confinados en la austeridad y el clasismo

A partir de las 00:00 horas del día 21 de septiembre, 885.193 personas de la Comunidad de Madrid (el 13% de su población) verán durante al menos 14 días limitados sus movimientos a consecuencia del confinamiento parcial decretado por el gobierno autonómico. La razón oficial de la medida se halla en una disparada curva contagios por SARS-CoV-2 que ya alcanza los 5000 diarios y que es particularmente elevada en los barrios y localidades en las que se concentra una parte del grueso de la población trabajadora de la Comunidad. Pero existe una razón real de esta decisión: el obstinado mantenimiento de la lógica neoliberal extrema y austeritaria que nos domina. Hablamos de que las 37 “zonas básicas sanitarias” afectadas coinciden con barrios de distritos tremendamente populares como Villa de Vallecas, Carabanchel, Usera, Villaverde o Ciudad Lineal en la capital del reino o de barrios de ciudades como Fuenlabrada, Getafe, Parla y San Sebastián de los Reyes, y localidades como Humanes o Moraleja de Enmedio.

Unas medidas inútiles y clasistas

Un resumen rápido de las medidas adoptadas podría ser: es posible ir a trabajar y a clase, personarse en citaciones judiciales o llevar a cabo cualquier tipo de transacción económica (incluido jugar en una casa de apuestas) pero está prohibido acudir al parque con la familia (único espacio al aire libre, gratuito y de bajo riesgo). Dicho de otra manera: como trabajador tienes autorización para cruzar en un transporte público atestado el área metropolitana para colocar verduras en el súper, cuidar a los mayores de otros o poner cañas en un bar. Una vez terminada la jornada, deberás encerrarte en tu pisito para evitar contagiar y no reunirte con más de 5 de los tuyos. Para los que se salten las normas, el gobierno regional anuncia ya sanciones que oscilarán entre los 6.000 y 600.000 euros.

Multitud de expertos rechazan este confinamiento selectivo. Los refutan porque, salvo contadísimas excepciones, toda la comunidad de Madrid ya ha traspasado la frontera del contagio comunitario, un hecho que las medidas ahora tomadas no mitigarán.  Por el contrario, sí mencionan que es imprescindible el refuerzo de la atención primaria, empezando por abrir los centros que aún hoy están cerrados, más líneas de teléfono para atender pacientes, más profesionales de todo tipo, empezando por rastreadores que puedan seguir la cadena de contagios, así como la realización de muchos más test (no cribados indiscriminados) y una ampliación del transporte público y de los apoyos en las escuelas. Todo lo anterior es lo imprescindible; nada que ver con la criminalización clasista, segregadora, xenófoba y aporafóbica que indisimuladamente aparece en el fondo del decreto lanzado por la Comunidad de Madrid y que estigmatiza a una parte de la población.

Las asociaciones de vecinos ya se han puesto en pie de guerra. El mismo día que se hicieron públicas las medidas, centenares de personas se congregaron en la Puerta del Sol (sede de la presidencia del gobierno de la Comunidad). Por su parte, las asociaciones sanitarias y los sindicatos CCOO y UGT también han manifestado su rechazo. De hecho, el domingo 19 de septiembre, las movilizaciones volverán a tomar la calle. 

Amarrada a la austeridad

Por lo visto y escuchado en en el debate del estado de la región, celebrado esta semana, no sorprenden las iniciativas del ejecutivo madrileño. También parece que la política, junto con la calle, deberá encontrar la manera compartida y participada de tejer una unidad que, partiendo de la movilización y la pluralidad, abra el camino a una nueva mayoría imprescindible que salve a su población del maltrato social constante y sádico que padece.

Quedó también claro en el debate que la presidenta del gobierno, Isabel Díaz Ayuso, acudió al mismo sin propuesta diferente alguna. Por supuesto, nula referencia a la bomba del confinamiento segregador que ya se estaba diseñando para sólo tres días después. Al contrario, todo fueron triunfos y buen hacer. Ni atisbo de rectificación ante el desastre en las residencias de ancianos de los meses pasados y muy puntillas, referencias al alto número de contagios por Covid-19. Evidentemente, ni rastro de su afán obsesivo, compartido con C’s, por saltar fases en la desescalada, un elemento que todos los expertos mencionan como una de las claves que ha acelerado la segunda oleada de contagios que sufrimos.

