Desde mediados de febrero la comunidad educativa de Catalunya está en una situación de enfrentamiento con el conseller Gonzàlez-Cambray, que ha demostrado ser incapaz de prever las consecuencias de sus actos. El hito más visible es una huelga de distintos sectores que ha tenido un primer embate el 15, 16 y 17 de marzo (y que en principio continuará por lo menos dos días más de este mes) El malestar y el distanciamiento con el Conseller abarca a familias, estudiantes, equipos directivos y parece que la mayor parte de la opinión pública catalana.
El desencadenante inmediato es conocido, la modificación del calendario escolar, pero quizás explicar con detalle la puesta en escena de esta medida sea útil para entender como hemos llegado hasta aquí.
El 10 de febrero se convoca a todos los medios de comunicación a una rueda de prensa presencial con el Conseller y el President de la Generalitat, Pere Aragonès, en un centro público especialmente vistoso, ubicado en el Parc Güell, una joya de Antoni Gaudí. No se informa a los medios del contenido de la comparecencia y los equipos directivos de los centros educativos reciben un resumen veinte minutos antes de que empiece. Ni los sindicatos, ni las asociaciones de familias, ni ningún otro agente educativo ha recibido ninguna consulta previa. El Conseller Gonzàlez-Cambray y el President anuncian que el curso empezará una semana antes en primaria (del 12 al 5 de septiembre) y tres días antes en secundaria y que en el primer caso el horario lectivo de todo el mes de septiembre acabará a las 13 horas.
Des del punto de vista del contenido una medida así presenta un problema importante, porque la alta tasa de temporalidad del personal docente y de apoyo hace que entre una cuarta y una tercera parte de estas trabajadoras se incorporen cada 1 de septiembre al centro educativo en el que estarán ese curso. Reducir a la mitad el tiempo que pasa entre pisar por primera vez un centro e iniciar la actividad lectiva dificulta mucho la preparación del curso, especialmente en una situación de plantillas escasas y muy tensionadas después de dos años de pandemia y diez de recortes de todo tipo.
La forma es, directamente, una bofetada a trabajadoras y trabajadores, a las que se ignora olímpicamente, pero también a las presuntas “beneficiadas”, las familias, a los que no se les ha pedido opinión en ningún momento. Además, presenta problemas legales serios, tanto por el desconocimiento de la negociación efectiva (de buena fe) con la representación sindical por lo que se refiere a la modificación de las condiciones de trabajo y la distribución del horario laboral, como por el no cumplimiento de la consulta preceptiva al Consell Escolar de Catalunya, un órgano que reúne a la práctica totalidad de agentes de la comunidad educativa.
El choque es inevitable y los sindicatos ocupan, una semana después, la sede del Departament d’Educació para exigir una reunión con el Conseller y un proceso de negociación real que pivote sobre la reversión de los recortes y la mejora de la educación, pero también incluya revisar la modificación del calendario escolar y cambiar radicalmente la dinámica de “ordeno y mando” del Conseller.
Mantenella y no enmendalla
La respuesta del Conseller y de la maquinaria propagandística del Govern de la Generalitat es, durante la primera quincena después de la rueda de prensa, una verdadera antología de pensamiento neoliberal autoritario a la altura del mejor thatcherismo. “El Conseller tiene la misión de gobernar en beneficio de la sociedad y sabe lo que conviene a las familias y a los alumnos, digan lo que digan quienes les representan: los sindicatos solo defienden el inmovilismo para mantener sus privilegios de tres meses de vacaciones. El calendario será el que hemos dicho y nadie nos hará variar ni un milímetro” -dice Gonzàlez-Cambray – y le añade su particular estilo de “mesianismo para dummies”, pero es importante recordar que la presencia del president Aragonès en la rueda de prensa hace prisionero a todo el Govern, y muy especialmente a toda ERC, de esa dinámica, que tiene tanto de republicana como de izquierdas.
Los sindicatos que ocupan el Departament 24 horas tienen que aguantar todo tipo de chulerías del staff del Conseller (traeros las maletas, porque estaréis aquí encerrados hasta septiembre; os podemos denunciar por haber pasado la noche aquí…) y se mueven de prisa para enviar dos mensajes nítidos: no es un pataleo, vamos a dar la batalla de verdad y no defendemos nuestras vacaciones, defendemos una educación mejor, sin recortes, sin imposiciones y con recursos. Salen del encierro con una convocatoria de huelga de cinco días en marzo para los docentes de la educación pública y una plataforma amplia donde pesan mucho las cuestiones de calidad de la enseñanza (disminución de alumnado por aula, más horas de coordinación y preparación, debate abierto de los nuevos curriculums) junto a otras más directamente laborales.
Es una apuesta arriesgada: el personal docente ha secundado muy parcialmente las convocatorias sindicales de los últimos diez años, cinco días de huelga suponen dejar de cobrar una cuarta parte del salario de marzo y es evidente que la ofensiva para deslegitimar sus reivindicaciones va a continuar a todo trapo.
