La Comunidad de Madrid, que alberga la capital del reino, estrenó el año con nuevos presupuestos. Los primeros en un trienio, los primeros de Isabel Díaz Ayuso y los primeros que cuentan con el voto favorable de la extrema derecha de Vox. Inmediatamente tras su aprobación y en plenas navidades, el gobierno autonómico del PP lanzó por procedimiento de urgencia su Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, conocido como Ley Ómnibus. Más de 40 entidades sociales, que van desde CCOO y UGT hasta Ecologistas en Acción, pasando por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, han firmado un llamamiento e iniciado una campaña contra el anteproyecto que, además, ya ha cosechado el rechazo de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, grupo este último que, en los únicos 7 días que tuvo de plazo, presentó 60 alegaciones al mismo. A año y medio de las próximas citas electorales municipal y autonómica en Madrid, las derechas siguen marcando el paso. Mientras, las izquierdas en su sentido más transversal, continúan sin resolver, que no sin intentar, cómo salir del rincón de pensar en el que fueron colocadas tras los resultados de últimos comicios del 4 de mayo de 2021.
Los planes de las derechas y Madrid
Junto al objetivo general compartido por todas las facciones de las derechas de terminar, cuanto antes, con el gobierno de coalición progresista se lleva a cabo otro proceso: el de la reorganización de cada uno de los segmentos de esas derechas dentro de su objetivo general. En este sentido, Vox pugna con el PP por liderarlo, si bien no tiene un proyecto realmente disímil al de los populares. A la par, aparecen dentro del propio PP diferencias: entre Ayuso y el presidente gallego Feijó o entre ambos y el propio presidente del partido, Pablo Casado. Finalmente, y de manera muy marginal, C’s intenta simplemente no desaparecer engullido en un debate en el que (tras la foto de Colón) ya no es capaz de tener propuesta propia.
Madrid representa una plaza fundamental en todo el juego descrito. Lo es por su realidad económica (19,5% del PIB), por albergar la mayoría de las mayores empresas y de aquellas que dominan el Ibex 35, por ser la capital, por su capacidad de absorber las ¾ partes de toda la inversión extranjera, por el número de sedes de bancos, de inversión pública, de altos funcionarios e instituciones del Estado, etc.. En consecuencia, el sector ultra liberal que representa Ayuso y su gobierno constituyen mucho más que un simple ejecutivo autonómico; son una punta de lanza que empuja buscando, desde la máxima ocupación institucional que les sea posible (gobierno autonómico, asamblea o ayuntamientos) fortalecer su alianza con los sectores sociales y económicos antes referidos, y así esperan representar la línea que domine todo el proceso de reorganización de las derechas.
Vox, al apoyar el presupuesto de la Comunidad de Madrid a cambio de un pacto de 13 puntos con un pálido resultado económico (menos de 100 millones sobre un presupuesto de 23 mil), logra colocar mensajes con fondo político, y lograr que éstos ya sean también avalados por el PP regional. Nos referimos, por ejemplo, a medidas contra los menores no acompañados, los derechos de la mujer a decidir libremente su maternidad, la igualdad, o apretar a favor de blindar, aún más, la educación privada-concertada.
Con todo ello, Vox gana espacio e incide en la pelea contra el PP, tanto como entre sus diversas facciones. Recordemos que mientras en la Asamblea dijo sí al presupuesto a cambio de poco más del 1% del mismo, en la capital, rechazó las cuentas municipales que les presentó también el PP. Su alcalde, Martínez Almeida, es también portavoz nacional de dicho partido y afín al sector popular que (cada vez con menos éxito) se enfrenta a la madrileña Ayuso.
Y decimos cada vez con menos éxito porque la aprobación de los presupuestos regionales gracias a Vox y los del ayuntamiento de la capital gracias a una escisión de Más Madrid, condenada a la desaparición, no tienen posible comparación. Como tampoco tiene refutación la evidencia de que es Isabel Díaz Ayuso la que ahora, como se observa en el debate de los Fondos Europeos o sobre el manejo de la Covid, quien marca los ritmos. Unos ritmos, por otro lado, que, sí o sí, tienen a Vox como pareja de baile, al neoliberalismo extremo por partitura y al soniquete de la “libertad” como estribillo.
Las medidas
La pandemia y sus efectos sobre las vidas de los aproximadamente 6,6 millones de madrileños está siendo utilizada por el PP de Madrid como un tiempo en el que reforzar sus políticas neoliberales extremas y las alianzas (sociales y políticas) sobre las que se sustenta. Cuestiones ambas muy presentes en los presupuestos de este año y en el Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración.
Los presupuestos aprobados en las vísperas de la navidad incrementan su cuantía con respecto a los anteriores de 2019. Ahora bien, dicho crecimiento se corresponde con la inyección de fondos europeos, casi 800 millones de euros, no con una mayor recaudación, ya que el 2% ultra rico sigue “ahorrándose” mil millones de euros en exenciones fiscales de todo tipo. Aún y con ese aumento en los ingresos, no se incluye más dinero para la atención primaria sanitaria, algo sangrante ante el verdadero colapso que viven los centros asistenciales en plena ola de Ómicron, ni para la salud mental. La inversión en sanidad supone el 38,1% del gasto, más baja que la recogida en los presupuestos del 2019, antes de la pandemia. En educación, la cosa se centra en continuar potenciando la enseñanza privada-concertada, con 300 millones más que en el presupuesto de 2019, los profesores de religión, cuya partida crece un 23%, y el cheque infantil pactado con Vox. Una ayuda que pierde todo criterio social y al que pueden acogerse familias con rentas nada menos que de hasta casi 100 mil euros. Tampoco tiene suerte la investigación y el desarrollo en la “locomotora de España”. Aunque sube un 15%, se queda en unos ridículos 25,24€ por habitante, frente a, por ejemplo, los 51 € de la Comunitat Valenciana o los 163 € de la Vasca.
