Cuando estamos ante una nueva oleada de contagios de la variante omicrón y de nuevo la sanidad pública tiene que soportar una enorme presión, nos cae encima otro virus: el de la inflación desbocada que hace perder poder adquisitivo a la mayoría de las familias trabajadoras. El encarecimiento de la electricidad -según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) los hogares pagaron durante 2021 un 41% más de gastos de electricidad- tiene una repercusión directa sobre el conjunto de la economía y de la producción de productos básicos. El año se cerró con un espectacular 6,7% de aumento, ¡lo nunca visto desde hace 30 años!
Estos datos afectan directamente a los bolsillos de las familias trabajadoras. Se mire por donde se mire, representa una pérdida neta e inmediata de poder adquisitivo, ya bastante menguado por los efectos de la pandemia. Mientras que los precios suben un 6,7%, la media de los convenios firmados durante 2021 fue del 1,5% (inferior incluso al 1,78% que se obtuvo en 2020). A pesar de que se modificó la congelación de las pensiones que impuso el PP, el aumento pactado para los 9 millones de jubilados, el 2,5%, queda lejos del 6,7%. Como les ocurrirá a los trabajadores y trabajadoras de la Administración del Estado, ya que su aumento salarial será del 2%. De momento, el gobierno ha congelado el salario mínimo interprofesional (SMI) en 965 euros, aunque ha prometido subirlo más tarde. Y si los sectores de la clase trabajadora que tienen más o menos reconocidos sus derechos salariales van a perder poder adquisitivo, es fácil imaginar lo duro que será para los sectores más precarizados, especialmente jóvenes y mujeres, o los autónomos.
Es una situación grave y se necesitarían respuestas de altura. En primer lugar, la respuesta movilizadora de todo el movimiento sindical y asociativo. La huelga general del metal de Cádiz logró firmar un convenio en el que se recuperaba el poder adquisitivo si la inflación superaba el aumento salarial acordado. Se pueden defender los salarios si hay una respuesta unitaria, firme y de movilización en todos y cada uno de los convenios colectivos y a nivel general.
Este aumento de los precios va más allá de los convenios colectivos porque afecta al conjunto de la población, representará más empobrecimiento colectivo en el que las políticas de la extrema derecha pueden encontrar más eco a la desesperación. Por eso se necesitarían respuestas de urgencia, generales, como, por ejemplo, una renta básica universal que permitiera un sostén básico general a toda la población y aligerara el golpe que representa esta inflación desbocada.