Pero empiezan a pasar cosas.
Mancha de aceite
El sector educativo catalán, especialmente el público, tiene una densidad asociativa importante: federaciones de asociaciones de familias, grupos preocupados por cuestiones pedagógicas, asociaciones de maestras y profesores, sindicatos, alumnos organizados. La vertiente institucional de eses conglomerado es el Consell Escolar de Catalunya, donde también están las distintas administraciones, y que tiene determinadas competencias legales y la más movilizadora está en el MUCE (marco unitario de la comunidad educativa). En los dos ámbitos crece la idea de que la imposición del nuevo calendario escolar da más problemas que beneficios y que es necesario, como mínimo una moratoria de un año para repensarlo desde el consenso. Esa idea se concreta en el caso del Consell Escolar en un dictamen preceptivo, pero no vinculante, donde la Generalitat se queda prácticamente sola defendiendo la aplicación del nuevo calendario para el siguiente curso y se aprueba por mayoría la petición de moratoria. El MUCE, por su parte, con la participación de la representación de las familias, publica un comunicado de apoyo a las reivindicaciones sindicales. Son dos hechos importantes en el proceso de deslegitimación del discurso del Conseller de “lo hacemos todo por el alumnado”.
Al mismo tiempo la huelga se extiende más allá de los docentes de la enseñanza pública. Los sindicatos de clase convocan al personal de la educación concertada (para los dos primeros días de huelga), al personal de apoyo educativo (para el primero) y al personal de monitores de extraescolares, comedor y de apoyo a necesidades educativas especiales, también el primer día (en este caso, convoca solo CCOO). Es un panorama de huelgas con muy pocos precedentes y que contribuye a generar un clima de enfrentamiento de toda la educación con el conseller.
Sin que la iniciativa esté liderada por los sindicatos, la huelga incorpora un apoyo importante y nunca expresado de manera pública y colectiva: los equipos directivos de los centros públicos. Hace años que el Departament de Educació ha incorporado normas para separar a las direcciones del conjunto de las plantillas, para generar dinámicas de gestión privada en las relaciones laborales de los centros educativos y para asegurarse la “fidelidad” de este colectivo. Que todas las direcciones de centros públicos de Barcelona manifiesten su oposición a la gestión de Gonzàlez-Cambray y anuncien que harán huelga el primer día de la convocatoria, y que en otros territorios surjan iniciativas similares, siempre unánimes, es una noticia con mayúscula que empieza a mostrar una soledad del Conseller realmente impensable.
Por último, pero sin duda lo fundamental, la convocatoria de huelga prende en los centros. No se queda en la primera franja de activistas sindicales, sino que permea al conjunto de trabajadoras que convocan claustros, organizan piquetes, hacen talleres de pancartas, hablan con las familias (CCOO es el único sindicato que lanza públicamente una carta abierta dirigida a ellas), preparan transporte para la asistencia a las manifestaciones, sortean como pueden los servicios mínimos abusivos…
La manifestación del primer día de huelga revienta todas las expectativas, abre todos los informativos y en el Govern empiezan a ver que tienen un problema.
Paz y amor
Gonzàlez-Cambray decide que si no puede ser Luis XIV intentará parecer Teresa de Calcuta. De repente, siempre han estado abiertos al diálogo, jamás han querido imponer nada a nadie, son los sindicatos los que no quieren negociar y ellos han sido los primeros en revertir los recortes.
Al mismo tiempo se eligen justamente esos días de huelgas para hacer efectivos determinados compromisos previos con los docentes de la escuela concertada (jubilación parcial) y los equipos directivos públicos (complemento de dirección). El segundo día de huelga el Conseller dice que los centros que no se quieran adaptar a los nuevos curriculums podrán no hacerlo el próximo curso; exactamente lo mismo que se les negó como imposible a los sindicatos aduciendo que era una obligación legal. En esos momentos, la credibilidad del Conseller para los sindicatos es cero, pero el Departament de Treball se ofrece como mediador y por ahí se abre una posibilidad de negociación real.
Cuando escribo esto llevamos tres días de reuniones entre el comité de huelga y el Departament d’Educació, siempre con la mediación de Treball. El resultado es incierto, básicamente porque el Departament aun no parece haber pasado de la retórica a los hechos. Sin medidas reales de mejora de la educación y de las condiciones laborales y sin demostrar un mínimo de permeabilidad a la voz de las familias y de toda la comunidad educativa, quedan pocos más caminos que seguir en la movilización.
Alguien calculó muy mal la respuesta a aquella rueda de prensa en el Parc Güell. Si calculan que el cansancio hará desistir de la protesta, seguramente acertarán igual.Juanjo Bravo Responsable de Comunicación de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya