| Los resultados de las elecciones autonómicas catalanas del 14-F vuelven a confirmar la estrecha mayoría independentista (50,77%), pero en un bloque con estrategias enfrentadas, en el que ERC consigue sobrepasar a JxC tras la separación del PDeCAT, y en el que la única fuerza que mejora sus resultados es la CUP. La apuesta por el ex ministro Illa del PSC consigue capitalizar una buena parte del desplome de Ciudadanos y sustituirle como la fuerza más votada, mientras que la suma de la derecha tripartita (C’s, Vox y PP) pierde el 50% de sus votos y se radicaliza hacia la extrema derecha, situando a Vox a la cabeza con el 7,69% de los votos. Los Comunes sufren un desgaste superior a medio punto, pero no varia sustancialmente sus resultados. |
| En cualquier caso, es significativa la alta tasa de abstención (46%), el doble de 2017, en un censo que deja fuera ya de por si a mas de 1 millón de residentes. A las dificultades creadas por el Covid-19 se añade la crispación de una sociedad que mantiene presente las cicatrices democráticas del referéndum del 1 de octubre, con 2.850 personas imputadas, además de los dirigentes independentistas presos y exiliados. No parece que estos resultados vayan a alterar la fórmula de gobierno. Ni la fórmula de un tripartito de centro-izquierda PSC-ERC-Comuns, que proyectase la coalición que sostiene al gobierno PSOE-UP en Madrid; ni la de un cuatripartito propuesto por ERC, que ampliase el anterior gobierno independentista a los Comuns y la CUP, centrado en la defensa del derecho de autodeterminación y la amnistía, cuentan con las condiciones políticas, a pesar de tener los números, para materializarse. La situación política catalana sigue bloqueada por los efectos combinados de la crisis constitucional y la represión del “procés” por un lado y el covid-19 y las deficiencias de su gestión por el otro. Pero también es evidente que las fuerzas del independentismo se mantienen, que hay un desplazamiento electoral en el llamado “constitucionalismo” -los partidos que apoyaron la aplicación del art. 155 a la Generalitat- a favor del “diálogo” que ofrece el gobierno de coalición estatal PSOE-UP. Pero ese “diálogo” que no es sino la gestión en los marcos del Régimen del 78 de su propia crisis constitucional y ganar tiempo aplicando la política del “mal menor”. Inevitablemente, aumentarán las contradicciones y la inestabilidad política y social, en medio de la crisis económica y sanitaria del covid-19. ERC consigue hegemonizar con su estrategia el bloque independentista y, si consigue la presidencia de la Generalitat tendrá que negociar con el gobierno PSOE-UP que sostiene en Madrid la transferencia y gestión de los fondos europeos de reconstrucción, al mismo tiempo que la situación de los imputados, presos y exiliados independentistas. Y el PSC, a pesar de su importante subida electoral, seguirá teniendo -como principal fuerza de la oposición- un margen negociador limitado por su defensa del Régimen del 78. Y esa separación se proyecta en la separación electoral entre la mayoría PSC-Comuns en Barcelona y su provincia y la del resto de Cataluña independentista. Por esas fracturas reaparecerán una y otra vez las reivindicaciones sociales y las democrático-nacionales, presionando a unos y otros. Tampoco es tan distinto de lo que ocurre en otros rincones del Reino de España. La explosión social de Linares, con decenas de heridos por la represión policial en las manifestaciones de protesta tras un incidente en el que dos policías nacionales apalearon sin motivo conocido a un padre y su hija en una terraza, es el reflejo de esa frustración acumulada. Linares, una ciudad industrial de 53.000 personas, tiene una tasa de paro general del 30% y juvenil del 50%, que no ha sido capaz de superar la reestructuración hace diez años de la fábrica automotriz de Santana. En una provincia, Jaén, convertida en un bosque de olivos que depende de las ayudas agrícolas europeas y las subvenciones agropecuarias del presupuesto central. Pero que tiene los peores indicadores socio-económicos de Andalucía. Y sigue la represión. El rapero Pablo Hasel se ha encerrado en la Universidad de Lleida pendiente de que la policía lo busque para encerrarlo. Por contra, ha sido absuelta la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por el master que nunca hizo, y condenada la profesora a quien, según parece, la presionaron para que falsificara las notas. En unos y en otros sitios, gestiones sin soluciones, mientras la crisis estructural del Régimen del 78 aumenta las frustraciones. |