Desescalada es la palabra clave en esta novena semana de confinamiento. Pasar a la fase 1 parece la principal “guerra” del problema sanitario, social y económico y no militar provocado por el Covid 19. Las presiones de la patronal sobre los gobiernos autonómicos y sobre el propio gobierno de coalición progresista crecen, y las prisas de algunos por el cambio de fase así lo demuestran. Para el PP representan, además, munición contra un gobierno que ve como no resulta posible vaciar el mar de la necesidad con los cubos de su escudo social. No llegan las ayudas a todos los que las necesitan y, las que existen se ahogan en una maraña de requisitos y plazos que estrechan exasperantemente el embudo de su entrega. De ello se alimenta un PP sin alternativa, como expresó su abstención en la votación de la prórroga del Estado de alarma. Un PP también desnortado, a tenor del escapismo esperpéntico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso y su pareja de baile, el vicepresidente Aguado de C’s.
Los empresarios reclaman, a través de la patronal y sus voceros, las garantías que da el dinero público (el que aportamos todos) para su inversión y exigen ahorrarse impuestos. A la par, apelan a su necesidad de tener manos libres para ejercer de manera irrestricta su poder sobre la porción de plusvalía del trabajo de toda la sociedad que controlan gracias a su capital. La negociación sobre la prórroga de los ERTE hasta el 30 de junio, que afecta a más de tres millones de trabajadores, ha constituido buena prueba de ello.
Tras cada frase, los representantes del empresariado han tenido que poner su punto. Huelen la profundidad de la crisis y en el “de lo mío qué” quieren despedir sin tener que rendir cuentas a nadie.
La fase 1 en la que entramos aún bajo el confinamiento no deja lugar a duda: la movilización será la tónica y el único camino para garantizar salvar el empleo. En Nissan han tenido que convocar una huelga para sentar a una multinacional que amenaza con cerrar las plantas en el Reino. En Michelin, esperan un ERTE de meses. En ambos casos el argumento es el mismo: bajón de la demanda. Por su parte las enfermeras del SATSE o los médicos de atención primaria piden medios materiales y humanos para hacer frente a los cambios de fase y denuncian, especialmente en Madrid, la irresponsable actitud de una Comunidad que no se halla en condiciones de garantizar la salud a su población.
En esta fase precisamos de más medidas para garantizar la vida, el empleo y el cuidado de las personas. La idea de un acuerdo de reconstrucción “bueno para todos”, choca con la verdad de que unos pocos, los más ricos, defienden y anteponen su gran bolsa, su vida, por encima de la vida de la inmensa mayoría. Que mejoren las condiciones de vida de la mayoría depende que, al menos una parte de esa gran parte de la bolsa, pase al común. La movilización será el medio clave para resolver a favor de los trabajadores las fases de esta discordia.