Está en disputa el control político de la región más rica del reino. La que acumula el mayor número de instituciones, organismos públicos y oficiales, la principal plaza de la inversión extranjera, el feudo por excelencia del poder económico, financiero y político. Una disputa que resulta especialmente virulenta desde el pasado 10 de marzo. Ese día, la presidenta de la Comunidad del PP Isabel Díaz Ayuso rompió el acuerdo de gobierno que mantenía con C’s, destituyó a los consejeros de gobierno de dicho partido, empezando por su vicepresidente Ignacio Aguado, y convocó elecciones para el próximo 4 de mayo. Por su parte, la mesa de la Asamblea regional, en la misma jornada, admitía a trámite sendas mociones de censura presentadas por Más Madrid y PSOE con el objetivo de frenar la convocatoria electoral y forzar un cambio de gobierno ante una cita con las urnas que se antoja, cuanto menos, más complicada para las izquierdas (PSOE, Más Madrid y Unidas podemos-izquierda Unida-Madrid en pie) que para las también divididas derechas (PP, C’s y Vox).
A tenor de la prensa, toda ella dominada por grandes grupos económicos, la derecha se las promete muy felices; las izquierdas se contemplan como meros comparsas en toda esta operación. ¿Será eso cierto? En las últimas elecciones de 2019, la diferencia en votos entre ambos bloques fue solo de poco más de 96 mil votos. ¿Podrían las izquierdas revertir la situación?
Inestabilidad asegurada
A la hora de cerrar este artículo no sabemos si en Madrid habrá elecciones o mociones. Lo que sí conocemos es que cinco jueces del contencioso-administrativo del TSJM decidirán entre el 13 y 14 de marzo sobre el calendario electoral madrileño. El que deban ser los tribunales los que resuelvan ya evidencia, más allá de los titulares pensados para contentar a la propia parroquia, una evidente falta de normalidad, así como de apresuramiento.
Recordemos que el pasado miércoles PSOE y C’s acababan de presentar una moción de censura (ahora ya sabemos que fallida) contra el gobierno PP-C’s en Murcia. Para evitar la posible repetición de la jugada en Madrid, Díaz Ayuso decidió aplicarse la vacuna: decretó el fin de su gobierno de coalición, disolvió la Cámara y convocó elecciones. La decisión fue tan precipitada que ni los jefes estatales del PP la conocían.
Pero el decreto de Ayuso tiene un coste para el PP. De un lado, le impide llevar a la Asamblea los presupuestos autonómicos que ya había pactado con Vox y C’s y con ello otorgar los 600 millones de euros en ayudas directas que, por primera vez desde la pandemia, se habían establecido para comercio, pymes y autónomos. Por no hablar de la parálisis que la decisión provoca en una Administración que debía hallarse a pleno rendimiento para trabajar el paquete de ayudas europeas y definir cómo y en qué emplear los fondos para la recuperación y la resiliencia en los que todo el mundo ha puesto sus ojos como palancas para el relanzamiento económico.
A favor del decreto de Ayuso, unas encuestas que, de ser ciertas, permitirían a dicho partido recuperar el rol de primera fuerza en escaños y votos. Un papel perdido en 2019 a favor del PSOE que, con 884.218 votos y 37 diputados frente a los 719.852 votos y 30 diputados del PP, ganó aquellas elecciones. Se puede añadir que, con este nuevo paso por las urnas, tanto Vox como el PP esperan reducir de facto las tres derechas a dos ya que es previsible que C’s, al igual que en Catalunya, se dé un importante batacazo. De cumplirse la demoscopia, el PP, con la ayuda de Vox, podría ostentar la mayoría de una asamblea que amplía, por crecimiento demográfico, su composición en 4 escaños con respecto al 2019 y llega a los 136 diputados.
Con elecciones o moción, la situación política en Madrid no dejará de encontrarse dominada por una inestabilidad profunda, por la parálisis y por la provisionalidad. El estatuto de autonomía obliga a convocar sí o sí elecciones en 2023. Es decir, que la cita electoral, no siendo un tema nada menor, representa poco más que un parche para dos años.
Una pesada herencia
En los últimos dos años, al tándem PP-C’s sólo se le conoce una ley aprobada, la del suelo. Recurrida judicialmente, dicha ley no deja de ser la vigésima modificación del ladrillismo de siempre. En la cámara de Vallecas, no ha habido nada más, ni siquiera presupuesto. Pero en la vida de las madrileñas y madrileños la cosa ha resultado muy distinta, máxime tras la aparación del SarsCov-2. Realicemos un rápido repaso de la situación a partir de las propias cifras oficiales o de estudios e informes como el de Foessa o la FADSP.