La Ley Ómnibus representa el marco de hierro que permitirá, bajo la fórmula de la colaboración público-privada, desviar el dinero de manera clara y con muchos menos controles hacia el sector privado dominado por los amiguetes.
Señalemos que el anteproyecto supone la modificación de 33 leyes, así como de cinco decretos vigentes en la Comunidad de Madrid. Incluye además 15 nuevas disposiciones que afectarán a ámbitos que van desde la hacienda pública, la ordenación territorial, la protección del medio ambiente, los servicios sociales, las uniones de hecho, la cámara de cuentas, la sanidad, el transporte urbano, la policía local y los agentes forestales, la agencia para la reeducación y reinserción del menor infractor o el tribunal administrativo de contratación pública, entre otros. Cambios que fundamentalmente se centran en la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria autonómica que no estará siquiera sometida al control parlamentario. Dicha agencia controlará hasta dos mil millones de presupuesto y se adscribirá al servicio madrileño de salud, pero se regirá por el derecho privado.
La nueva ley permitirá que las promotoras no tengan la obligación de ceder suelo a los ayuntamientos para la construcción de hospitales, escuelas u otros servicios, además de poder aumentar la edificabilidad y construir en espacios protegidos. La Comunidad tendrá la potestad de declarar cualquier proyecto de “interés regional”, retirándole así a los ayuntamientos cualquier capacidad de intervención.
Un método autoritario
Aplicar esta política neoliberal extrema exige jibarizar instituciones, reducir el espacio de intervención de todas las fuerzas políticas o negarles un papel a los ayuntamientos. De ahí que las 3.718 enmiendas a los presupuestos de la oposición no fueran ni leídas en el pleno (la mayoría en la Mesa de PP y Vox lo impidió) o que en muchas fases del debate parlamentario presupuestario (el central para todo gobierno) no estuviera presente nadie del gobierno, empezando por su presidenta. Ante la Ley Ómnibus, el procedimiento fue similar. Se tramita por urgencia y los plazos se acortan a solo 7 días. A pesar de la gran mayoría parlamentaria de la derecha y de su aliado ultra, Vox, hay que darse cuenta de que sin retorcer leyes, reglamentos y procedimientos resulta imposible aplicar medidas como las que Ayuso y Monasterio amparan.
La libertad
Ayuso envuelve no solo de oscurantismo su gestión. La acompaña, no sin falta de éxito y gracias, entre otras cosas, al apoyo mediático empresarial, de una supuesta idea de la libertad. Con una mano, sostiene que sus políticas permiten a las personas elegir sin injerencias aquello que más les conviene, apostar por la creatividad y emprendimiento, junto con la posibilidad de gastar sin cortapisas en aquello que deseen. Con la otra, desarrolla un autoritarismo creciente que se inmiscuye constantemente en todas las decisiones básicas que condicionan sobremanera el día a día de la mayoría de los habitantes de la Comunidad. Para empezar, impide, en plena pandemia, algo tan básico como acudir al médico cuando lo deseemos y necesitemos, ya que los centros de salud públicos están desarbolados y sin medios. Para continuar, nunca podemos decidir el centro escolar público al que queremos que vayan nuestros hijos porque hay zonas y barrios enteros sin tales recursos. Menos aún podemos escoger nuestra residencia porque los precios de la vivienda en alquiler o compra son imposibles de pagar. Tampoco decidir sobre la atención a los mayores o a personas enfermas. No hay política de cuidados, ni centros, ni alternativas. Finalmente, no hay libertad sobre algo tan personal como cuándo y cómo se desarrolla la maternidad o los propios sentimientos hacia los demás.
Madrid constituye un ejemplo muy claro de lo que hemos señalado reiteradamente desde las páginas de Sin Permiso y que ahora resumimos en la famosa cita de Louis Brandeis, juez de la Suprema Corte de los EEUU, cuando en los años 30 afirmó: «Podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en las manos de unas pocas personas, pero no podemos tener ambas cosas a la vez”.
El laberinto
Todo lo anterior se resume en la creciente concentración de riqueza y la apabullante desigualdad que trae consigo la reducción de la capacidad de la mayoría de ejercer sus derechos más elementales en condiciones dignas: empleo, salud, vivienda, educación, cuidados y la capacidad real de decidir sobre nuestras vidas. Algo evidente a tenor de los datos sobre pobreza o desigualdad que hacen de la Comunidad el espacio donde la diferencia entre ricos y no ricos es mayor de todo el reino y afectan de manera muy determinante la facultad de actuar de las instituciones.
Las seis olas de pandemia gestionadas por Ayuso en estos dos años están cincelando de una manera muy profunda un Madrid castigado que se resiente en términos de desarrollo humano.
Si queremos hallar el hilo que nos saque de aquí, el enorme e imprescindible trabajo parlamentario que realizan los partidos de progreso en la Asamblea, en especial Más Madrid, junto con el que se desarrolla en los municipios y la labor defensiva del movimiento asociativo deben encontrase sin supeditaciones. En este sentido, la defensa de leyes concretas que garantizasen y preservaran el acceso al agua y a la energía, a la sanidad, a la educación, a la igualdad, la sostenibilidad, el trabajo decente, etc. y la búsqueda de amplias alianzas para sostenerlas podrían ser la forma de aterrizar parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de NNUU recogidos en la llamada Agenda 2030. Su naturaleza transversal y compartida en términos de desarrollo humano podría representar un punto del que tirar para diseñar ese otro Madrid, el de las personas, que con urgencia tanto necesitamos.
Carlos Girbau Es concejal de Ahora Ciempozuelos y amigo de Sin Permiso