Ayuso afirmó, ante la atenta mirada de su socio de gobierno, que «los recursos de las autonomías son limitados» y que, por esa razón, a veces, hay que elegir entre «aulas prefabricadas y respiradores». Lo aseguraba sin sonrojo mientras defendía rebajas de impuestos que beneficiarán a las rentas más altas y a la vez que pronosticaba una caída del PIB en la región del 12,7%, unos 30.000 millones, cantidad casi idéntica a toda la deuda acumulada que tiene. Ayuso obvió en sus intervenciones que la comunidad ha recibido del Estado ya más de 1.200 millones y que, en total, percibirá unos 3.400 para combatir la pandemia. Anunció también la puesta de más suelo a disposición del ladrillo y una ley para proteger a los propietarios ante una supuesta ola de “ocupaciones” que ninguna estadística avala. En este sentido aclarar simplemente que los propietarios son en un 98% bancos y fondos de inversión, y que las viviendas están vacías en su inmensa mayoría mientras se continúan produciendo decenas de desahucios al día.  La parálisis e inconsistencia del gobierno de coalición de Madrid no debe hacernos olvidar que éste trabaja por todos los medios y maneras a su alcance por mantener su caduca política neoliberal extrema y sus escasas propuestas así lo atestiguan.

Frente a ello, una parte de la izquierda se agarra a la actual composición de la cámara autonómica para señalar que los números darían para formar un gobierno diferente al actual comando el PP con C’s y su muleta Vox. Obviamente, cualquier debilitamiento del PP afectará a su red clientelar que durante 25 años ha disfrutado de un dominio omnímodo en la Comunidad. Pero, sobre todo, un cambio así mostraría el gran abismo que existe entre la gestión posible y actual de la política y las verdaderas necesidades de la gente. Expondría con toda crudeza las limitaciones de una administración construida al servicio del capitalismo de amiguetes, de la corrupción, y diseñada como una agencia de contratación al servicio de la gran empresa privada. Una administración que se halla completamente falta de músculo, de medios humanos y técnicos para afrontar las grandes y verdaderas necesidades de una población cada vez más empobrecida.

Sólo 72 horas después del debate en la asamblea regional, el vicepresidente, Ignacio Aguado, saltó al ruedo y lanzó un SOS desesperado a Sánchez, pidiendo la intervención del gobierno central. Reconocía así el desgobierno y la inutilidad de un ejecutivo de coalición del que es parte sustancial. Poco después, Sánchez respondió por carta: el próximo lunes 21 se reunirá con Ayuso en la Puerta del Sol, sede del gobierno autonómico, para afrontar la difícil situación que vive Madrid. Que nadie espere la “rendición de las huestes auteritarias”, al contrario. El plan es cristalino: pedirán a Sánchez policías y medios para mantener una política que ya no pueden sostener por ellos mismos.

Abrir un nuevo camino

El debate del estado de la región mostró la parálisis de la derecha y también su división. Las izquierdas, más allá de una critica común ante la que está cayendo, no fueron capaces de presentar un ramillete concreto, por ejemplo, de 5 propuestas comunes sobre las que poder avanzar. La iniciativa de Más Madrid de una mesa de emergencia no ha pasado todavía el corte. Consecuencia de todo ello es que en un tiempo próximo el deseado cambio en Madrid aún se encuentra lejos. Para acercarlo no hay otra que apoyarlo en la defensa de los derechos básicos de la mayoría. Hay que formular un nuevo contrato social; el actual lo quebró la austeridad y la corrupción neoliberal. Un contrato que se cimente en un nuevo estatuto que blinde derechos. En otras palabras, que rompa definitivamente con una austeridad que la pandemia está mostrando, si cabe, más tóxica que nunca.

Manifiesto por la Dignidad del Sur ante la segunda oleada

Desde las asociaciones vecinales del Sur de la ciudad de Madrid queremos manifestar nuestro más firme rechazo a las políticas clasistas y racistas que el gobierno de la Comunidad de Madrid está desarrollando durante esta segunda oleada de COVID-19 enfocadas a la discriminación de los vecinos y vecinas del Sur.

En lugar de proteger, cuidar y prevenir que la población más vulnerable de nuestra ciudad sufra como está sufriendo las mayores tasas de contagios, han optado por la estigmatización, la exclusión y la discriminación territorial.

Se ha optado igualmente por la política del miedo, por culpar a “los comportamientos individuales”, como si nuestros barrios fueran los únicos donde se incumplen ocasionalmente las normas, o como si no hubiéramos visto comportamientos inadecuados promovidos y alentados por las propias administraciones, como corridas de toros superando aforos, manifestaciones en barrios con alto poder adquisitivo en pleno estado de alarma, concentraciones negacionistas sin medidas de seguridad, terrazas y locales llenos de gente….

Han decidido que aquellas personas que no pueden permitirse un vehículo privado para trabajar, aquellas que por sus empleos precarios y/o en sectores como la limpieza, la hostelería o el comercio, de cara al público, aquellas que no pueden pagarse un piso (por no hablar de apartamentos de lujo para la cuarentena) para su familia porque ni siquiera pueden pagar el alquiler de una habitación… todas ellas, deben asumir que serán contagiadas y que además serán confinadas “por su culpa”.