Sanidad: El Gobierno de la Comunidad de Madrid fue responsable del desastre en las residencias, las que mayor índice de fallecimientos han sufrido en la España de la pandemia. Los cierres perimetrales, diseñados con claros criterios de inutilidad efectiva y bastantes rasgos aporafóbicos, siguen dejando a la Comunidad a la cabeza de los contagios, con 225 por 100 mil habitantes. Los centros de salud se mantienen cerrados y faltos de todo tipo de medios, comenzando por los humanos. El gasto sanitario público per cápita se situó en 2019 un 14,42% por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas. Por el contrario, los ingresos de las empresas sanitarias y aseguradoras de salud y su parte correspondiente en el presupuesto público no han dejado de crecer.
Educación: la falta de profesorado es ya crónica, tanto como la masificación, la escasez de inversión y el desvío de dinero a los centros privados, incluidas universidades de todo pelaje.
Las políticas sociales se hallan dominadas por el recorte y la externalización. La Renta Mínima es recibida cada vez por menos personas y se enfrenta al fracasado Ingreso Mínimo Vital. Mientras, la pobreza aumenta y su riesgo alcanza a más del 20% de la población. Unos 500 mil ciudadanos no tienen posibilidad de proyecto vital alguno al encontrarse en situación de pobreza severa.
Desempleo: 447.101 personas están en paro, 190.919 son hombres y 256.182, mujeres; 39.748 desempleados de la región tienen menos de 25 años. Se trata de una cifra peor que la de otras comunidades.
Vivienda: los grandes tenedores regentados por fondos buitre acaparan cada vez más pisos, aprovechando los mil caminos que les abre la creciente ruina de una población cada vez más empobrecida.
Política fiscal: La Comunidad de Madrid deja de recaudar cada año, a causa de bonificaciones y exenciones en los impuestos, 5.904 millones de euros. Esta cifra supone un 22% del presupuesto de ingresos liquidado del ejercicio 2019. Los datos indican que el 7% de los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros son quienes se benefician del 42% de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF. A día de hoy, más del 67% de los contribuyentes españoles con una fortuna superior a 30 millones de euros ya viven en Madrid. La renuncia expresa a recaudar entre los más ricos ha provocado un crecimiento de la deuda hasta los 28.635 millones de euros, un presupuesto autonómico completo.
En resumen, como puede observarse, el panorama se halla dominado por una desigualdad insultante, la mayor del reino (4,1% superior a la media de la UE) que impregna el propio territorio y que provoca que, entre las 10 ciudades más ricas de España, cinco sean de Madrid, con rentas de hasta 72 mil euros por habitante en la zona norte y noroeste de la Comunidad. Por el contrario, en la zona sur y este se agrupan más de 800 mil personas con rentas que no superan los 25 mil euros al año. En la propia ciudad de Madrid (núcleo urbano que concentra casi la mitad de la población de la autonomía) el 20% más rico de su censo ya posee más del 50% del conjunto de la renta de la ciudad.
Los 26 años de experimento neoliberal extremo han reducido la libertad de la mayoría y dejado la comunidad con unos desequilibrios enormemente profundos que la pandemia no ha hecho más que agravar en su integridad.
“Libertad o socialismo”
A pesar del maltrato social intenso que recibe la población madrileña, de las profundas tramas de corrupción que rodean al poder del PP (Lezo, Púnica, Gürtel, etc) y que el Tamayazo fue el primero en destapar, Ayuso y su partido se presentan, con un cinismo irritante, bajo el lema de “libertad o socialismo”. Una campaña de marcado carácter trumpisa que busca “pescar” entre una población castigada por la pandemia y la precariedad, muy apartada de la política y deseosa de lograr cierta estabilidad.
En tales condiciones, desmostar el discurso de Ayuso está directamente relacionado con la capacidad que tengan las izquierdas de asociar la libertad, es decir, la posibilidad de decidir y de ejercer los derechos de cada ciudadano con la garantía efectiva de ejercicio de tales derechos. No son, en consecuencia, palabras sobre el Estado de derecho o la democracia plena lo que permitirá ganar votos, sino medidas claras y precisas que las hagan realidad.
Sin duda alguna, uno de los derechos más potentes para asegurar la libertad del conjunto de la ciudadanía pasaría por garantizar el derecho a la existencia material, a vivir sin tener que pedir permiso a otro para poder comer o vestirse. En otras palabras, una renta básica universal e incondicional y su obligado reverso financiero: una reforma fiscal profunda que la pueda hacer realidad. El hecho de que la Comunidad de Madrid no tenga capacidad legal para establecer esta iniciativa no impide que se pudieran llevar a cabo importantes cambios que favorecerían acercar, siquiera un poco, a la ciudadanía a la libertad que necesita y, en consecuencia, a más y mejor democracia.
Algunas medidas posibles
Para empezar, es necesario recuperar el lugar del gobierno de la Comunidad y de la propia Asamblea como espacios de poder público, de expresión de voluntad popular. Hoy ambos se encuentran vacíos de toda vida. Madrid y su Administración son meras oficinas de contratación para grandes empresas y lobbies que convierten el presupuesto público y su influencia sobre le mismo en su quehacer diario. Con ello secuestran la libertad de toda la ciudadanía, asfixiando la democracia. Precisamos de un plan de rescate social y de emergencia para la población, y de un modelo de comunidad vertebrada a partir de los derechos de las personas, la agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible, de los cual se reclama toda la izquierda social y política de Madrid, podría ser la percha. Dicho plan de rescate y agenda seria más sencillo que prevalecieran sobre las divisiones políticas actuales de una manera superadora e inclusiva. Podrían, a la vez, siempre y cuando se conformaran como objetivos precisos, de garantía efectiva de lucha contra la pobreza, en favor de la sanidad, la educación, el empleo, la protección social, la igualdad, la participación y la transparencia o la vivienda, ser base de movilización.
Obviamente, resulta imprescindible financiar tales derechos. Y para ello hay recuperar la capacidad fiscal de Madrid revertiendo las medidas que la transformaron en el “Delaware español”. La libertad del 5% de la población que se beneficia de esa situación impide la libertad a la mayoría. Es hora de darle la vuelta.
Debe requilibrarse a las personas y al propio territorio. En ese marco son insustituibles amplias alianzas sociales y territoriales en las que las asociaciones y sindicatos, así como los municipios, jueguen un papel determinante. Ganar en libertad contra una minoría ultra rica y su gobierno exige de un esfuerzo muy amplio y unitario.
Las izquierdas
Al principio de este artículo no preguntábamos si era posible que las izquierdas revirtieran la situación madrileña. La forma final de moción de censura o elecciones afecta en lo inmediato, pero no influye en el fondo de la respuesta. La derecha cree que las izquierdas podrían ganar y, junto a todo lo demás, convoca elecciones en martes apostando por la abstención. Es decir, apuesta por el voto de esa parte de la población menos urgida por la precariedad (su base electoral) que seguro que podrá acudir a las urnas con más facilidad que aquella mayoría que necesita el cambio para poder respirar y vivir.
A nadie se le escapa que, en un estado de emergencia sanitaria, social, económica y ecológica como el que vivimos, ganar a las derechas no será, como muestra Murcia, resultado de maniobras palaciegas. Ganar exige unidad y llegar a todas las víctimas de esta cuádruple crisis. Todo el mundo debe tener voz, pero lo mejor para lograrlo es que la forma electoral que se adopte permita tener a los dos polos principales de las izquierdas identificados. Dicho de otra manera, la actual división en tres no ayuda. Sería mucho más positivo que al espacio a la izquierda del PSOE lo ocupara una única fuerza que sumara todos los votos. Los 96 mil sufragios que faltaron en 2019 para ganar estuvieron, entre otras cosas, relacionados con la incapacidad de la gente para entender esa parcelación que ahora amenaza con reproducirse y que, por pura emergencia, debería superarse.
Cierto es que se supere o no la división en tres, asunto nada baladí, en nada debería impedir que las izquierdas, con sus propios matices, presentaran un programa común compartido, preciso y concreto. Entre otras cosas, porque si se le diera la vuelta a la situación y perdiera la derecha, la alianza de gobierno obligaría justamente a pactar tales medidas.
La batalla por Madrid ha entrado en otra fase. Y lo mejor para sacar el máximo provecho de ello es que las izquierdas hicieran lo propio.
Carlos Girbau concejal de Ahora Ciempozuelos y amigo de Sin Permiso.