A estos vecinos y vecinas nos gustaría saber:

Si es posible hacer PCR selectivos en este caso en barrios con otras características sociodemográficas, o acaso se buscaba una profecía autocumplida haciendo PCR selectivos en los barrios desfavorecidos de gente trabajadora.

Nos gustaría saber por qué no se han creado puntos COVID para no saturar nuestros centros de salud, por qué no se cumplen los rastreos, por qué los resultados de los PCR tardan siete días en darse, por qué no hay seguimiento médico de los pacientes en cuarentena, por qué no hay sanciones a quienes incumplen las normas de protección y prevención…

Tenemos muchas más preguntas, como por qué no se intensifica la ayuda social, ya que nuestros vecinos tardan meses en conseguir una ayuda (que a veces ni siquiera permite cubrir sus necesidades básicas en una situación no solo de emergencia social sino sanitaria).

El virus ha servido de excusa para sembrar el odio y el miedo entre nuestros vecinos/as. Se ha optado por señalar al eslabón más débil de la cadena… en lugar de hablar de lo que realmente es importante para el sur:

¿Dónde está el Centro de Salud de Butarque que se lleva una década pidiendo para evitar la absoluta masificación del Centro de Los Rosales?

¿Cómo van a desdoblar aulas si construyen aparcamientos en las parcelas destinadas a dotaciones educativas?

¿Y no necesitaríamos más recursos para paliar la vulnerabilidad social existente desde que se constituyó esta ciudad o es casualidad que los distritos cuyos peores indicadores relativos de esperanza de vida, nivel de estudios, renta media del hogar, tasa de paro, valor catastral de las viviendas, tasa de demanda de dependiente… sean los que se decide confinar?

¿Cuántas de las 200 medidas de las que en 2016 presentaron las asociaciones de Villaverde necesarias para la igualar el territorio y las posibilidades de nuestra vecindad se han llevado a cabo?

¿Se han planteado que distritos como Usera y Villaverde no pueden compartir unacomisaría? Quizás con más recursos en seguridad, medicación y prevención para la mejora de la convivencia, habría menos impunidad.

¿Cómo vamos a proteger a los niños y niñas en Usera si en el Centro de Salud Joaquín Rodrigo no tenemos pediatras?

Entre otras muchas preguntas, innumerables.

Para estos gobiernos somos la mano de obra barata de esta “ciudad global”, somos el lugar donde se ubica todo lo que la ciudad necesita pero le molesta (depuradoras, incineradoras, industria contaminante desde hace décadas…), somos a quienes confinar cuando las cosas no van bien. Pero nos hemos cansado de aguantar. Somos barrios eternamente olvidados y por eso nos oponemos a estas medidas, llamamos a nuestros vecinos y vecinas a reclamar la Dignidad del Sur, sin nosotros/as no habría cuidados, ni calles y espacios limpios, ni comida a domicilio, ni agua depurada… porque “nuestro modo de vida” es el modo de vida mayoritario al que nos condenan por falta de inversión, no el que elegimos.

Cuando se cumplan las ratios escolares, cuando se conozca la ratio médico/paciente y funcionen nuestros centros de salud, cuando se contraten a los rastreadores necesarios, cuando usar el transporte público no implique hacinamiento, cuando el contrato de limpieza de nuestras calles valga lo mismo que el de los barrios ricos, cuando se haga PCR a toda la ciudad…. entonces, solo entonces, si nada ha cambiado, nos confinaremos. Se necesita un Plan de Desarrollo del Sur, un nuevo Plan de Inversiones que reduzca la brecha social de nuestra ciudad, de nuestra región. Ese será el único camino que el Sur admitirá para frenar los contagios.

Firmantes:

AV La Unidad de Villaverde Este
AV Los Rosales
Asociación del Comercio de Villaverde
AV Los Hogares
AV La Unidad de San Cristóbal
AVIB
AMIFIVI
AV La Incolora
AC Gente de Villaverde
AV Barriada San Fermín
AV La Mancha
AV Almendrales
AV Orcasitas
AV Cornisa
AV Orcasur
AV Zofio
AV Barrio Moscardó
Asamblea Vecinal de Perales del Río-Getafe
AV Doña Carlota Numancia
AV Palomeras Bajas
AV El Pozo
AV La Viña
AV Kasko Viejo de Vallecas
AV Puente de Valllecas-San Diego
AV Norte Albufera
AV La Paz de Entrevías
AV Nuevas Palomeras
Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Carabanchel
AV Carabanchel Alto
AV PAU del Ensanche de Vallecas
AV La Unión UVA de Vallecas
AV La Colmena de Santa Eugenia
Colectivo 15M de Villa de Vallecas
FRAVM

Carlos Girbau es concejal de Ahora Ciempozuelos y amigo de Sin permiso.